Mientras funcionarios políticos y judiciales braman contra el juez que liberó a 15 acusados de estafas con inmuebles en Venado Tuerto, descansan sus gargantas con un oportuno silencio ante la decisión fiscal de desistir de la acción penal contra un gerente de La Capital y un agente bursátil en una causa similar.
La libertad otorgada esta semana por un juez de Venado Tuerto a los quince imputados en el caso de estafas con inmuebles urbanos y rurales por unos mil millones de pesos provocó una iracundia en funcionarios políticos y judiciales que contrasta con el silencio autoimpuesto ante la decisión de un fiscal de desistir de la acción penal contra el gerente general del diario La Capital, Pablo Marcelo Abdala, y el desarrollador inmobiliario Jorge Luis Oneto, en una causa similar. Luego de un inesperado traspié, los influencers rosarinos obtuvieron la semana pasada la venia judicial para lavar con dinero sus responsabilidades penales por haberse apropiado ilegalmente de un campo de 122 hectáreas, arrebatado mediante malas artes a su legítima propietaria a través de un pasamanos que el propio acusador había señalado como posible blanqueo de dineros provenientes del narcotráfico.
Sólo resta que Abdala y Oneto cumplan el acuerdo económico-resarcitorio firmado con la víctima y avalado por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, para quedar sobreseídos en la causa que los angustia desde hace un bienio.
Muy oportuno
La audiencia que transcurrió en la sala 1 de los Tribunales entre las 8.04 y las 10.28 de la mañana del jueves 18 de octubre no tuvo gran difusión. A esa hora el juez de cámara Daniel Acosta resolvió “tener por desistida la acción penal por parte del MPA (Ministerio Público de la Acusación) respecto de los imputados Jorge Luis Oneto y Pablo Marcelo Abdala y tener por operada la sustracción de materia en lo que fuera materia de apelación”.
El ejecutivo de medios y el corredor bursátil daban así un paso necesario hacia su sobreseimiento al sortear el escollo que les había impuesto un tribunal de primera instancia, cuyos jueces rechazaron la homologación del acuerdo firmado entre las partes para resarcir económicamente a la víctima.
Fuentes judiciales precisaron a el eslabón que Oneto y Abdala quedarán definitivamente desligados del caso “cuando se haga efectivo el pago de lo acordado”.
Según trascendió, el directivo del diario La Capital acordó con la víctima, la propietaria del campo de Villa Amelia apropiado ilegalmente Ana Josefina Luppi, una reparación consistente en la entrega del 50 por ciento de un departamento en la torre Aqualina (con la que cobró la venta ilegal del inmueble rural), de una oficina en el edificio Embajador Real del centro de Rosario y de 50 mil dólares en efectivo.
El acuerdo propuesto por el agente de Bolsa Oneto y aceptado por Luppi consiste, en tanto, en la devolución del otro 50 por ciento del campo y una indemnización de 200 mil dólares.
El sendero jurídico encontrado para que Oneto y Abdala zafaran del juicio oral –el fiscal Narvaja había solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión y multas millonarias– es la aplicación del criterio de oportunidad, un instituto del nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe que permite resolver casos mediante acuerdos de partes y evitar el proceso.
La Fiscalía fundó su planteo en el inciso 2do del artículo 19 del Código, que establece que podrá desistir de la persecución penal “cuando se trate de hechos que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público, salvo que fuesen cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo o que se hubiesen utilizado armas de fuego para la comisión”.
Al rechazar la homologación del acuerdo, los jueces de primera instancia consideraron que el principio de legalidad del proceso se impone al de oportunidad y que, en oposición al acuerdo celebrado entre las partes, el interés público sí está afectado en la causa por estafas inmobiliarias y lavado de activos.
Sin embargo, al tratar la apelación de esa resolución el juez Acosta sólo exigió al fiscal Narvaja que dejara expresamente sentado que desistía de la acción penal contra los dos imputados.
Resuelta esa cuestión –“Un tema técnico”, explicaron a este periódico desde el MPA–, el interés público por conocer los resultados de una investigación que podría avanzar hacia arriba en la cadena de ingreso al mercado formal de dinero proveniente de actividades ilícitas se evaporó para Abdala y Oneto. Aunque la causa sigue en pie para el resto de los imputados.
En los fundamentos de su decisión de abandonar la acción penal como si se tratara de mecheras, la Fiscalía sostuvo que “la posición fiscal es que existe una afectación al interés público pero que cuando la ley habla de ese interés hace referencia a un estándar que, si lo dimensionamos de forma global, debe ser evaluado en cada caso en particular y respecto de personas determinadas para determinar la magnitud de la afectación y la capacidad que tiene la solución concreta del caso para equilibrar ese interés público que ha sido afectado, sosteniendo que la solución propuesta por las partes en este caso es adecuada para generar este equilibrio”.
De acuerdo al acta de la audiencia, a la que accedió este medio, agrega que “la solución concreta de estos dos casos particulares es plausible y razonable desde el punto de vista político criminal. Alude a su vez a la reparación integral de la víctima, la cual debe ser oportuna, y, teniendo en cuenta que el caso lleva más de 4 años, la solución arribada cubre tal requisito”. Por lo tanto, “solicita se revoque la decisión de primera instancia, haciendo lugar al criterio de oportunidad”.
Contradicción
Un caso similar al de la megacausa rosarina por apropiación de inmuebles urbanos y rurales se conoció en las últimas semanas en Venado Tuerto. Una presunta asociación ilícita liderada por el abogado penalista Antonio Di Benedetto e integrada por otros dos letrados, un escribano, un médico, un contador y múltiples prestanombres, fue acusada de quedarse con 32 viviendas y mil hectáreas de campo a través de estafas consistentes en el desapoderamiento de esos inmuebles pertenecientes a personas fallecidas o de avanzada edad.
De acuerdo al fiscal de Melincué, Matías Merlo, las operaciones ilícitas realizadas a lo largo de seis años les permitió alzarse un botín de unos mil millones de pesos.
El fiscal explicó en rueda de prensa que “el objetivo siempre fue apropiarse de bienes inmuebles rurales y urbanos en el sur de la provincia”. Agregó que “la información que corroboramos con el Registro de la Propiedad es que los titulares catastrales de los bienes en torno a los que se realizaban las estafas eran de edad avanzada o habían fallecido”.
Merlo describió que “la banda realizaba operaciones jurídicas, boletos de compraventa, escrituraciones, juicios de escrituración y distintos actos jurídicos, todos fraudulentos. El fin era desapoderar a los titulares registrales de los inmuebles afectados, para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros”.
“Se hizo un detallado entrecruzamiento de datos –siguió– en el Registro de la Propiedad y se resolvió unificar la investigación en un solo legajo”.
Por otra parte, precisó que “entre los 13 imputados hay 11 personas oriundas de Venado Tuerto; uno de Armstrong; y otro de Rosario”. Luego fueron imputadas otras dos personas como presuntos integrantes de la banda.
El caso tuvo amplia difusión pública. El jefe de los fiscales santafesinos, Jorge Baclini, consideró la estafa múltiple como “la mayor en la historia” de Santa Fe.
Pero después de las audiencias imputativas, el juez Benjamín Révori resolvió que los 15 acusados sigan el proceso en libertad, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. A Di Benedetto le fijó una fianza de 170 mil dólares para ver el sol.
La polémica medida despertó la cólera oficial. “Todas las operaciones eran encabezadas por un profesional de Venado Tuerto, que a su vez tenía otros contactos que repetían el mecanismo. Y ahora, en menos de 72 horas, está en libertad con una fianza de 170 mil dólares cuando se estima que la suma que se apropiaron ronda los 26 millones de dólares”, se quejó el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro.
Su par de Justicia, Ricardo Silberstein, dijo que “esto no le hace bien a la Justicia”.
Las pullas contra el juez Révori contrastaron con el mutismo acerca de la decisión del magistrado Acosta. Así lo advirtió el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, quien señaló que “mientras los ministros de Seguridad y de Justicia de Santa Fe cuestionaron la decisión de la Justicia de Venado Tuerto de liberar los imputados de una fenomenal operación de lavado de dinero en el sur, no dicen una sola palabra sobre la decisión de liberar a los señores Oneto y Abdala, gerente del diario La Capital, de la megacausa en Rosario”.
El legislador y periodista consideró esa doble vara como “una contradicción flagrante que expresa la sumisión ante los poderes mediáticos de la mayoría de los sectores políticos de la provincia”.
Como si todos no fueran iguales ante la ley.
Angustias telefónicas por un campito
El campo que Pablo Abdala y Jorge Oneto se comprometen a reintegrar a su legítima propietaria lo tuvieron registrado a su nombre el gerente de La Capital y el contador Marcelo Jaef entre el 4 de julio de 2014, cuando se lo compraron al sindicalista Maximiliano Rodrigo Fabián González De Gaetano por la ridícula suma de 3,2 millones de pesos, y el 27 de mayo de 2015, fecha en la que “vendieron el inmueble obtenido ilícitamente a Jorge Oneto –quien conocía la procedencia ilícita del mismo– en la aparente y vil suma de 3,5 millones de pesos”, señala la acusación de los fiscales Narvaja y Valeria Haurigot, quienes realizaron la investigación.
¿Por qué obtenido ilícitamente? Porque el campo de Villa Amelia, propiedad de Ana Josefina Luppi, no fue cedido voluntariamente por la mujer sino apropiado mediante “una compra-venta fraudulenta” organizada por el timador Juan Roberto Aymo.
Involucrado en los cinco casos de estafas de la megacausa rosarina –dos terrenos rurales y tres inmuebles urbanos–, Aymo fue, de acuerdo a la acusación, el que inicio todos los trámites, de forma idéntica.
En el caso del campo de Villa Amelia, el 13 de febrero de 2014 obtuvo un poder trucho firmado por el escribano Eduardo Martín Torres, a través de la falsificación de la firma de Luppi, que lo autorizaba a “que en su nombre y representación, ceda, venda y transfiera, a favor de quien resulte comprador, por el precio y la forma de pago que crea conveniente, ya sea en forma conjunta o separada la fracción de terreno de campo de 124 hectáreas situado en Monte Flores, Distrito de Villa Amelia”.
De acuerdo a las constancias de la causa, el 31 de marzo de ese año se lo vendió a González De Gaetano por “la vil suma” de tres millones de pesos (el valor de mercado trepaba entonces a 18 millones), a través de un documento registrado por el escribano Juan Bautista Alliau, que para los fiscales conocía, también, la ilicitud del acto.
Como se dijo antes, De Gaetano lo transfirió a Marcelo Jaef y Pablo Abdala, quienes pagaron 3,2 millones por la transacción. Antes de que se cumpliera un año de la tenencia del inmueble rural se lo vendieron por 3,5 millones a Oneto, quien les pagó con un departamento en la torre Aqualina, una de las más altas y modernas de Rosario, con amplia vista al río Paraná.
Para los fiscales, dicha venta se realizó “con el objetivo de que el mismo siguiera circulando en el mercado y adquiriera apariencia de origen lícito”. El 2 de septiembre de 2016 el campo volvió a ser vendido: esta vez Oneto se lo transfirió a Juan Marcelo Borgui –ligado a la inmobiliaria Gilli– por 1,6 millones de dólares, es decir a precios de mercado. Esa operación fue considerada por el Poder Judicial como “de buena fe”.
Los investigadores indicaron al momento de efectuar las acusaciones que el comprador en las sombras, cuando el campo fue transferido de Abada y Jaef a Oneto, era Leandro David Lelo Pérez, un hombre titular de agencias de automóviles e investigado por su presunto vínculo con el blanqueo de recursos provenientes del narcotráfico.
Las conversaciones grabadas por la Justicia entre Jaef y Abdala tras la venta también echan luz sobre el asunto. El primero trata de tranquilizar al gerente de La Capital diciéndole que el problema “cada vez está más lejos”.
“Nosotros ya pasamos a ser un intermediario”, se alivia, creyendo que la venta a Oneto los desliga de responsabilidad penal. Que, ahora, oportunamente consiguieron.
Abada, igualmente, continúa preocupado por su situación. Si bien ante la Justicia declaró que el campo lo compró a medias con Jaef a cambio de un dinero que le había prestado, en las charlas con su amigo asegura que sólo figuró como testaferro.
“Yo soy dueño de la mitad del campo por hacer un favor, y dentro de tres años capaz que tengo que pagarle la mitad de algo a alguien, y ni siquiera la recibí”, se lamenta sobre un posible reclamo.
Luego le dice a Jaef que es un prestanombre del negocio de otro: “Vos lo tenés (al campo), no yo, ¿Entendés? Yo voy a tener que pagar de mi plata, el millón setecientos cincuenta mil”, en referencia a la mitad del valor que le pagaron a De Gaetano por el inmueble rural. “Es sencillo lo que te digo. Porque es una cosa súper lógica, porque como yo soy testaferro, ¿entendés? Por eso cago, porque soy testaferro”.
En otra llamada, Jaef revela que el negocio era de Lelo Pérez.
Le dice a Oneto: “Pablo (Abdala) tiene que salir. Y no entra más…y yo tampoco, y yo tampoco porque yo no hice nada. Yo no te vendí nada a vos Jorge. La operación la hizo él (por Lelo), la operación de compra mía la hizo él, entonces que se ocupe él”.
Aquellas angustias telefónicas grabadas por el Poder Judicial se convirtieron, millones mediantes, en un inminente y tranquilizador sobreseimiento.
