Agua, gas, TGI, luz, cámara y acción. Si fuera cine, la saga de aumentos sería una de terror, un unipersonal donde el actor es el bolsillo de cada argentino. Con un ajuste promedio del 25 por ciento, en 2019, cada sueldo deberá afrontar la sumatoria de aumentos, que, respectivamente, aspiran al 69, 50, 30, y 28 por ciento. Puestos en relación, confirman el género de la película y con ser mucho no es todo, falta sumar el aumento de boleto, que viene más hablado que partido de truco.
La semana que concluye, el Ejecutivo local, envió al Concejo, un pedido que no pasó inadvertido: extender la facultad de la intendenta Mónica Fein para disponer el aumento del boleto, después de que el Gobierno Nacional quitara el subsidio que ayudaba a que el costo no cayera directamente sobre el actor de la película.
Al respecto, cabe señalar que el Fondo proviene, en gran medida, del impuesto a los combustibles líquidos que pagan los argentinos. Se abren dos cuestiones: a) no es una merced que otorga Nación y b) adónde irán si no vienen a las ciudades (por el célebre principio físico, nada se pierde, sólo se transforma). ¿Adónde?….tarea para el hogar: destino de los 1.200 millones de pesos que dejará de recibir Rosario.
El cimbronazo fue grande y Nación revirtió en parte la medida para conservar el título en los medios de comunicación: el subsidio sigue, claro que sólo será de cinco mil millones para todo el país, en lugar de los más de 50 mil millones de años anteriores. Si la diferencia causa asombro, no hay que olvidar que este tipo de medidas cuenta con avales de quienes votan gobernabilidad en el Congreso.
Manos libres
En el contexto descripto ¿qué implica prorrogar facultades para que el Ejecutivo fije el precio del boleto vernáculo? Esa fue la pregunta que El Eslabón realizó en el Palacio Vasallo, que esta semana realizó la renovación de autoridades, medida que preanuncia el fin del ejercicio 2018. Más aún ¿cómo votará ese pedido?
Para Eduardo Toniolli (PJ), se trata de “un paquete que va de la mano del Presupuesto Municipal, ambos denotan un intento por reponer los fondos que retira el gobierno de Mauricio Macri, como subsidios al transporte, con aumentos a la Tasa General de Inmuebles (TGI), en la sexta patente automotor y en el boleto”. Y dijo que esto implica un peso cada vez más grande del boleto en el salario de los trabajadores, que pasó de 5,75 pesos en diciembre de 2015 y hoy está a 18,28 pesos, con perspectivas de que antes de fin de año haya otro aumento importante.
Además dijo que en paralelo a esos aumentos, bajó la cantidad de usuarios del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), un 15 por ciento entre 2015 y 2017, y una cifra no determinada en el transcurso de este año. “No hay información fehaciente porque en los estudios de costo que envió el Ejecutivo hay errores justo en esos números”, explicó. Y adelantó el voto negativo en el que incluyó aumento de TGI y patente, sin perjuicio de discutir el resto del Presupuesto.
Según Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario), a principios de este año “el Socialismo y Cambiemos votaron una modificación de la Ordenanza vigente hasta ese entonces y que limitaba los aumentos del boleto a la evolución del salario”. Y aclaró que de no haber sucedido esto, el boleto hoy costaría 13 pesos, en lugar de los actuales 18,28, con expectativas en alza “que quizás se anuncie dentro de pocos días”.
Miatello fue el autor de la Ordenanza que le permitía al Ejecutivo modificar el costo del boleto: podía hacerlo dos veces al año y con la evolución del salario como tope; si excedía, debía discutirse en el Concejo. La modificación introducida dispuso cuatro modificaciones anuales y eliminó el tope de la evolución del salario. “Esto cambia radicalmente”, dijo el edil.
Como ese cambio concluye a fines de diciembre, el Ejecutivo pide prorrogarlo por un año más, para hacer frente a un impensado escenario de quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional. “Nosotros tenemos una posición en contra de ese pedido porque vemos que en 2018, los salarios aumentaron un 25 por ciento y las tarifas el 88 por ciento”, analizó. Y anticipó una reunión del Interbloque Nacional y Popular que integra para analizar ese y otros temas.
Desde el Partido Demócrata Progresista, Lisandro Zeno, la norma actual, después de la modificación de la Ordenanza de Miatello, autoriza al Ejecutivo el aumento del boleto hasta cubrir el 90 por ciento del valor que señale el estudio de costo. “Lo que la intendenta está pidiendo es que esa facultad se prorrogue un año más, teniendo en cuenta sobre todo la quita de subsidios nacionales que nos trajo más de un dolor de cabeza y que a partir de enero ya no estarán”, analizó.
Además dijo que la Provincia aportará el 50 por ciento de la diferencia que se genere. Para cubrir la mitad restante, se estudian medidas para aplicar en la ciudad. “A pesar de ser una medida antipática, darle a la intendenta la potestad para que aumente el boleto es necesaria, porque a los choferes hay que pagarles, me parece una medida responsable sobre todo por la devaluación e inflación que hubo este año”, enfatizó.
Por su parte, la concejala María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), recordó que acompañó con su voto la delegación de potestades a la intendenta. “Seguimos defendiendo la facultad que tiene el Concejo y entendemos que la definición de la tarifa es política y cuando se habla de servicio público, no sólo hay que ver cuál es su costo real, sino contemplar lo que el trabajador real puede pagar. Cuando esta diferencia es grande, está el Estado, aportando subsidios”, detalló. Y dijo que no acompañará el pedido, aunque “podría analizar un pedido excepcional que aparece en el Presupuesto: tomar 90 millones de pesos de partidas para hacer frente a los sueldos de choferes en enero”.
Desde el oficialismo, Horacio Ghirardi, dijo que la prórroga es pertinente. “Si ya otorgamos esa facultad porque había escenario difícil, imagine ahora que viene un recorte brutal por parte del Gobierno Nacional. La intendenta la pide porque necesita agilidad en la toma de decisiones, para no depender máxime en un año electoral, de discusiones que llevan meses”, consideró. Además calificó como muy crítica a la situación del transporte y dijo que la facultad que se le otorgaría “no sería ilimitada, sólo hasta un 90 por ciento del valor que determine el estudio de costo, que aún no se conoce, estamos a la expectativa que podamos incorporar otras medidas que también ayuden”.
No es rosca, es diálogo
La elección de autoridades para 2019, devino en la ratificación de los nombres actuales. Con mayoría, sin oposición, aunque con la abstención de Ciudad Futura y Celeste Lepratti, Alejandro Roselló (Cambiemos) fue reelecto en el cargo de presidente, lo acompañan Roberto Sukerman y Aldo Pedro Poy en las vicepresidencias.
La ocasión evocó las palabras del también reelecto presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, que reivindicó la “rosca” como metodología de los acuerdos, en detrimento de las redes sociales. El Eslabón quiso conocer la opinión de Roselló, a quien le renovaron la confianza. “Lo que reivindicó es el diálogo, la negociación política que tiene que existir en alguien que está al frente de un Cuerpo Colegiado que necesita consenso”, explicó el edil.
Sustituyendo rosca por diálogo, Roselló dijo que hay que tener características especiales para generar el consenso, como priorizar puntos de acuerdo y la capacidad de minimizar diferencias dentro de un marco de respeto. “Eso da como resultado una producción legislativa que cumple con la necesidad que tiene la sociedad de esos Cuerpos, como en este caso, ordenanzas”, comentó. Y reivindicó el diálogo como única herramienta de construcción política.
En esta ocasión, la semántica no es ajena. ¿Por qué decir rosca a la negociación política en un escenario que quiere devaluar la actividad? ¿En el ámbito privado cómo le llaman a los acuerdos? “Es diálogo, no rosca”, aclaró Roselló. Las cosas por su nombre, que cuando se nombra algo, existe.
