Cada vez más criminales de lesa humanidad vuelven a su casa gracias al instituto de la prisión domiciliaria. Según el último informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la mayoría goza de ese estado, una tendencia que se invirtió desde la llegada de Mauricio Macri a la Rosada. De un total de 901 condenados, el 65 por ciento de los dinosaurios privados de su libertad por estas causas se pasea de la cama al living.
Apenas arribó al gobierno, la Alianza Cambiemos comenzó a desandar la marcha de un proceso histórico que había adquirido una profundidad y ritmo inéditos durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Ese lineamiento general, que Mauricio Macri ya había expresado cuando se refirió al “curro de los derechos humanos” tuvo un correlato en sus políticas públicas, y rápidamente se expresó también en el Poder Judicial con fallos como el 2×1. Si no se pudo clausurar el juzgamiento a los represores de la dictadura, fue gracias a la resistencia popular.
El vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de los programas de preservación de sitios de memoria, de investigación sobre la dictadura, de protección de testigos, de resarcimiento a las víctimas del terrorismo de Estado, y de la connivencia con los grupos progenocidas sucedieron de inmediato. Pero si bien eso no detuvo el camino de juzgamiento a los represores, los datos duros del curso de las causas judiciales hablan de un claro retroceso.
De acuerdo al último informe de La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), presentado el 22 de marzo, con relación al año anterior se registró una baja significativa en el ritmo de elevaciones a juicio, realización de los debates orales y dictado de sentencias.
Al 15 de marzo último, de un total de 611 causas en trámite, el 40 por ciento se encuentra en etapa de instrucción, el 36 por ciento obtuvo sentencia, el 17 por ciento tiene elevación a juicio y sólo el 2 por ciento está actualmente en juicio oral. Si bien a la fecha se encuentran en juicio 14 causas, entre febrero y marzo de 2019, se pospuso al menos el inicio de tres juicios.
Suponiendo que en las 244 causas en instrucción se presente el requerimiento de elevación este año, como mínimo, la finalización del proceso demoraría hasta mediados de 2025.
Las sentencias dictadas durante el 2018 fueron 17. Desde 2010 que no se registraba una cantidad menor a 20 sentencias por año. En 2018, obtuvieron sentencia un total de 108 personas, menos de la mitad que en 2017. De ellas, 91 fueron condenadas y 17 absueltas. Así, de las 17 sentencias dictadas en 2018, 7 fueron por uno, o máximo dos imputados.
Con relación a las personas sentenciadas sólo el 27 por ciento de los condenados y el 15 por ciento de los absueltos tienen sentencia firme, lo cual indica que continúan las demoras en las instancias recursivas.
Por último, el trabajo dedica una sección a la información sobre personas detenidas y las modalidades de arresto que cumplen. Allí, los datos muestran que se redujo significativamente el número de personas privadas de su libertad en el marco del proceso de juzgamiento, con un marcado descenso a un total de 977 a marzo de 2019.
Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante entre las personas privadas de su libertad por crímenes contra la humanidad (65 por ciento del total).
A punto de que termine su mandato, que en materia de derechos humanos estuvo caracterizado por el negacionismo, Macri deja un proceso de memoria, verdad y justicia plagado de frenos y obstáculos, pero que no logró detener. Entre otras cosas, gracias movilizaciones populares como las que cientos de miles protagonizarán este domingo. En Rosario, El Eslabón se estará repartiendo –como cada año– en la marcha al Monumento. Así que si nos encontramos, querido lector, querida lectora, desde esta redacción les decimos: Gracias por estar. Sigamos marchando.
