Por estas horas existen fuertes presiones de parte de poderosos grupos mediáticos, el poder político y diplomático para que prospere una maniobra que segmentaría la causa derivándola a diferentes juzgados, incluido Comodoro Py.

Los rumores están a la orden del día en los tribunales federales de Comodoro Py y la Cámara Federal de Mar del Plata, lugares donde se estaría orquestando una maniobra para dividir la causa y derivarla a varias jurisdicciones, lo cual implica una grave desviación respecto del origen de la investigación: al separarlos, serían considerados hechos y casos aislados, y no un entramado, como aparece a simple vista.

La primera versión que circuló en la ciudad balnearia da cuenta de un intento de la Cámara Federal de dividir la mega causa que está en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien la caratuló como asociación ilícita. La maniobra consistiría en repartir entre distintos juzgados la instrucción e investigación los delitos que fueron abriendo a medida que el magistrado de Dolores continuaba encontrando pistas y derivaciones de la presunta extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebes.

Ese tramo de la causa –la denuncia de Etchebes– es el que quedaría en manos del magistrado de Dolores, y luego se radicarían otras en diversas jurisdicciones, según donde fueron cometidos los restantes ilícitos. Y muchos de esos casos recaerían en los tribunales federales de Retiro.

Según los rumores, que publicaron algunos medios, la división del expediente en diversos juzgados llevaría a que los ilícitos cometidos en Necochea serían asignados a juzgados de esa ciudad de la costa atlántica; las operaciones de espionaje ilegal al ex gobernador Ricardo Colombi se radicarían en Corrientes; la denuncia de una presunta operación entre Marcelo D’Alessio y la banda de Los Monos quedaría en manos de la justicia federal de Santa Fé, y el resto irìa a parar a Comodoro Py.

Según publicó este viernes Página 12 “lo que se resuelva en Mar del Plata será apelado por las querellas y mientras tanto Ramos Padilla seguirá al frente de la investigación. La última palabra la tendrá la Sala II de la Cámara de Casación, con pronóstico reservado”.

Lo cierto es que fuentes vinculadas al Poder Judicial señalaron que hubo un cambio en las presiones para derivar a Comodoro Py todo lo actuado por Ramos Padilla. “Al principio el apriete era parejo, y se trataba de una arremetida política, judicial y mediática, con especial interés de parte de funcionarios de Cambiemos, de los servicios de inteligencia y de algunos operadores judiciales porteños”. Desde que se profundizó el grado de involucramiento de determinados periodistas y los respectivos medios donde se desempeñan, “las presiones más fuertes vienen de esos grupos mediáticos”, revelaron los voceros oficiosos de Comodoro Py, quienes agregaron, con precisión: “Los operadores de Clarín y el Grupo América, a través de sus abogados y operadores, son los que más aprietan, el aparato judicial ya no está tan interesado en proteger a (el fiscal Carlos) Stornelli y a otros miembros de la justicia federal, incluso algunos quieren verlo caer”.

El otro interesado en mantener la presión sobre Ramos Padilla es el gobierno de Mauricio Macri, porque a medida que avanza la investigación queda al desnudo cómo se desarrolló el armado de causas contra la administración kirchnerista, y en particular la denominada “Causa de los cuadernos” o fotocopias, que quedó empantanada luego de conocerse cómo Stornelli y el juez Claudio Bonadio operaban con “arrepentidos” y cómo se obtenían presuntas pruebas y testimonios.

Precisamente, este sábado se cumple un mes desde que el fiscal Stornelli se encuentra en rebeldía, al negarse a prestar declaración indagatoria ante Ramos Padilla, algo nunca visto en la justicia. El funcionario ni siquiera puso a disposición del magistrado su teléfono móvil, para despejar cualquier sospecha en torno de su conducta.

Las presuntas responsabilidades de legisladoras vinculadas a Cambiemos como Elisa Carrió y Paula Oliveto en el armado de causas y el espionaje ilegal es otro foco de inquietud oficial, y la cobertura de la embajada estadounidense a la primera juega un rol descollante en las presiones para desactivar la investigación.

También cabe destacar la ansiedad que produce el avance de la causa en el Ministerio de Justicia, donde la situación de su titular, Germán Garavano, cada vez es más complicada, a causa de reuniones con el arrepentido Leonardo Fariña y la presunta instigación a que éste declare contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Pero lo que lleva a ejercer más presión sobre el juez de Dolores son las pruebas documentales y testimonios que involucran cada vez más a periodistas como Daniel Santoro, de Clarín y Luis Majul, del Grupo América, aún cuando no son los únicos que estarían sumamente comprometidos en la causa de espionaje ilegal

De allí que los grupos de medios donde trabajan o están contratados –que difícilmente sean ajenos por completo a esas maniobras– estén entre los más interesados en sacarle la causa a Ramos Padilla y depositarla en manos más confiables para ellos.

Por último, existen versiones de que las representaciones diplomáticas de los EEUU e Israel, aunque no oficialmente, habrían deslizado que es de su interés que no se avance respecto de la posible colaboración de algunas agencias de inteligencia o de seguridad de esos países con personajes como D’Alessio y otros agentes orgánicos e inorgánicos de la Argentina.

La semana próxima habrá novedades. Todo indica que la investigación más profunda sobre el law fare en la Argentina corre serio peligro de ser atomizada y neutralizada por el polo de poder dominante, pero la responsabilidad de la tupacamarización o no de la causa recaerá sobre los dos jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, que deberán resolver.

Desde ya que las querellas apelarán, de modo que Ramos Padilla retendrá la causa en sus manos por un tiempo más, aún cuando se decida segmentarla.

Allí pasará a tener protagonismo la Sala II de la Cámara de Casación, cuyos magistrados Guillermo Jacobucci, Àngela Ledesma y Alejandro Slokar serán quienes decidirán.

Demasiados nervios para ser lo que en su momento Carrió quiso explicar como una operación armada “por los presos K” desde adentro de la cárcel de Ezeiza para obstaculizar la heroica intervención de Stornelli en la causa de las fotocopias.

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