El gobierno de Lenin Moreno es paradigmático con relación a la aplicación de ajustes neoliberales, que nunca cierran sin represión, y también por el uso de la estafa electoral, la persecución de opositores y las mentiras más sobadas del discurso de la derecha. La culpa es de Venezuela, afirman.
Ajuste de tarifas, inflación, recesión, desocupación creciente, precarización laboral y caída de los salarios en medio de una gestión autoritaria, que llegó al poder fruto de una traición y una estafa electoral. Siguiendo el libreto de la derecha regional, el gobierno del presidente Lenin Moreno hace un uso sistemático de la mentira, la estigmatización y persecución judicial de los opositores para avanzar sobre los derechos de la población. La corrupción, como excusa, como caballo de Troya para encarcelar rivales políticos sin mediar un juicio justo no podía faltar en el consabido menú de un gobierno dedicado a la entrega y la destrucción de lo público en favor de los intereses de EEUU y las grandes corporaciones nacionales y transnacionales.
La negación patológica de la realidad más tangible (“esto no es una manifestación social de descontento”, dijo Moreno) es otro de los rasgos de su gestión, que profundizó la semana pasada, como resultado tras un acuerdo con el FMI, el brutal ajuste que ya venía aplicando.
El organismo de crédito, responsable de la destrucción de la economía y la institucionalidad de decenas de países en todo el mundo, le exigió quitar subsidios a los combustibles (que aumentaron el 123 por ciento), además de la reforma laboral (que Moreno viene haciendo de hecho, por goteo), y la reforma impositiva.
No hacerse cargo de sus actos, y atribuirles culpas a sus rivales y enemigos políticos (reales e imaginarios), es otra de las marcas de la gestión del mandatario que asumió en marzo de 2017 y tiene mandato hasta mediados de 2021.
En nombre de la lucha contra la corrupción, “la pesada herencia” de la gestión anterior (del presidente Rafael Correa), a la que estigmatizó acusándola de corrupción y de todos los males que padece Ecuador, Moreno traicionó la herencia de su antecesor, y revirtió la Revolución Ciudadana para convertirla en un típico gobierno de derecha, servil a EEUU y su estrategia geopolítica, enemigo de la integración regional y, especialmente, como manda el Imperio, enemigo y acosador de Venezuela, el gran cuco mundial que sirve de comodín para echarle la culpa de todo, contra toda evidencia.
La existencia de un blindaje mediático por parte de los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos funciona como el escudo indispensable para blindar este tipo de gestiones dedicadas a la entrega y la quita de derechos de la ciudadanía.
Ecuador no es la excepción. Uno de los medios que venía cubriendo el estallido social sin un sesgo oficial, patronal ni antipopular, radio Pichincha Internacional, fue allanada por el gobierno, en el marco del estado de excepción decretado apenas comenzó el estallido. Se incautaron los equipos de transmisión de esta emisora, y así se acalló una de las pocas voces que representaban el punto de vista de las organizaciones sociales, de pueblos originarios, estudiantes, centrales sindicales (son más de sesenta las agrupaciones movilizadas), que desde hace diez días protagonizan una protesta que no para de crecer pese a la feroz represión.
Moreno viene siguiendo un modelo vigente en varios países de la región: un gobierno para los ricos que, en nombre de un cínico ajuste para bajar el gasto público, ofreció grandes ventajas impositivas a las corporaciones, y facilitó la fuga de capitales a los sectores financieros.
El mandatario considera que los subsidios “promueven la vagancia y beneficia a los zánganos”. En verdad, y sin importar el gasto público, la gestión de Moreno subsidia con generosidad a los grupos económicos más concentrados.
Servil a los intereses del Imperio, Moreno contribuyó a la destrucción de todos los organismos multilaterales que significaron avances en un proceso de integración regional independiente de los dictados de EEUU. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) fueron atacadas y debilitadas. En cambio, en el marco de su giro ideológico, a veces sobreactuado hasta el patetismo, Moreno se unió al Grupo de Lima, una suerte de extensión colonial del Departamento de Estado de EEUU dedicada a acosar a Venezuela.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, están entre los integrantes del grupo, avalado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que viene realizando denodados esfuerzos para ser galardonado como empleado del mes del Imperio.
En este marco, no sorprendió que, además de EEUU y Almagro, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú se apresuraran a expresar su apoyo a Moreno.
El desalojo del activista Julian Assange, que se hallaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, fue otra de las entregas de Moreno al Imperio. Y una más de la larga lista de traiciones que cometió durante su gestión.
Represión y mentiras como única respuestas
“Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador, no es una manifestación social de descontento y protesta frente a una decisión de Gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, dijo Moreno el lunes a la noche durante un discurso televisado a nivel nacional desde Guayaquil.
“En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos pagados y organizados”, agregó Moreno.
“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas; aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso”, señaló el mandatario. Y la violencia simbólica de sus palabras tuvo su correlato en las calles.
Al cierre de esta edición el saldo de la violencia estatal desatada en Ecuador indica dos muertos, según el gobierno. La Defensoría del Pueblo, en cambio, sostiene que son cinco los fallecidos. Además, se registraron más de 700 heridos y unos 800 detenidos. Moreno decretó primero el estado de excepción por sesenta días. La Corte Constitucional le exigió que el plazo sea de treinta días. La medida implica la suspensión de los derechos constitucionales más básicos: libertad de reunión y libre tránsito, cierre de puertos y aeropuertos y censura a la prensa, entre otras. Además, el martes 8, cuando decenas de miles de campesinos y pueblos originarios llegaron hasta Quito, el gobierno decretó el toque de queda en medio de una represión cada vez más brutal.
El paro nacional comenzó el miércoles 2 con una medida de fuerza de los transportistas en rechazo al aumento de los combustibles. Con el paso de los días, y en respuesta a las actitudes cada vez más violentas, autoritarias y cínicas del gobierno de Moreno, que se negó a revisar las medidas y optó, en cambio, por negar (y a la vez reprimir y criminalizar) las protestas, se fueron sumando gran cantidad de movimientos sociales y organizaciones.
Desde entonces los enfrentamientos en la calle entre la Policía Nacional y las ciudadanas y ciudadanos son una constante. La falta de garantías es total, incluso para el personal médico y paramédico que trabaja en el terreno para ayudar a los heridos.
La Cruz Roja Ecuatoriana anunció el miércoles 9 que suspendió la atención con ambulancias y personal humanitario en Ecuador, “debido a la falta de garantías necesarias para brindar seguridad a su personal”.
Las Confederaciones de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a la principal central sindical de ese país, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) son apenas dos de las decenas de organizaciones y movimientos sociales que protagonizan la protesta.
El martes 8 un grupo de originarios tomaron por unas horas la Asamblea Nacional, sede del Parlamento, hasta que fueron desalojados violentamente. La represión crece, pero el pueblo movilizado no se arredra. “Esto no para hasta que el FMI salga de Ecuador”, señalaron desde la CONAIE.
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