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“Chile enfrenta la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura militar”. Con esa dramàtica frase, y a través de un documento firmado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, y la Confederación Bancaria, entre otros, los sindicatos y organizaciones sociales expresaron sus “condiciones y voluntad de diálogo”, frente al “discurso bélico infundado” y la dura represión del gobierno de Piñera.

Las organizaciones plantean que “frente al discurso bélico infundado, intencionado e invisibilizador de las demandas masivas de la ciudadanía por parte de Sebastán Piñera, es imperioso que sea difundido masivamente en el menor tiempo posible”.

En otro tramo del comunicado, se indica que “el estallido social detonado por las alzas de la locomoción colectiva a puesto en evidencia la rabia contenida y el descontento por las políticas impulsadas en las últimas décadas, alzas permanentes de los servicios básicos, los estancados salarios y la mercantilización de los derechos sociales entre otras”.

Asimismo, denuncian que “el Gobierno está llevando a cabo un verdadero «auto Golpe», recurriendo a la mayor de las prácticas antidemocráticas que es usar a las FFAA para imponer «paz social» por la vía de la fuerza y en ese contexto imponer sus políticas antipopulares en pensiones, tributaria, jornada de trabajo, etc. El gobierno, con su actuar, tiene paralizado al país con el clima de violencia instalado con la presencia de los militares en las calles”.

Además, los sindicatos y organismos subrayaron: “Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de la protesta ciudadana generalizada en todo el territorio, con su actitud es claro que no está en condiciones de seguir dirigiendo al país”.

Y acto seguido, instaron, “en primer lugar, en los marcos de la ley y en relación a cada caso, ningún trabajador debe poner en riesgo su integridad, ni asistir a sus puestos de trabajo si no están las condiciones para ello. Las organizaciones sindicales presentes, en una reunión de Unidad Sindical de urgencia, demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles”.

En ese marco, advirtieron: “Las organizaciones presentes, manifestamos nuestra decisión de convocar a una gran huelga general que vacíe las calles del país. De no mediar respuestas del gobierno y una salida pronta al actual estado de crisis de la institucionalidad democrática, se hará efectiva a partir del próximo miércoles 23 de octubre”.

Las organizaciones puntualizaron: “Estamos ciertos que los primeros responsables de la violencia es esta elite arrogante e insensible que durante décadas ha abusado de manera impune y ha mercantilizado hasta los derechos más elementales; ellos no son ejemplo de nada, son los que han llevado a este país al grave estallido que vivimos hoy”.

Sin embargo rechazaron de plano el vandalismo: “Pero con la misma claridad condenamos de la manera más enérgica la violencia irracional generada por la actitud del gobierno, que ha permitido acciones de vandalismo y delincuencia de grupos minoritarios, mientras la gran mayoría del país se ha manifestado de manera pacífica y organizada por todo el territorio… Esa violencia irracional solo es funcional a los poderosos para justificar la represión y militarización del país”.

Por otra parte, reclamaron que la oposición asuma su responsabilidad: “Hacemos un llamado categórico a la oposición y progresismo a que de una vez recojan y legislen considerando las demandas populares y actúen por el bien del país con criterios de unidad en torno a las exigencias y gravedad del momento. En lo inmediato, les exigimos paralizar toda acción legislativa mientras se mantenga el estado de excepción, asumiendo una huelga parlamentaria”.

Texto completo del comunicado público:

“Chile enfrenta la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura militar. El estallido social detonado por las alzas de la locomoción colectiva a puesto en evidencia la rabia contenida y el descontento por las políticas impulsadas en las últimas décadas, alzas permanentes de los servicios básicos, los estancados salarios y la mercantilización de los derechos sociales entre otras.

Frente a esto, el Gobierno está llevando a cabo un verdadero «auto Golpe», recurriendo a la mayor de las prácticas antidemocráticas que es usar a las FFAA para imponer «paz social» por la vía de la fuerza y en ese contexto imponer sus políticas antipopulares en pensiones, tributaria, jornada de trabajo, etc. El gobierno con su actuar, tiene paralizado al país con el clima de violencia instalado con la presencia de los militares en las calles.

Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de la protesta ciudadana generalizada en todo el territorio, con su actitud es claro que no está en condiciones de seguir dirigiendo al país.

Por tanto, en primer lugar, en los marcos de la ley y en relación a cada caso, ningún trabajador debe poner en riesgo su integridad, ni asistir a sus puestos de trabajo si no están las condiciones para ello.

Las organizaciones sindicales presentes, en una reunión de Unidad Sindical de urgencia, demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles.

Solo depuesto el Estado de Emergencia, habrá condiciones que permitan iniciar de manera real, un diálogo social y político, con organizaciones representativas de los trabajadores y movimientos sociales, que le de respuesta a las demandas que son las que han generado este estado de indignación social.

Las organizaciones presentes, manifestamos nuestra decisión de convocar a una gran Huelga General que vacíe las calles del país. De no mediar respuestas del gobierno y una salida pronta al actual estado de crisis de la institucionalidad democrática, se hará efectiva a partir del próximo miércoles 23 de octubre.

Hacemos un llamado categórico a la oposición y progresismo a que de una vez recojan y legislen considerando las demandas populares y actúen por el bien del país con criterios de unidad en torno a las exigencias y gravedad del momento. En lo inmediato, les exigimos paralizar toda acción legislativa mientras se mantenga el estado de excepción, asumiendo una huelga parlamentaria.

Estamos ciertos que los primeros responsables de la violencia es esta elite arrogante e insensible que durante décadas ha abusado de manera impune y ha mercantilizado hasta los derechos más elementales; ellos no son ejemplo de nada, son los que han llevado a este país al grave estallido que vivimos hoy.

Pero con la misma claridad condenamos de la manera más enérgica la violencia irracional generada por la actitud del gobierno, que ha permitido acciones de vandalismo y delincuencia de grupos minoritarios, mientras la gran mayoría del país se ha manifestado de manera pacífica y organizada por todo el territorio. Es absurdo destruir el metro que no es usado por los poderosos sino por trabajadores y trabajadoras, es repudiable el saqueo de negocios, algunos de ellos de pequeños comerciantes, así como la destrucción de bienes públicos. Esa violencia irracional solo es funcional a los poderosos para justificar la represión y militarización del país. Pero también dejamos planteada la pregunta acerca de la sospechosa ausencia de vigilancia y protección policial a la red de metro, negocios y edificios, justo en los momentos en que operaban estos grupos de desconocida y dudosa pertenencia.

Finalmente, las organizaciones sindicales reunidas el día de hoy, reiteramos y hacemos nuestra la declaración y petitorio de Unidad Social, que contiene las demandas de la ciudadanía toda, del día 19 de octubre, bajo el lema: Nos cansamos, nos unimos”.

Firman: Central Unitaria de Trabajadores – Coordinadora No Más AFP – Asociación Nacional Empleados Fiscales ANEF – CONFUSAM – FENPRUSS – Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros – FEDASAP – Confederación Bancaria- CONFEDEPRUS – Sindicato Interempresa Líder SIL – Colegio de Profesores – FENATS Nacional.

Adhieren: CONES, CONFECH, Chile Mejor Sin TLC, Cumbre de los Pueblos, FECH, FENAPO y FEUARCIS.

Reporte de muertos, heridos y situación en general

Diferentes organizaciones difundieron un denominado «Reporte Chile», que contiene la situación general, con la nómina de muertos y heridos producto de la represión del Ejército y carabineros.

  • Heridos de gravedad por carabineros, policías y/o militares (no existe información oficial de los heridos leves ni detenidos):
    11 ingresados en la Unidad de Trauma Ocular (al menos uno con estallido ocular) Fuente. Colegio Médico.
    9 baleados: 2 en Coquimbo, 2 en Valparaíso, 2 niños de 9 y 10 años actualmente en Hospital Félix Bulnes, 1 sin más datos baleado a quemarropa por carabinero de civil, captado por cámaras, 1 en Colina. Fuente: prensa y Colegio Médico.
    3 atropellados: Uno este domingo, en La Florida, dos este lunes, uno en Colina y otro en Plaza Italia. Fuente: prensa y Colegio Médico.
  • 10 Muertos:
    8 calcinados, 3 en un incendio en San Bernardo y 5 en un incendio en Renca. Fuente: prensa y Colegio Médico.
    2 baleados, un ciudadano ecuatoriano y uno chileno, en Coquimbo. Fuente: prensa y Colegio Médico.
  • 40 saqueos. Fuente: Ministerio del Interior. Diversas fuentes hablan de policías de civil saqueando y disparando en ferias libres, también circulan videos demostrando montaje en saqueos e incendios. También se han registrado saqueos populares con mercancías robadas y también lanzadas a las barricadas.
  • 1906 detenidos. Fuente: Ministerio del Interior.
  • 10.500 efectivos, entre policías, militares y detectives desplegados. Fuente: Ministerio del Interior.
  • Estado de Emergencia y toque de queda, en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Valdivia, Temuco y Punta Arenas. Fuente: Ministerio del Interior.

La Internacional de la Educación América Latina condena represión policial y militar en Chile

Asimismo, el Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina expresó su “solidaridad con el pueblo de Chile y repudia el despliegue militar y la brutal represión desatada a partir de la declaración del Estado de Emergencia por parte del presidente Sebastián Piñera”.

En esa línea, la Internacional de la Educación “rechaza el decreto de Estado de Excepción como respuesta a las movilizaciones y expresiones de descontento ciudadano ante las políticas neoliberales impuestas en Chile por distintos gobiernos”. Y a renglón seguido indicó: “Exigimos la retirada de los militares de la calle, el cese de la represión y el restablecimiento del diálogo con los grupos organizados de la sociedad civil y que se escuchen sus legítimos reclamos. La anulación del Estado de Emergencia es necesaria para garantizar las libertades democráticas y facilitar un diálogo amplio que reconozca los motivos de malestar”.

El documento lleva las firmas de Hugo Yasky, presidente del Comité Regional  Internacional de la Educación América Latina e integrante de la Ctera, de Argentina; Roberto Leão, vicepresidente mundial  de la Internacional de la Educación Cnte, de Brasil; Sonia Alesso, integrante del Comité Ejecutivo Mundial por América Latina, y de la Ctera, de Argentina; Nelson Alarcón, también miembro del Comité Ejecutivo Mundial por América Latina, de la Fecode, de Colombia, así como Roberto Trochez, del Colprosumah, de Honduras.

Texto completo del comunicado:

La Internacional de la Educación América Latina condena represión policial y militar en Chile

El Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina expresa su solidaridad con el pueblo de Chile y repudia el despliegue militar y la brutal represión desatada a partir de la declaración del Estado de Emergencia por parte del Presidente Sebastián Piñera.  

La Internacional de la Educación rechaza el decreto de Estado de Excepción como respuesta a las movilizaciones y expresiones de descontento ciudadano ante las políticas neoliberales impuestas en Chile por distintos gobiernos.   

Exigimos la retirada de los militares de la calle, el cese de la represión y el restablecimiento del diálogo con los grupos organizados de la sociedad civil y que se escuchen sus legítimos reclamos. La anulación del Estado de Emergencia es necesaria para garantizar las libertades democráticas y facilitar un diálogo amplio que reconozca los motivos de malestar.  

Acompañamos a nuestras organizaciones afiliadas en Chile, expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de la educación chilena y respaldamos las acciones anunciadas en defensa de la Educación Pública de calidad como un derecho social”.

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