El Programa de Educación Sexual Integral (ESI) no queda afuera del avasallamiento de las políticas educativas de Cambiemos. Con un doble discurso oficial permanente, ministros nacionales y hasta el propio presidente Mauricio Macri destacaron en varias ocasiones la importancia de esta enseñanza. Sin embargo a la hora de concretarlo en las aulas, la realidad de estos últimos cuatro años marca otra cosa.
El primer dato a tener en cuenta es la falta de inversión en la ESI. “Desde 2009 se elaboraron y distribuyeron materiales educativos para todas las jurisdicciones, incluyendo cuadernos, afiches, trípticos, láminas interactivas. Estos materiales se distribuyeron en todas las provincias, a través del sistema de salud o gracias a la ayuda de los gremios docentes. Desde diciembre de 2016 el programa de Educación Sexual Integral, del Ministerio de Educación ha visto disminuir en forma abrupta su nivel de ejecución como parte de la política de ajuste que viene sufriendo el sector educativo”, advierte un informe del Instituto Marina Vilte de Ctera (mayo 2018). La realidad no ha cambiado a la fecha. Ni materiales, ni formación docente.
La principal consecuencia es que la aplicación de la ESI queda librada a la voluntad y gracia de las provincias. Otra fragmentación más para el sistema educativo, lo que significa negar el derecho a que todas las niñas, niños y adolescentes accedan a la igualdad de conocimientos. La ESI es ley nacional desde 2006 (26.150) y cuenta con un programa nacional aprobado en 2008, que detalla qué enseñar en cada nivel, desde el jardín hasta la formación docente. Ni la ley ni el programa se implementan en su totalidad en las escuelas argentinas.
La ausencia de políticas claras, definitorias y presentes de los Estados (nacional y provinciales) hacen que esta enseñanza quede librada prácticamente a la voluntad de los docentes. Y también le abren la puerta al mercado y a las organizaciones antiderechos.
A fines del año pasado se conocía cómo las empresas que fabrican “toallas femeninas” llegaban invitadas por las propias escuelas primarias y secundarias (públicas y privadas) a ofrecer charlas “de educación sexual”, a secas. “Se presentan ante las direcciones escolares, les proponen una clase de unos 40 minutos a cargo de profesionales sobre temas como pubertad, aparato reproductor, autoestima, cambios corporales, emocionales y protección femenina. Eso sí a la hora de escuchar sólo participan las nenas. Al final de la actividad, cada una se retira con un pack de toallitas en mano y unos folletos ilustrativos. Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe aseguran que estas charlas no están autorizadas” (“El Estado no, el mercado sí”, Redacción Rosario 24 de noviembre de 2018).
Por otro lado, creció la presencia de los sectores antiderechos, en especial ante “la marea verde” que salió a defender en forma contundente el derecho al aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital, además de los movimientos feministas y de las disidencias. Estos sectores se manifiestan a través de consignas como las de “Con mis hijos no te metas” o el “No a la ideología de género”. Al respecto, la educadora Graciela Morgade definió a esos sectores como emergentes de un proyecto que se propone alcanzar el poder político: “El movimiento Con mis hijos no te metas es un proyecto de poder que quiere poner diputados, diputadas y hasta presidentes. Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales tienen responsabilidad con la ESI” (“Con mis hijos no te metas es un proyecto de poder”, Redacción Rosario, del 11 de mayo de 2019).
La deuda que queda para Santa Fe en materia de ESI merece es un capítulo aparte. Una vergüenza más que tiene en el Senado provincial, y en las jerarquías de las iglesias católica y evangélica sus principales responsables. Dos proyectos de leyes educativas continúan bajo la sotana y pensamiento medieval de los senadores santafesinos y de sus asesores más frecuente en estos temas: obispos y pastores. Una es la de educación provincial (más allá de diferentes consideraciones sobre su contenido y cómo se elaboró) y otra la de ESI provincial. Las dos rechazadas por mencionar a la perspectiva de género y la diversidad sexual.
Desfinanciamiento, espacio para el mercado y la decisión política de no cumplir con la ley de ESI, dejan afuera de una educación esencial a miles de niñas, niños y adolescentes.
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