Cuando el mandatario saliente anunció con bombos y platillos el crédito stand by del FMI, omitió decir que no cumplió con uno solo de los requisitos previos que la ley obliga. Eso permite al Estado reclamar que afronte con su patrimonio el perjuicio ocasionado.

A medida que se acerca el traspaso de mando, y más allá de las banalidades que publican los medios que han blindado al gobierno saliente durante cuatro años, lo que más preocupa a Mauricio Macri es la acumulación de causas que deberá enfrentar por sus actos en el ejercicio de la Presidencia.

Una de las investigaciones en curso tiene que ver con la carencia absoluta de respaldo documental previa al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que abrió las puertas al mayor endeudamiento de la historia con ese organismo. 

En esa causa, si prospera, la Justicia podría determinar que el mandatario y sus colaboradores respondan por esos presuntos ilícitos con su patrimonio personal.

Como un bumerán, vuelve sobre las principales cabezas del gobierno nacional la brutal ofensiva contra ex funcionarios kirchneristas, contratistas y empresarios, bajo la consigna de que los bienes de “la corrupción” debían volver al Estado.

Con esa cantinela, e incluso con un decretazo primero, y con el envío al Congreso de un proyecto de ley de extinción de dominio después –que no prosperó por ser lisa y llanamente inconstitucional–, el gobierno macrista pretendió apoderarse de bienes de personas físicas o jurídicas procesadas por presuntos delitos de corrupción.

De hecho, en septiembre de 2017 –con mucha fanfarria y difusión– la ministra de Seguridad Patricia Bullrich alardeó de haber secuestrado un avión del empresario Lázaro Báez que fue entregado a la Policía Federal sin que existiera sentencia firme contra el constructor.

Ahora, en el ocaso de la gestión macrista, la Justicia tiene en sus manos una causa que podría generar mucho ruido, y la posibilidad cierta de que el futuro Procurador del Tesoro requiera el procesamiento de Macri, su ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el de Finanzas Luis Caputo, y el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (Bcra), Federico Sturzenegger, por incumplimiento de los deberes del funcionario público y, lo más grave, que respondan con sus propios patrimonios, por daños y perjuicios al Estado nacional, figura sobre la cual ya existe jurisprudencia.

Acuerdo sin firmas, decretos y dictámenes

Todo comenzó a conocerse el 8 de septiembre de este año, cuando Horacio Verbitsky publicó un artículo titulado “Flojo de papeles” en su blog El Cohete a la Luna (ECL). Allí, el veterano investigador reunió copiosa documentación en torno de las gravísimas omisiones que desde el presidente Mauricio Macri para abajo habían cometido en el marco de la firma del acuerdo con el FMI.

Desde el primer párrafo de la nota, Verbitsky deja al desnudo un verdadero desquicio administrativo, técnico y político, que puede tener consecuencias inéditas en la historia política nacional.

“La mayor deuda contraída por el país en tan corto lapso (que al mismo tiempo es la más grande concedida por el FMI desde su creación en 1944) careció del respaldo de un decreto del Poder Ejecutivo y de un dictamen jurídico favorable. Tampoco existe un acto administrativo que exponga la decisión de tomar el crédito, ni un dictamen del Banco Central que evalúe cómo impactaría en la balanza de pagos, ni resoluciones del Directorio del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que afirmaran su legalidad, oportunidad y conveniencia. Ni siquiera hay constancia de que se haya suscripto acuerdo alguno: el expediente oficial sólo contiene la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos”.

No se trata de un desaguisado más de un equipo de crápulas sólo interesados en la concreción de negocios personales, con beneficios colaterales para socios y amigos. La falta de documentación que respalde los pasos administrativos obligatorios previos a cualquier acto oficial –máxime tratándose de un stand by con el FMI– está en la mira de juristas que consideran la posibilidad de que los autores de tamaño ilícito deban responde con su patrimonio por los perjuicios ocasionados al Estado nacional.

Menos de una semana después de publicado el informe de ECL, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio lugar al amparo presentado por un conjunto de abogados y organizaciones sociales que sostienen que debe anularse el acuerdo a causa de los “groseros errores cometidos”.

Uno de los abogados que realizó la presentación judicial, Andrés Bernal, desgranó los detalles del monumental fiasco nada menos que a la agencia de noticias Reuters: “El expediente administrativo a partir del cual resultó la decisión de contraer el crédito es de fecha posterior a la toma. Estamos frente a un evento de consecuencias muy importantes”.

La agencia internacional tituló su despacho –fechado el 12 de septiembre de 2019– sin demasiados miramientos, aún sabiendo lo que acarrearía en términos de impacto en el mundo de los negocios, en especial los financieros: “Justicia argentina investiga multimillonario acuerdo del país con FMI”.

No menos impactante resulta el encabezado de ese cable: “La Justicia pidió el jueves al Gobierno argentino que revele información sobre el procedimiento por el que el año pasado logró un crédito de 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una causa que pone en duda la legitimidad del trato”.

Luego de señalar que el abogado “Bernal enumeró otros errores administrativos que oscurecen el proceso mediante el cual el Gobierno de Macri logró la toma del préstamo”, la agencia reveló: “El Ministerio de Hacienda (argentino) no respondió de forma inmediata a la consulta de Reuters”.

En la siguiente entrega de ECL, el domingo 15 de septiembre, su director volvió a la carga, esta vez con un artículo titulado “La Justicia se espabila”, donde confirmó que “la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones en los Contencioso Administrativo ordenó que el Poder Ejecutivo y el Banco Central suministraran toda la información necesaria para que los ciudadanos pudieran controlar la regularidad del procedimiento. Y que lo hicieran en los términos solicitados por los autores de un recurso de amparo y de un reclamo de acceso a la información pública”.

Verbitsky agregó un nombre al de Bernal, en cuanto a quiénes realizaron la presentación ante los tribunales: Pedro Biscay, ex director del Banco Central, un profundo conocedor de los procesos administrativos internos del organismo.

En concreto, las presentaciones judiciales son las siguientes, de acuerdo a lo consignado por ECL:

  • “Una demanda judicial directa de acceso a información pública, con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (Mner) como actor, que fue rechazada por el Poder Judicial (Expte. N° 47456/2018).
  • Un pedido administrativo de acceso a información pública ante el Ministerio de Hacienda, con el Centro de Estudios para la Integración Financiera (Cinfin) como actor.
  • Un pedido administrativo de acceso a información pública ante el Banco Central de la República Argentina, en este supuesto para conocer el dictamen del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 y los expedientes correspondientes, en los que se pronunciara el Banco Central sobre el impacto del crédito solicitado.
  • Una demanda judicial por la negativa implícita a darles la información pedida (rechazada en primera instancia y actualmente a decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Expediente. N° 7651/2019)”.

Es interesante que cualquier ciudadana o ciudadano puede consultar la documentación administrativa y judicial de esas acciones, que está disponible en una base de datos de acceso público.

Lo que temen Macri y Cía

En ese primer y revelador artículo, Verbitsky avanza sobre las posibles implicancias penales y civiles que les podría acarrear a diversos personajes de esta saga haber actuado en forma tan ruinosa como desaprensiva: “Estas escandalosas constataciones surgen de varios pedidos de acceso a la información formulados por un ex director del Banco Central, cesanteado por cuestionar la política que condujo al acuerdo con el FMI y por un dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Esto podría implicar responsabilidades penales y patrimoniales para los funcionarios que actuaron. Tampoco puede descartarse que acarree consecuencias para los funcionarios del FMI que intervinieron, como su ex directora gerente, Christine Lagarde, y Alejandro Werner, encargado de Centro y Sudamérica en el FMI”.

Uno de los principales sostenes teóricos acerca de las responsabilidades civiles y patrimoniales es la abogada Betina Stein, quien pocos días después de conocido el escandaloso procedimiento previo a la contratación de la deuda, escribió un artículo publicado por Página 12.

En ese texto, la letrada recordó que “la sala III de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia del juez de grado que había rechazado la acción de amparo presentada por Eduardo Julio Codianni, ante la negativa del Ministerio de Hacienda de brindarle la información completa que, en relación con el préstamo contraído con el FMI, había solicitado el amparista”.

Stein agregó que “el propio Estado reconoció en la presentación efectuada en el juicio de amparo, que no hubo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación ni de las direcciones jurídicas de los órganos involucrados; ni informe o análisis de las estructuras administrativas con competencia en materia de crédito público”.

La abogada concluyó: “En definitiva, no hubo un acto administrativo (decreto del PEN) que autorizara a algún funcionario a la firma del acuerdo con el FMI, previo análisis de la legalidad e impacto que tendría en la balanza de pagos, la toma de un préstamo de tal envergadura”.

Stein aportó un dato que seguramente debe haber hecho temblar las piernas de los integrantes del equipo económico y financiero que por orden de Macri contrajo el préstamo: “Uno de los tres camaristas firmantes del fallo dictado esta semana por la sala III en el amparo iniciado por Codianni, es Jorge Esteban Argento, quien suscribiera en el año 1996 la sentencia que condenara al ex almirante Massera a indemnizar a Daniel Tarnopolsky por el secuestro y desaparición forzosa de sus padres y hermanos durante la última dictadura militar. Fallo éste luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de agosto de 1999. Y Massera tuvo que responder con su patrimonio”. Traducido al castellano más llano: hay jurisprudencia en la materia.

El director de ECL aclara no tener claro qué puede suceder respecto de las aristas más sensibles de esta novela jurídica, política y económica: ¿Se cae la legalidad del acuerdo? ¿Se puede repudiar esa deuda con base en tamaña ilegalidad de origen? Verbitsky opinó: “Es prematuro predecir qué influencia podría tener en la renegociación que el próximo gobierno deberá emprender con el FMI, que de modo implícito comenzó en julio y continuó en agosto entre el candidato presidencial Alberto Ángel Fernández, (Alejandro, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI) Werner y el responsable de la Argentina en el Fondo, el italiano amante del bife de chorizo Roberto Caldarelli. Implícito, porque Fernández les dijo que no adoptaría ninguna decisión como las que le proponían los funcionarios del Fondo y el gobierno de Maurizio Macrì, mientras no fuera al menos Presidente electo. También se puede ser contundente por omisión”.

Pero ahora Fernández es presidente electo. Y este martes, en la primera comunicación telefónica con la nueva directora gerente del organismo financiero, Kristalina Georgieva, tuvo la oportunidad de ser contundente sin acudir a omisión alguna, y le anticipó: “Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste”.

El mandatario peronista sabe que las irregularidades e incluso los delitos cometidos por funcionarios argentinos que contrataron la deuda no tiene implicancias, al menos conocidas, en su reconocimiento o repudio.

Por tanto, ambos conflictos corren por senderos paralelos. Macri y su enjambre deberán dar cuenta de sus actos, y eventualmente afrontar con sus patrimonios el posible perjuicio ocasionado al Estado a causa de los mismos. Por otro lado, el Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre tendrá que vérselas cara a cara con la buena de Kristalina y sus húsares, renegociar el oneroso préstamo, y obtener el mejor acuerdo posible. Y en esos capítulos de esta novela, nadie recordará los momentos románticos que protagonizaron Macri y Christine Lagarde.

¿Fantasía o realidad?

En enero de este año, Macri emitió un decreto que pretendía devolver a las arcas del Estado el dinero perdido por la corrupción, lo que inmediatamente desató una polémica porque pasó por alto al Congreso, donde esa iniciativa estaba estancada porque no exigía sentencia firme.

Es que la “extinción de dominio”, que se intentó imponer a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sostenía que los bienes obtenidos ilícitamente, por ejemplo, a través de la corrupción o el narcotráfico, vuelvan al patrimonio estatal, pero al omitir que previo a ese paso debe existir una sentencia firme, lo torna automáticamente inconstitucional.

Es increíble cómo ese entusiasta impulso de Macri por intentar manchar la anterior gestión, termina siendo una especie de proyección psicoanalítica, y se vuelve contra sí como un bumerán, pero en este caso a partir del debido proceso, sin DNU mediante, y con jurisprudencia que respalda las acciones en su contra.

Pero más allá de la jurisprudencia, más acá de los elementos probatorios, y sobre todo, por encima de la expresión de deseos de la gran mayoría que sufrió, sufre y sufrirá el paso por el poder de Macri y su equipo de hunos, el interrogante es pertinente: ¿Será viable que ese elenco de depredadores tenga que romper el gigantesco chanchito patrimonial y hacer frente con su contenido por los estropicios causados al Estado, o sea a todas las argentinas y todos los argentinos? O al menos de una parte de esa monumental piedra colgada del cuellos de niñas y niños, mujeres y hombres, ancianas y ancianos, y aún de las generaciones venideras.

La respuesta, si la hubiese, sobre todo porque no se trata de practicar la videncia o hacer futurismo, no debería ser lineal o binaria, por sí o por no. Porque dependerá de factores que exceden a los elementos estrictamente jurídicos, y se engarzan en la superficie de la política, más permeable, menos rígida, y a menudo mucho más sabia que la encerrada por los siempre discutibles contornos de la Justicia, pretendidamente más estrictos, y comprobadamente más inestables.

Aquello que la dura lex indica no sólo posible sino exigible y deseable, es interpelado por la política, que llega a esa discusión con las botas salpicadas por el barro de la realidad.

Es muy habitual observar que hombres y mujeres de leyes, honorables, indiscutibles en términos de compromiso político, incurren –involuntariamente– en aquella antigua consigna que rezaba: “Preparémonos y vayan”. No se trata de una actitud cobarde, más bien está en juego el carácter propio de la mesa de arena, donde los soldados no son soldados, la caballería tampoco, y el enemigo funge tan simbólico como esas miniaturas finamente esmaltadas y decididamente inocuas en un verdadero Campo di Marte.

Ir por los patrimonios de Macri, Dujovne, Caputo y Sturzenegger, para que respondan con ellos las iniquidades cometidas en el ejercicio de sus funciones implica contar con espaldas, con poder político, con una mayoría que acompaña, si es necesario en las calles, tamaña empresa.

Porque el poder económico va a tomar ese estricto acto de justicia como un ataque a todos quienes lo integran, no solamente a esos desorejados. Y porque tamaño antecedente pone a la República que ellos han formateado para que sea su guarida permanente en los bordes mismos de una Nación para todas y todos.

La voluntad política, en estos casos, no alcanza más que para decidir que hay una autoridad decidida a presentar batalla. Pero ese coraje deberá contar con un respaldo que cambie la relación de fuerzas actual, en la que cuatro inadaptados sociales que lideran sociedades rurales amenazan con sitiar las ciudades si alguien osa modificar el esquema tributario que deja el entregador de Tandil.

Respecto de ese statu quo, vale la pena mensurar con números la inequidad que quieren preservar los ruralistas que amenazan con bloquear las rutas argentinas como en 2008.

Un artículo publicado por Página 12, firmado por el periodista Cristian Carrillo, exhibe con precisión las obscenas cifras de los perdones fiscales del macrismo: “Las distintas reformas impositivas que aplicó Cambiemos en los cuatro años de gobierno representaron la transferencia de 690.825 millones de pesos de recursos hacia el sector privado más concentrado. Según un relevamiento de Proyecto Económico, ese flujo se repartió en 287.690 millones de pesos en “perdones impositivos” a grandes propietarios, 277.022 millones a exportadores de granos y 133.066 millones a empresarios. Esto no derivó en una mejora en la actividad, lo que echa por tierra el argumento de que una disminución en los impuestos y aportes conducen necesariamente a una mejora de la producción y en los niveles de inversión y empleo. La clave no es más o menos impuestos sino avanzar a un sistema tributario progresivo”.

Esos 11 mil millones de dólares representan el 20 por ciento de la deuda contraída con el FMI, esa que esta columna indaga si será posible que sea pagada, al menos en parte, con las fortunas de quienes la contrataron en forma ilegal. Si ambas cuestiones son posibles, si se vuelve a imponer que quienes más ganan más tributan, y si se deja el valioso antecedente de que quien endeuda a la Patria sin otra razón que la angurria de clase debe afrontar sus actos sacando la billetera, la Argentina tiene serias chances de superar el ominoso sistema pendular, ese trágico oscilar entre la creación de riqueza entre todas y todos y la apropiación de la misma por unos pocos depredadores.

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