El acuerdo Lifschitz-Traferri para ensuciar la transición con Perotti a través del presupuesto y la caída de oficiales como cómplices de Alvarado lucen como caras de una misma moneda. Tensiones por el control de la Policía y sus negocios. El aporte estatal al mundo criminal.
El presunto acuerdo político entre el saliente gobernador Miguel Lifschitz y el senador del PJ por el departamento San Lorenzo, Armando Pipi Traferri, para dar media sanción al presupuesto 2020 que deberá ejecutar el mandatario elector, Omar Perotti, y la caída de cuatro policías acusados como garantes de la impunidad alcanzada por el ex convicto sindicado como narco, Esteban Alvarado, lucen como borrosas caras de una misma moneda: la disputa de poder entre el nuevo gobierno y un sector de la política y la Policía.
El arresto del oficial Gustavo Spoletti para ser acusado como integrante de la asociación ilícita liderada por Alvarado representa un tiro a dos bandas en dirección a la posición del senador Traferri, jefe político del departamento San Lorenzo.
El escándalo que produjo la detención de cuatro jefes policiales por presunta complicidad con un capo del mundo del crimen también arrastró, como efecto secundario, al titular de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, comisario Gonzalo Paz, El Chino, quien pidió el pase a retiro.
Si bien no se brindaron precisiones sobre la decisión –que fue aceptada sin pestañeos en el Ministerio de Seguridad provincial–, se conoce que Spoletti y Cristian Chamuyo Di Franco, otro de los policías imputados en la banda de Alvarado, son cercanos a Paz.
También es de público conocimiento el interés de Traferri por tener el control del Ministerio de Seguridad en el esquema de gobierno de Perotti a partir del 10 de diciembre. La negativa del rafaelino a acceder a la solicitud del senador provincial provocó una ruptura entre ambos.
El primer síntoma se expresó cuando Traferri dejó la mesa de transición como representante del peronismo. Semanas después, el bloque que conduce en la Cámara baja aprobó sobre tablas, sin debate en las comisiones, el proyecto de presupuesto 2020 enviado a la Legislatura por Lifschitz, a pesar de que Perotti había reclamado al gobernador que le cediera esa facultad.
La media sanción se consiguió con una combinación de los seis escaños que responden a Traferri con los del Frente Progresista. La guerra estaba abiertamente declarada.
Unos días después, aunque no exista causalidad ni intención entre un hecho y otro, cayeron los policías implicados en la investigación a Alvarado, el “verdadero jefe”, como dijo a el eslabón una fuente oficial.
No puede señalarse que fue una decisión judicial destinada a enviarle un mensaje a Traferri u otros senadores que mantienen fuertes vínculos con jefes policiales en sus territorios, porque la investigación iniciada por el Organismo de Investigaciones (OI), que conduce Marcelo Saín, se remonta a hace casi un semestre, cuando nada de lo anterior había sucedido ni era previsible que ocurriera.
Pero Saín, además de realizar con su equipo una minuciosa investigación que puede salpicar a sectores de la política, será muy probablemente a partir del 10 de diciembre el ministro de Seguridad de Perotti.
Es decir, el lugar que deseaba controlar el senador Traferri en el futuro gobierno del Frente de (casi) Todos. Varias fuentes políticas deslizaron a este periódico que el malogrado Chino Paz aspiraba a convertirse en el jefe de la Policía de Santa Fe si el senador por San Lorenzo accedía al control de la cartera de Seguridad. Es imposible saberlo con precisión, salvo que los propios involucrados lo hagan público. Pero es una hipótesis que no luce descabellada.
Si efectivamente Saín se convierte en el próximo ministro de Seguridad, las esquirlas de la disputa de estos días podrían producir lesiones leves y graves.
Las tensiones de estos días previos al cambio de gobierno enfrentan, en un esquema simplificado, a quienes se proponen desovillar la madeja de complicidades entre las fuerzas de seguridad y el negocio narcocriminal y aquellos que las toleran y creen que para evitar conflictos es mejor administrar el status quo imperante.
Peras temblorosas
Tras las detenciones de los jefes policiales y del abogado de Alvarado, Claudio Tavella, acusado de formar parte de un agrupamiento con fines delictivos que exceden su función de defensa técnica de un cliente, Saín apuntó a los vínculos entre el crimen y la política en Santa Fe como un fenómeno transversal.
“Yo que el Ministerio de Seguridad, revisaría el accionar de la Policía”, dijo en una entrevista con Radio Dos. “Jefes policiales notorios, con vinculaciones estrechas con el peronismo pero que han sido prohijados por la actual administración y sobre todo por la anterior, con participación activa en el delito. Después le tiembla la pera a todo el mundo cuando empiezan los tiros”, continuó.
El mejor ejemplo de ese fenómeno de movimientos sísmicos en las barbillas oficiales fueron las salpicaduras de sangre en las calles en 2013 tras el crimen del líder de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero, y las venganzas que desató.
Una entrevista radial que el juez penal Juan Carlos Vienna dio al periodista Ariel Bulsico dio cuenta en aquel entonces de la “desesperación” del gobierno de Antonio Bonfatti y su ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, por encontrar un expediente que permitiera apresar a los miembros de la banda más famosa de la zona sur, cuya existencia era prácticamente negada hasta ese momento. De aquella intranquilidad oficial severa nació la causa que derivó en el juicio de la Justicia provincial a Los Monos. La Justicia Federal estaba aún más ajena.
En esa línea, Saín sostuvo que llama “poderosamente la atención que cada vez que hay acción institucional de desarticulación sobre grandes organizaciones criminales en Rosario cruje la política y determinados actores, de un lado o del otro, dicen que es una operación”.
El director del OI descartó que las menciones realizadas en las audiencias al clan Alvarado tanto al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Antonio Bonfatti, como a la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas, tengan entidad como para ser investigadas. Dijo que los criminales suelen mencionar a personalidades públicas de la política a sabiendas de que son escuchadas sus conversaciones, y que es habitual que procuren protección estatal. Aunque, según su mirada, no hay elementos para dudar de ambos dirigentes en este caso.
También apuntó a lo que denominó “soledad institucional” por la falta de apoyo del fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, a sus subordinados que llevaron adelante la investigación de la banda de Esteban Alvarado, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Control de daños
Otro elemento que conecta el potencial éxito de las investigaciones y el desempeño de los fiscales con la política es el control establecido por esta última sobre las actuaciones de los primeros.
“Que sea la Legislatura la encargada de supervisar el desempeño de los fiscales es una dislate institucional de la provincia de Santa Fe porque eso es politizar las causas judiciales: si el fiscal me gusta o no me gusta, lo protejo o no lo investigo. Eso significa el manejo de los fiscales de acuerdo a la necesidad política y la conveniencia”, dijo también Saín pero en otra entrevista, esta vez con el período Rosario/12. “Esto fue un error garrafal institucional y fue apoyado por el gobierno socialista y por el sector liderado por el senador Armando Traferri y tenía el objetivo de controlar a la fiscalía regional y al fiscal general”.
—“¿Usted cree que el senador Traferri buscaba eso?”, preguntó el colega José Maggi.
—Sí claro, pero no sólo fue el senador Traferri sino que también fue apoyado por el gobernador Lifschitz y el diputado Bonfatti. Fue el sistema político santafesino.
La ubicación temporal de la aprobación por parte de la Legislatura del control del desempeño de los fiscales ante faltas graves coincide con el conocimiento público de investigaciones de dos fiscales de la Unidad de Delitos Complejos a senadores provinciales por presunta malversación de recursos estatales.
Los fiscales sufrieron la presión de un grupo de senadores que intentó correrlos de sus funciones por la actuación de los representantes del Ministerios Público de la Acusación (MPA) en otras causas criminales que no involucraban a la política.
“Eso se votó en tiempos de la megacausa (por estafas inmobiliarias y lavado de activo, que involucró a empresarios poderosos de la ciudad), y la investigación sobre la malversación de fondos de los senadores, nada es casual”, sostuvo Saín, para completar: “Esto no puede seguir ocurriendo, porque el mensaje institucional es que el MPA puede investigar delitos cometidos por delincuentes berretas de las periferias urbanas pero nunca a los factores de poder que comprometan a las estructuras de poder”.
La caja de Pandora
“Cuando detuvimos a Esteban Alvarado y logramos rescatar el celular en el río (de la ciudad de Río Tercero, Córdoba) y luego abrirlo, sabíamos que se podía llegar hasta el hueso”, se ufanó la semana pasada el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
El funcionario consideró que con la caída del que es considerado un capo narco aunque jamás haya sido investigado por ese delito, “se abría la caja de Pandora”.
La combinación de esas declaraciones con las de Saín, quien aseguró que “el clan Alvarado tenía un despliegue mayor, más sofisticado que Los Monos, y se ha consolidado a la sombra del Estado” y hasta ahora se conoce “un 30 por ciento” de la organización, alientan la posibilidad de que estemos ante una analogía con el recipiente de la mitología griega que albergaba “todos los males del mundo”.
Lo que se halle adentro dependerá no tanto de su contenido como del buen olfato de los investigadores y de las condiciones políticas e institucionales para la búsqueda que emprendan.
Lo más notable del caso Alvarado no es tanto lo que consiguió sino el modo en que lo hizo, el tiempo empleado y la “ceguera” judicial-policial para permitirlo.
El mismo día en que las TOE detuvieron a cuatro policías y al abogado de “El Esteban”, el hombre de 42 años que pasó los últimos seis tras las rejas por robo de autos estaba citado, por primera vez, a declaración indagatoria en un juzgado federal de Rosario, donde iba a ser acusado como cerebro del transporte de 500 kilos de marihuana desde esta ciudad a Río Negro en 2017.
Tras años de parálisis y luego de la investigación de la Justicia ordinaria sobre el entramado de empresas de Alvarado para el presunto lavado de activos de origen ilícito –que conectaba a los hombres detenidos con la droga en 2017 en Río Negro con las sociedades de Alvarado–, la Federal entendió que tenía delante de ella a un supuesto narcotraficante.
Desde 2012 cuando el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, que lo investigó por robo de autos, entregó varios CD con escuchas de Alvarado en los Tribunales provinciales, está disponible esa evidencia acerca de la banda criminal-policial. Tras siete años de inmerecido descanso, los fiscales Edery y Schiappa Pietra las desempolvaron –junto a Saín– para poder emplearlas en la investigación que derivó en el arresto de los oficiales sospechosos.
Aporte estatal
El viernes y sábado de la semana pasada, Edery y Schiappa Pietra ampliaron la imputación contra Alvarado –que en febrero y junio había sido acusado como instigador de un homicidio, por lavado de activos y como líder de una asociación ilícita– y sumaron al legajo a cuatro miembros de la fuerza de seguridad santafesina: el mencionado Spoletti, el ex subjefe de Inteligencia de la PDI, Javier Makhat, el comisario a cargo de una seccional de Carcarañá, Cristian Chamuyo Di Franco, y el ex subjefe de la Brigada Operativa de la División Judiciales, Luis Quevertoque.
Cuando acusaron a Alvarado, los fiscales señalaron que “existe un grupo de personas que con sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley para su beneficio ilícito y respecto de las cuales usted ejercía influencias de diversa forma”.
Agregaron que “a partir de las acciones y/u omisiones de este grupo de funcionarios públicos policiales se pusieron a su disposición parte de los recursos materiales y humanos que se encontraban bajo la responsabilidad que como funcionarios policiales les compete, para posibilitar el funcionamiento de la asociación ilícita”.
Al imputar a Quevertoque –uno de los policías que llevó adelante la investigación a Los Monos–, los fiscales revelaron que “tuvo a su nombre y compartió” con Jorge Benegas –acusado como organizador de la banda y mano derecha de “El Esteban”– un caballo de carrera llamado “Cascarudo, perteneciente a la caballeriza L.Q” y “cuyo certificado de correr registra como propietario”.
Además, “proveyó apoyo logístico en el traslado de mercaderías provenientes de delitos; sirvió de nexo entre policías de su división y Alvarado; mantuvo reuniones con otros miembros de la organización encargados de la logística de la misma que visitaban a Esteban Alvarado en sus lugares de encierro”.
A Makhat, quien reside en un departamento de los Condominios del Alto que fue domicilio de la esposa y los hijos de Alvarado, lo acusaron de “haber participado de una maniobra de lavado de activos de origen ilícito tendiente a ocultar el origen ilícito de bienes de esa organización con la finalidad de otorgarle apariencia de lícito a través de múltiples transferencias”.
El inmueble de alta gama ubicado frente al shopping Alto Rosario junto a dos cocheras y una baulera fue vendido en 2012 por sus dueños originales a Damiana Ghirardi, una mujer que atravesaba dos procesos de quiebra, quien en 2014 se los transfirió a Bibiana Judith Zárate. Ambas fueron imputadas. Esta última declaró que nunca compró ni vendió el departamento y que su DNI fue robado, y según los fiscales es suegra de Luciano Previtera, otro miembros de la asociación ilícita.
Para Edery y Schiappa Pietra, ninguna de las dos puede justificar patrimonialmente la adquisición del departamento y las cocheras, que fueron compradas por la esposa del oficial Makhat en agosto de 2014. Facturas de servicios y expensas del inmueble fueron secuestrados en un campo allanado de Alvarado, y según la acusación en 2013 vivía allí su esposa, Rosa Capuano, y sus hijos.
Spoletti también quedó involucrado por la venta de un inmueble. Según la pesquisa, el ex Drogas Peligrosas que actualmente reviste en la Policía de San Lorenzo, Gustavo Spoletti, también quedó enredado por la venta de un inmueble.
El oficial es propietario de una vivienda en Furlong al 1300, en la zona oeste de Rosario. La división de Asuntos Internos de la Policía comenzó a investigarlo en 2008 –junto a un grupo de uniformados– por presunto enriquecimiento ilícito.
Para justificar su compra, Spoletti presentó los documentos de la venta de un inmueble en calle Bolivia al 1800. El oficial fue acusado de falsear la venta de esa vivienda –realizada en 2012 pero antedatada a 2010 y “sobrevaluada”– para justificar su patrimonio.
La investigación determinó que Spoletti le vendió una vivienda de calle Bolivia a Jorge Banegas, la mano derecha de Alvarado, por 354.750 pesos, pero en la causa por enriquecimiento ilícito declaró que la vendió por 89.500 dólares.
Para la Justicia, Banegas “no tenía una capacidad económica y financiera que le permita realizar lícitamente dicha operación” de escrituración de la vivienda, que luego vendería a Spoletti.
“Con este instrumento usted pretendió justificar su incremento patrimonial aduciendo que la propiedad de calle Bolivia se había vendido en 2010 por un valor de U$S 89.500 y este dinero fue pagado en cuotas de U$5.500 cada una, y ello le permitió entonces contar con recursos para construir la casa de calle Furlong”, señalaron los fiscales. “Esta operación de fecha anterior a la escrituración, sin constancias documentales que acrediten el pago de dinero en efectivo y con una forma de cancelación que contradice lo mencionado en la escritura, se simuló para intentar dar apariencia lícita al dinero utilizado para la construcción de calle Furlong”, concluyeron.
Por último, a Di Franco –mencionado en un mail de otro policía durante el juicio a Los Monos como beneficiario de un lote en el barrio cerrado Puerto Roldán que le habría cedido Alvarado– fue acusado de haber buscado y entregado información oficial sobre vehículos, solicitada por El Esteban, “facilitando de esta manera la comercialización de autos adquiridos de manera ilegítima”.
También de haber procurado la libertad de un hombre que había caído detenido empleando sus contactos en la fuerza, puntualmente en la comisaría 14, a pedido de Alvarado. En otra escucha del caso, Di Franco aparece avisándole al presunto jefe de la organización que había “visto pasar como trece o catorce comandos para la zona de Empalme y zona norte”, lo cual colisiona con las buenas prácticas de los integrantes de las fuerzas de seguridad.
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