Mientras insiste en arribar a acuerdos con sus acreedores, Vicentín enfrenta el primer pedido de quiebra. Un grupo en expansión que, de repente, declina estrepitosamente. La ayuda de Cambiemos, la vieja burguesía y los datos de su balance.
En 2018 la agroexportadora Vicentín SAIC exhibió un crecimiento de su facturación del 92,4 por ciento en relación al año anterior (116 mil millones de pesos). Ese mismo año ocupó el primer lugar de las cerealeras que operan en el país y en tres años pasó del puesto 19 de las principales 200 empresas, al sexto. Durante los tres primeros años del gobierno de Cambiemos, “mientras el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una expansión de ventas del 51,36 por ciento de promedio anual; Vicentín superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87 por ciento”, reseña un trabajo realizado por uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano. En el mismo período, el grupo se endeudó en dólares tanto para prefinanciar exportaciones como para ampliarse. Pero el gobierno al que apostó con ahínco, a punto tal de aportar unos 13 millones de pesos a la intentona reeleccionista de Mauricio Macri, convirtió esa deuda en –presuntamente– impagable por efecto de las sucesivas devaluaciones que llevaron el dólar de 20 a 62 pesos en poco más de dos años. En diciembre de 2019 entró en cesación de pago, en enero pasado realizó una oferta extrajudicial para levantar el muerto y esta semana un acreedor le pidió la quiebra a la aceitera nacida como algodonera hace casi cien años, en Avellaneda. Un proceso difícil de explicar. ¿A qué juega Vicentín?
Entre ayer y hoy
Lo que hoy se conoce como Vicentín SAIC nació como un emprendimiento familiar de ramos generales en el norte de Santa Fe, a finales de la década del 20 del siglo pasado. Luego incorporó el desmote de algodón, la molienda de su semilla y la producción de aceite, con una planta en el norte provincial en la década del 60.
En 1979, durante la última dictadura, comienza su despegue con la planta aceitera de Ricardone y la terminal portuaria que le permite exportar. Como se dijo antes, Vicentín es uno de los jugadores más importantes en la agroindustria.
Dentro del rubro de la producción de materias primas y alimentos, se fue diversificando con la incorporación del frigorífico Friar; la producción de jugos concentrados de uva (Enav SA, en San Juan); su propia marca de vinos (Vicentín Family Wines, en Mendoza); feed loot (Los Corrales de Nicanor, cerca de Reconquista); acopio y exportación de miel a través de Promiel SRL en Romang.
También en biodiesel (Renova, en sociedad con la suiza Glencore); cuatro plantas demotadoras, hilandería y tejeduría a través de Algodonera Avellaneda; la producción textil con Reprotex; una planta productora de celulosa microcristalina (Celint SA); el fraccionamiento y envase de aceites comestibles en Renopack (San Lorenzo); la fabricación de pañales descartables mediante Buyanor SA.
Además tiene, en sociedad con un operador chileno, la concesión de los muelles rosarinos a través de Terminal Puerto Rosario (TPR) y empresas en Uruguay, Paraguay y Brasil.
La historia del Vicentín muestra, más allá de la dominante mirada binaria, el derrotero de una empresa más o menos arquetípica de la burguesía local, su sucesiva asociación al poder público –independientemente de quien lo detente–, pues ella forma parte del poder real. Lo que Franco Macri intentó a enseñarle a Mauricio cuando fue por primera vez candidato a jefe de Gobierno porteño y le dijo que no necesitaba postularse, porque ellos ponían a los intendentes de Buenos Aires (el ejemplo fue Carlos Grosso, que saltó de una gerencia del Grupo Socma al palacio municipal).
¿Caída?
De repente, en el transcurso de un año, la principal empresa agroindustrial de la Argentina pasó de un ciclo expansivo y de crecimiento en su facturación a una presunta caída estrepitosa. De acuerdo a los datos disponibles, Vicentín afronta una deuda de unos 1.300 millones de dólares. De ellos, unos 350 millones son con acreedores comerciales, a quienes en enero realizó una oferta de pago mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE). La propuesta consistió en un pago en efectivo del 20 por ciento de la deuda con un mínimo de 30 mil dólares “o la suma menor a la que ascienda el crédito”, lo cual según voceros de la empresa incluía la cancelación total a unos 1.200 productores. También suponía la dolarización de la deuda con el tipo de cambio del Banco Nación al 4 de diciembre y no incluía quita. De esa manera, Vicentín buscaba en enero evitar el concurso preventivo de acreedores. Pero a pesar de la feria, prosperaron en los Tribunales varias medidas cautelares que impidieron a la agroexportadora continuar con el funcionamiento de sus plantas aceiteras y de harinas en San Lorenzo y Ricardone.
El miércoles pasado, Vicentín emitió un comunicado en el que anunció su intención de no claudicar “en el objetivo de concretar el plan de acción” consistente en los APE, y dejó entrever que esa vía podría comprender su propio concurso de acreedores. Planteó que procura alcanzar esa meta “cualquiera sea la figura jurídica aplicable”. Pero ese escenario se modificó un día después, el último jueves, cuando el grupo Gagliardo Agrícola Ganadera (Gagsa) realizó una presentación de pedido de quiebra en el juzgado Civil y Comercial 14 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Quaglia.
El pasivo más pesado que afronta la aceitera es la deuda financiera contraída en buena parte con el Banco de la Nación Argentina durante la gestión del macrista Javier González Fraga y con otras entidades públicas y privadas locales e internacionales.
Planero de alta gama
La deuda que Vicentín mantiene con el BNA asciende a unos 18 mil millones de pesos. Otros 1.624 millones con la banca pública, el Banco de Buenos Aires; 722 millones con el Hipotecario; 540 con el Macro; 427 con el Nuevo Banco de Entre Ríos; 316 con el de Santa Fe; 309 con el Ciudad; 305 con el Itaú y un millón menos que eso con el Bice.
Según el informe de Lozano, “los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentín en el mercado financiero doméstico representan el 20 por ciento de la facturación de 2018 y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de 18 mil millones es sólo el 15 por ciento de su facturación” de aquel año, por lo que “no parece ser un caso de stress financiero”, como lo definió la compañía el 5 de diciembre pasado cuando entró el default.
Según el análisis del balance 2018 que realizó el director del BNA –no accedió al de 2019– el Patrimonio Neto de la empresa era de 20.296 millones de pesos. “Este dato indica que no es una empresa con un gran endeudamiento, ya que la suma de sus activos supera la de sus pasivos”, señala. Y recuerda que “hay muchas firmas que tienen patrimonio neto negativo como consecuencia de un peso excesivo de sus pasivos”, aunque “no es el caso de Vicentín”.
Ejemplifica con el caso de Arcor que presenta (a septiembre del 2018) un pasivo de 26.270 millones pesos y un total de ventas de 50.000 millones. “En este caso, el pasivo corriente supera en un 50 por ciento a las ventas del periodo”, dice Lozano, para recordar que Vicentín facturó 116 mil millones de pesos en el ejercicio 2018. Que, como se dijo, supuso un crecimiento del 92,4 por ciento.
En tanto, “el Patrimonio Neto de 2018 creció un 68,3 por ciento respecto a 2017. Es decir, Vicentín venía en un proceso de expansión y no de crisis de endeudamiento”.
El informe señala el incremento de los pasivos en dólares, pero dice que de acuerdo a los datos del último balance no significan un problema grave. A Lozano le llama la atención que a pesar de que Vicentín exporta el 87 por ciento de su producción, cuando valúa sus bienes de cambio –que son las mercaderías que no se vendieron en el período, pero que se estima que se venderán en los siguientes– lo hace “invirtiendo la proporción de su colocación, apenas el 5 por ciento en el mercado externo y el 95 en moneda local”. “Claramente aquí hay un punto por demás contradictorio en el balance de esta firma”, desliza el director del BNA.
“Maniobra fraudulenta”
“Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentín”, sostiene Lozano en sus conclusiones. Recuerda que “el principal aportante de Juntos para el Cambio en la última elección comenzó a incumplir con los pagos al Banco Nación casi en simultáneo con la elección de las PASO y la derrota de Mauricio Macri”. Incluso va más allá y plantea que “la compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero”.
Por si esto fuera poco, sigue, “los juicios de la AFIP contra la empresa se asientan en dudas que apuntan a una sobre estimación de costos y a la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. Dicho de otro modo la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones”. Y finaliza: “Claramente el «muerto» que la administración Macri–Fraga dejan en el Banco Nación es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera”.
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