Una militante trans lucha contra su propio desalojo y el de vecinos y vecinas de la pensión de Santa Fe al 4300, que fuera propiedad de un oscuro personaje imputado por la Justicia por hurto de energía eléctrica, pensiones clandestinas, y lavado de activos.
El inmueble situado en calle Santa Fe 4335, en el barrio Echesortu, tiene dos plantas. Desde la vereda nos encontramos con una puerta de entrada, y otra como de garage negra, y elevando la mirada una serie de pequeñas ventanas con cortinados caseros que hacen de protección ante los poderosos rayos del sol de febrero.
En la esquina se encuentra una famosa verdulería que hace décadas está emplazada en la ochava noroeste de la calle Valparaíso. Mientras esperamos, vemos salir a un puñado de vecinos que describen de forma dispar la situación: algunos hablan del inminente desalojo, otros tienen algo de expectativa de seguir allí y admiten que no armaron sus bolsos y que tienen la mente puesta en el día a día. “Mirá que Reina no tiene teléfono”, nos advierte un inquilino a punto de ir a changuear.
Reina Xiomara Ibañez es una militante trans que fuera dos veces candidata a concejal por el espacio político de Raúl Castells, el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD). Desde septiembre pasado se puso al frente del reclamo ante un pedido de desalojo en la Justicia, y es cotidianamente quien golpea las puertas de los organismos estatales y de las oficinas en defensa de los derechos de los que menos pueden. Justamente se baja de un bondi en la esquina de la casa proveniente del Inadi, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, y el Racismo, donde fue a contar la situación dramática que vive en la pensión.
Reina le abre las puertas a el eslabón para visibilizar la situación habitacional de casi 4 decenas de personas que hoy en día viven allí, entre “adultos mayores, gente con capacidades diferentes, y de la diversidad sexual”.
Junto a ella está Iván, otro de los vecinos de la pensión, que le presta el teléfono entre las idas y venidas. Está desocupado y cuenta lo imposible que está alquilar por estos días. También está Juan, un hombre mayor con una discapacidad, en espera de una pensión municipal que dice que no llega, a pesar de tener el aval de Nación.
Los pasillos que desembocan en las pequeñas habitaciones, donde de forma precaria predomina el ladrillo, las estructuras de acero y la madera, se mantienen limpios, una de las premisas de entre los habitantes por estos días. Subiendo por las escaleras para retomar otro pasillo que va a desembocar en la pieza de Reina, cruzamos la puerta del hogar de una pareja de gente mayor. Su ventana no tiene cortinas, pero sí un cartel verde con el rostro del intendente Pablo Javkin, de la última campaña, sirve para proteger la intimidad.
Ya en la habitación de Reina, que habita desde hace 7 años, un ambiente aproximadamente de 4 por 4 metros, la mujer nos cuenta que en septiembre pasado, el encargado llamado Walter Medrano, pasó a cobrarles la renta a cada inquilino e inquilina, y dejó una nota de desalojo.
“Nosotros entendemos que es un estafa porque esta persona teniendo una orden de desalojo desde hace tiempo, nos seguía cobrando igual a los vecinos. Hay personas como a Juan que les cobró hasta 3 meses por adelantado”, cuenta Reina y continúa: “Llegó la orden de desalojo, y estábamos todos los vecinos desesperados porque no sabíamos qué hacer. En octubre yo compadecí en tribunales provinciales. Y después hablé con los vecinos y los fui llevando en grupos, nos presentamos a compadecer todos, unos 30 vecinos y vecinas. Fueron varias jornadas, cansadoras pero fuimos. Llevamos recibos de los pagos y hemos planteado la situación que tenemos personas con capacidades diferentes, adultos mayores, gente de la diversidad sexual, y que no tiene estabilidad laboral, con lo cual se dificulta mucho reubicarse en otro lugar. Por eso fuimos a la Justicia para que podamos prolongar el desalojo ”.
Según Ibañez, la orden es promovida por una empresa que dice haber comprado el inmueble. Lo curioso es que una de las apoderadas de la empresa es la hija del supuesto titular de la pensión hasta el momento, un hombre imputado por tener pensiones clandestinas, por hurtar energía eléctrica por millones de pesos y lavar activos.
“Personalmente no lo conozco pero dicen que era uno de los supuestos dueños del lugar. Me junté con Héctor Cavallero para hablar de él, y me contó que es un tipo pesado, que compró a la policía y tiene recursos a través de los negocios ilícitos para poder comprar y vender cosas como se le antoje”.
En mayo de 2018, Rosario|12 dio cuenta de una serie de allanamientos a inmuebles relacionados al dueño, incluso la pensión de calle Santa Fe al 4300. En ese momento, el fiscal de la causa, Matías Edery, revelaba que la persona en cuestión era hace años denunciado por poseer pensiones clandestinas, en situaciones de irregularidad y que era investigado por la EPE por hurto de energía eléctrica por millones de pesos. Y, que entre otras cosas, se había encontrado una serie de cuentas off shore procedente de la República Oriental del Uruguay a nombre de sus hijas.
La calle no es un lugar
“Éramos 46 y ahora somos 38”,explica Reina. Es que las cosas son complicadas, no sólo para armar las reuniones y operativos para ir a declarar, sino para mantener limpio el lugar y tirar todos para el mismo lado. “Yo, cuando pasó todo esto, junté a los vecinos en una reunión, por tener más experiencia con papeles y llevar todo esto adelante con los trámites, y fuimos a votación y me eligieron para que yo esté al frente en la pensión y con la cuestión judicial. Y así nos juntamos para tratar de hacer lo mejor posible la convivencia”.
“El reclamo puntual es que nadie se quede en la calle, es lo que le pido a cada organismo del Estado municipal, provincial y nacional. Yo reclamo tiempo para que la gente que tiene los derechos vulnerados sea atendida por el Estado, que intervenga, y a la Justicia le pido que investigue”, dice con fervor, y aclara: “Nosotros no somos usurpadores como dice la otra parte, hemos pagado el alquiler y hemos pagado la boleta de agua y otros servicios, aunque claro, el gas lo cortaron y la gente empezó a cocinar con garrafas, aunque al principio era todo a leña”.
Reina se considera una militante social: “Me tomo las cosas con mucho compromiso y esta es una lucha más que me tocó militar, y que creo que es la más dura. Cuando fui candidata recorrí los barrios y la gente te reclama que no llegan para comer, te hablan del tema de la vivienda, de los basurales, situaciones que se viven en los barrios más humildes”.
La nueva audiencia por el desalojo es el 11 de febrero a las 9, en tribunales provinciales, cuenta Reina y precisa antes de terminar la charla: “Es para una conciliación y presentación de pruebas. Yo quiero que ese día vayan todos los medios”.
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