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Varias crisis confluyen y azotan a Brasil. Por un lado, la crisis sanitaria, que en ciertas zonas merece el nombre de catástrofe sanitaria y humanitaria, una situación descontrolada que está costando miles de vidas. Las muertes por coronavirus siguen batiendo récords y diezmando a los sectores más vulnerables. Como consecuencia de la pandemia, además, y pese a que en Brasil las medidas restrictivas siempre fueron parciales, millones de personas se quedaron sin trabajo, y aumentó la pobreza y la indigencia en forma exponencial.

La otra crisis es política: la disputa entre el presidente Jair Bolsonaro (enemigo de la cuarentena) y los gobernadores que sí quieren tomar (y en muchos casos tomaron)  medidas restrictivas, es abierta, feroz, violenta e incluye insultos y actitudes provocativas y dictatoriales del mandatario.

Esta pelea entre gobernadores y Bolsonaro es causa directa de la muerte de miles de mujeres y hombres brasileños. Uno de los cuarenta pedidos de juicio político contra Bolsonaro lo acusa de “actos criminales”, que dieron como resultado de esas muertes, que eran evitables.

El gobierno de Bolsonaro quiere parecerse, cada vez más, a una dictadura militar. “Los civiles no saben gobernar”, señaló el mandatario que durante toda su carrera política se regodeó, con un goce muy especial, reivindicando el terrorismo de Estado, la tortura y todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

Cada vez hay más militares en su gobierno. Ya van dos ministros de Salud que renuncian. Acaso sea difícil ocupar ese cargo en el marco de un gobierno cuyo presidente, por acción y omisión, atenta en forma permanente contra la salud pública y organiza encuentros con sus partidarios en las calles.

El actual encargado interino del área Salud, Eduardo Pazuello, nombró a una docena de militares para completar el equipo de esa cartera. Ni un sólo médico, todos militares.

En las calles, hay grupos de ciudadanos que golpean cacerolas y piden “que se vaya Bolsonaro”, en consonancia con parte de la prensa. Pero también hay grupos, convocados desde las sombras por los hijos del presidente y sus trolls, que salen a militar “por el cierre del Congreso”, o sea: un paso más hacia un gobierno dictatorial, que desea sacarse de encima a los otros dos poderes. Los grupos pro Bolsonaro suelen salir con fusiles y enarbolan la bandera de EEUU.

El presidente también está en contra del Poder Judicial, al menos de aquellos jueces que no avalan sus políticas criminales ni sus reiterados actos de corrupción. Especialmente, además de cerrar el Congreso, él y sus partidarios quieren eliminar el Supremo Tribunal Federal (STF), porque “no sirve para nada”. En verdad, además de su obvia pretensión de tener la suma del poder público, el STF está investigando algunos de sus delitos.

Según las encuestas, después de mantenerse muchos tiempo con índices de aceptación aceptables (entre un 30 y un 40 por ciento), la crisis producida por el Covid-19 hizo bajar esas cifras. Pero luego volvieron a subir. El apoyo a Bolsonaro es oscilante. En abril, el rechazo llegó a superar el 64 por ciento, según las encuestas. Pero de acuerdo el sondeo más reciente, realizado hace una semana, su gestión cuenta hoy con un 32 a 34 de encuestados que la consideran “buena u óptima”.

Desde el Congreso se habla de una “escalada autoritaria” del gobierno, y acusan al presidente de utilizar a la Policía Federal para amenazar gobernadores, legisladores y rivales políticos.

En un video al que se pudo acceder a través de las redes, se ve y se escucha al presidente confesando haber cometido delitos. Por ejemplo, haber cambiado a la cúpula de la Policía Federal para poner en ese cargo a un amigo que le asegure impunidad a las acciones criminales de sus hijos, que desde las sombras se encargan del trabajo sucio. Conocidos como “el clan Bolsonaro”, se los acusa, además de desfalcos y delitos económicos, de tener presuntas conexiones con grupos parapoliciales y paramilitares que masacran militantes.

Parte de las pruebas que el Parlamento y la Justicia tienen contra Bolsonaro las proveyó el ex ministro de Justicia Sergio Moro. Gracias a las maniobras ilegales de este juez, ya probadas y confesadas por él mismo, además. El magistrado, a través del uso de la denominada “guerra judicial”, con intervención directa de los medios hegemónicos y la Embajada de EEUU, sacó de la carrera presidencial a Lula y permitió que ganara Bolsonaro, con 57 millones de votos.

El romance Bolsonaro-Moro terminó muy mal. El juez dimitió y, en conferencia de prensa, encendió el ventilador y detalló, esta vez sí con pruebas, los delitos cometidos por el utraderechista, y cómo el ex militar manejó el cambio de jefes de la Policía Federal para encubrir sus crímenes y los de su familia. Esta denuncia sustancia algunos de los cuarenta pedidos de destitución. Los analistas políticos más jugados ya se preguntan “¿Hasta cuándo va a estar en el poder Bolsonaro?” Y hasta los medios hegemónicos que alguna vez lo apoyaron hoy piden que se vaya.

Allanan la cueva de los trolls de bolsonaro

Según informó el diario Página 12, la Policía Federal de Brasil allanó este miércoles residencias de empresarios, políticos y blogueros aliados del presidente.

El procedimiento se realizó por la Corte y en el marco de una investigación sobre el financiamiento y divulgación de noticias falsas.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó el operativo mediante el cual investigará a una red que se dedica a amenazar en forma constante a los miembros del máximo tribunal brasileño, cuyo cierre es pedido todos los fines de semana desde principios de marzo por manifestantes bolsonaristas en Brasilia, bajo el apoyo irrestricto del propio mandatario, informó Página 12.

“La Policía Federal está acatando órdenes judiciales como parte de la instrucción de la investigación 4.781 en el STF”, informó el cuerpo de seguridad en sus redes sociales. El caso 4.781 se refiere a las investigaciones que la Corte comenzó el pasado mes de marzo sobre las “noticias falsas, ofensas y amenazas que afectan a la honorabilidad y a la seguridad” del tribunal, sus miembros y las familias de estos. Los agentes salieron a las calles para cumplir 29 órdenes de allanamiento en seis de los 27 estados brasileños, señaló Página 12.

Según se informó oficialmente, el diputado paulista Douglas García, del ala oficialista del Partido Social Liberal, el magnate Luciano Hang, dueño de la cadena de importados Havan, y el corrupto confeso Roberto Jefferson, titular del Partido Trabalhista Brasileño, aliado de Bolsonaro, fueron los blancos principales del operativo. Estas personas son consideradas parte del nuevo poder brasileño, que desde 2018 alimentan las campañas virtuales del bolsonarismo, y fueron claves para su victoria electoral.

Hubo allanamientos asimismo en los domicilios de otros dos personajes populares de la extrema derecha brasileña: el periodista Allan dos Santos, del blog Terça Livre (Martes Libre) y la ex militante feminista Sara Gironimi, que adoptó el nombre de Sara Winter a partir de una líder de la extrema derecha británica. Actualmente, Winter comanda un campamento en Brasilia llamado «300 de Brasil», que según ella se encarga de adoctrinar a la población contra el comunismo. Esta joven de 27 años visita habitualmente al presidente Bolsonaro en la puerta del Palacio de la Alvorada, informó Página 12.

En el marco del operativo, De Moraes, uno de los once magistrados de la Corte, ordenó además que la Policía Federal tome declaración el próximo martes al ministro de Educación, Abraham Weintraub, para que explique algunos comentarios ofensivos pronunciados contra ese tribunal.

Weintraub, en una reunión ministerial cuyo contenido fue revelado por orden judicial en el marco de una investigación por sospechas de posibles “interferencias ilegales” de Bolsonaro en la Policía Federal, se pronunció duramente contra la Corte Suprema: “Por mí, pondría a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF”, habría dicho el ministro. Según De Moraes, esa declaración es “gravísima” y debe ser esclarecido en qué contexto fue insertada por el ministro: hay, como mínimo, indicios de delitos de difamación e injuria.

Fuente: El Eslabón

 

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