Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

¿Cómo se piensa lo posible? es una pregunta de la pandemia. La irrupción del proyecto de rescate a Vicentin insertó a la Argentina en este otro universo: una revisión de todo tal y cómo venía funcionando. Y surgió la posibilidad de hallar una salida a la crisis en el abordaje de una empresa caída en desgracia que es un emblema del gobierno que se fue, ese mismo gobierno que dejó una recesión y un default en medio de un mundo roto.

La determinación primaria apunta a preservar los puestos de trabajo y sostener la producción. Desde ahí se desenvuelven las conversaciones en torno a la estructura de gestión futura de Vicentin. El presidente Alberto Fernández afirmó que espera “propuestas superadoras” antes de enviar el proyecto al Congreso, pero la tensión en la zona núcleo se activó de inmediato: en su región de confort, la oposición desplegó desde los medios, las redes y las calles, las fuerzas contenidas que ya había amagado mostrar durante el lock out fallido de marzo pasado.

Los términos de la disyuntiva entre “expropiación sí” o “expropiación no” traen un debate que favorece la amenaza de “una nueva 125”. Ahí, Córdoba y Santa Fe, con aporte de masa crítica y votos parlamentarios, son las llaves para destrabar un asunto que se enredó innecesariamente. El enfrentamiento entre polos oculta la densa trama hacia abajo, una visceralidad para la que no alcanzan los fondos de asistencia girados oportunamente y exige acuerdos políticos de otro grado y forma.

A la atmósfera santafesina se agrega la reforma del impuesto inmobiliario rural impulsada por el diputado provincial Leandro Busatto, que propone una rebaja a la mitad para los propietarios menores, fijando la unidad económica en 120 hectáreas. En la provincia, hay 2 mil propietarios que concentran el 60 por ciento de las tierras rurales, y son 17.500 los que forman parte de las capas de medianos y pequeños.

En marzo, el conflicto mermó al anunciarse un esquema de segmentación de retenciones que reducía la carga a las franjas inferiores de la producción y restaba bases sociales a los focos antagónicos. El proyecto de Busatto supone también el retorno en inversión para infraestructura rural, un costo adicional para la producción que va desde las dificultades para el acceso y la circulación hasta las inundaciones.

Desde acá y desde allá

El gobernador Omar Perotti maniobra al borde de un conflicto que puede estallar ante el menor descuido. Por eso las reuniones con Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y los sindicatos aceiteros introducen un factor de provincia adentro en una discusión cada vez más enrarecida desde las ciudades.

Es la reconciliación posible con una franja de pequeños y medianos productores, los profesionales del sector, la capa media del empresariado rural, los contratistas y comerciantes de insumos, repuestos y herramientas, un ápice de conformidad donde se aloja el carozo del 40 por ciento de los comicios de octubre del año pasado, el nudo nunca desatado del 2008. Un efecto de la caracterización sin matices entre las élites agrofinancieras y ligadas a la especulación con la tierra, y los sectores de la base productiva de la agroindustria.

La imagen del campo que se manosea, es la que desciende desde las grandes ciudades donde se licúan en inversiones especulativas los recursos generados en los campos. Y sin retornos: el sistema tributario implica una lógica unitaria previa a la de los discursos. Las provincias recaudan solo un 37 por ciento con impuestos principalmente indirectos. La participación de Santa Fe en el futuro de Vicentin remedaría la coparticipación desigual y reconocería el rol de los actores que integran el ámbito de producción de la empresa.

La deuda de Vicentin afecta a 1.895 productores de nueve provincias. El 40 por ciento son de Santa Fe y representan el 63 por ciento del pasivo. Las 102 entidades cooperativas a las que Vicentin quedó debiéndoles más de 9 mil millones de pesos, tienen sede y desarrollan sus actividades en el interior del país. La lista de acreedores de la empresa que publicó el periódico santafesino Pausa especifica que el hueco a las cooperativas agrarias alcanza los 7.762 millones de pesos y afecta a 41 cooperativas de Santa Fe, 27 de Córdoba, 15 de Buenos Aires, 8 de Entre Ríos, 4 de Chaco, una de La Pampa y una de Tucumán.

A la vez, en Santa Fe, Vicentin deja una deuda con API de más de 104 millones de pesos y otras acreencias con municipios y comunas. En San Lorenzo quedó una deuda de 17 millones, en Avellaneda de casi 4 millones de pesos. En Ricardone, donde tiene un puerto, debe $191.887 y en Rosario $189.599. Incluso, tiene una deuda de 5 mil pesos con la comuna de Lanteri. De modo que una estatización de la firma sin nuevos mecanismos de coparticipación podría generar resistencias, aún en aquellos que se verían favorecidos con la garantía de cobro.

El ruido de afuera

La imitación porteña conduce al desconocimiento de lo propio. Suena como un grito desesperado en respuesta del grito amplificado en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el factor provincial entró primero como cautela del Ministerio de Producción santafesino, luego como intento de acercar posiciones y examinar alternativas posibles, alejadas de conceptos artificiales y énfasis ideológicos que ni siquiera rozan soluciones efectivas.

El gobierno nacional se sorprendió a sí mismo con una decisión histórica improvisada sin considerar el territorio. Sin embargo, la centralidad del asunto no se diluye por las casi nulas consultas previas. El trabajo político por delante será el de contener a los sectores afectados y víctimas del gobierno de Cambiemos que arrodilló a la producción nacional y utilizó la energía productiva de la provincia para defraudar financieramente al Estado y fugar capitales. Si el eje se mantiene en la herramienta jurídica y las chicanas entre porteños, el conflicto puede escalar en intensidad y el objetivo gubernamental verse frustrado.

En la mesa del gobierno provincial se da el diálogo viable para sostener el proyecto de ley. La salida más efectiva del laberinto es no ingresar a él. El entusiasmo es traicionero en momentos decisivos. Pero el exceso de moderación puede transformarse rápidamente en derrota. La opinión de Santa Fe y el lugar estratégico para los intereses provinciales son el amortiguador político de los sectores productivos y las estructuras organizativas del interior. Y es el instrumento de acuerdo para aislar al sector irreductible con su grito sin eco desde un balcón céntrico de la ciudad.

Fuente: El Eslabón

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