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La seccional local del gremio de trabajadores estatales aseguró que la reunión entre la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, y el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, “hace peligrar los carriles institucionales del Estado” en los casos de abuso sexual y maltrato infantil.

“Nosotros fuimos personalmente a pedirle a las autoridades de la Iglesia que las denuncias estén donde corresponden. Ellos entienden que la legislación los obliga a entregar la documentación”, argumentó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, tras la reunión que mantuvo con el arzobispo Martín.

A principios de julio se dio a conocer la creación, al interior de los Arzobispados de Santa Fe y de Rosario, de un sistema de recepción de informes y denuncias de casos de abusos cometidos dentro de la Iglesia Católica. “Esto generó el alerta de nuestro gremio, ya que incluyó en el temario la conformación de comisiones internas que reciban informes y denuncias por abuso sexual y maltrato infantil”, indicaron desde ATE Rosario.

“El visto bueno de la Secretaria de Niñez para la conformación en el Arzobispado de Rosario y Santa Fe de comisiones internas que reciban informes y denuncias por casos de abusos sexual y maltrato infantil donde estén involucradas a personas de la Iglesia Católica, nos da cuenta de una direccionalidad que hace peligrar los carriles institucionales del Estado y genera un retroceso en los derechos de la niñez en nuestra provincia”, agrega el escrito sindical.

Desde el gremio que conduce Lorena Almirón remarcaron que “los mecanismos pertinentes para tales denuncias son, sin opción, los del Estado, del Ministerio Público de la Acusación, desde donde en los últimos años se implementaron oficinas como la de unidad de Delitos Sexuales, que trabajan con herramientas jurídicas especiales y compromiso en la materia”.

Desde la entidad gremial consideraron que el área de Niñez “no es un campo de disputa”, ya que la y el niño “es un sujeto de derechos plenos, que deben ser garantizados por el Estado”. Y añadieron: “En nuestro país existen más de 100 curas que fueron denunciados por abusos sexuales. En nuestra provincia casos como el del cura Néstor Fabián Monzón, condenado (después de un largo proceso y sufrimiento de les niñes) a 16 años de presión, son la expresión de un entramado de complicidad y ocultamiento que solo pudo salir a luz por la intervención de actores civiles e instituciones del Estado”.

“La Ley 26.061 de Protección Integral de los Niños/as y Adolescentes es el marco de derechos y garantías que el Estado debe concretar, no las iglesias, ni las instituciones privadas”, insistieron desde la Asociación de Trabajadores del Estado. “Por ello exigimos –continuaron– a quienes tienen el compromiso y obligación de ejercer la política pública que garanticen los derechos de nuestra niñez”.

“No sólo esperamos que no sea así, sino que nos opondremos firmemente a que sea la Secretaria Provincial de Niñez la que genere un retroceso en los derechos ganados con tanta lucha y sobre el padecimiento de tantes niñes abusados”, sostiene el comunicado, y concluye: “Denunciamos que la intencionalidad de generar vínculos desde la Secretaría de Niñez con la institución Iglesia avala prácticas que día a día luchamos porque sean desterradas: el silencio, la clandestinidad, el ocultamiento. Iglesia y Estado deben ser asuntos separados”.

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