La violencia urbana se reconfiguró. Crece en nivel de agresión y recrea sus modalidades con mayor intensidad en los barrios populares, como las balaceras y el dolor de las absurdas muertes jóvenes del narcodelito. El nivel de gravedad se infiere de la decisión del gobierno provincial: activó la Emergencia en Seguridad y la dotó con mil millones que, además de lo operativo, financiarán programas comunitarios. El Concejo fue esta semana caja de resonancia de la angustia de los vecinos y el tema, una agenda abierta.
“Nosotros necesitamos intervenir seriamente en nuestros territorios, protegiendo a las vecinos y vecinas y en lo que significa una reestructuración de las fuerzas policiales y la justicia que está viviendo un cimbronazo, con la destitución de algunos fiscales, y también lo que significan las prácticas políticas”, explicó la concejala Norma López (Frente de Todos – PJ).
Sin dejar de mencionar como parte del hostigamiento que sufren los barrios, la investigación de liberación de algunas zonas.
Además, manifestó su confianza en la agenda del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, como la democratización de las fuerzas policiales, mayor formación y capacitación, así como una estructura más sólida al momento de controlar. “Pero son medidas que van a tener cambios importantes en lo mediato, nosotros necesitamos la inmediatez de lo que hoy significa el patrullaje de los barrios, y que no puede ser que los vecinos sepan donde están los sectores de la economía delictiva y que el Estado no lo sepa”, enfatizó.
Por su parte, la edila de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, expresó: “Estamos al tanto de la angustia que generan no sólo las balaceras en los barrios populares de Rosario, sino también la cantidad de casos que nos llegan de usurpaciones a viviendas que se dan de forma violenta porque hay mecanismos que ya parecen preestablecidos, amedrentando primero a las familias y después con disparos a viviendas particulares”, describió. Y profundizó las capas de análisis.
“Entiendo que pueden ser parte también de una reacción a definiciones políticas que se están tomando en materia de seguridad. Es la primera vez que se presentan proyectos de leyes concretos en la Legislatura que tienden a generar una reforma integral en las fuerzas policiales”, señaló la edila, y fue por más: “Me hago cargo de lo que digo, no es casualidad que hubo una balacera frente a una comisaría, hay cosas que están ocurriendo y que alguien que tiene estudiado algo en materia de seguridad, se da cuenta de que no son casuales”.
“Lo que estamos viviendo también es parte de la pesada herencia recibida hasta diciembre del año pasado. La verdad es que estamos en un momento bastante convulsionado en la provincia, no sólo por lo que estamos analizando sino por tener fiscales presos sospechados de corrupción y que por la muerte de Franco Casco, que nos encontró haciendo marchas, se descubre que a los abogados que defendían a los policías sospechados de matarlo se les pagó con fondos reservados del Ministerio de Seguridad. Algunos de los que gobernaron hasta hace poco se están haciendo los distraídos, y deberían dar explicaciones”, aseguró.
Para Gigliani, es saludable que un Ejecutivo resuelva la Emergencia en Seguridad, porque es asumir el problema y porque permite generar las inversiones necesarias. “No sólo destinados a equipamiento de las fuerzas policiales sino también, y como plantearon el gobernador Omar Perotti y Sain, a fortalecer lo que son las políticas en seguridad comunitarias, que son fundamentales”, comentó. Y no pasó por alto que la ley de Necesidad Pública que contiene la medida, “costó mucho que se aprobara. Eso hay que decirlo, porque hubo una mirada pequeña y mezquina de quienes estuvieron hasta diciembre, que hizo que se tardara mucho en dar las herramientas necesarias al gobernador para diseñar e implementar las políticas necesarias”.
Desde el bloque Rosario Progresista, Susana Rueda fue categórica. “Estamos viendo con espanto lo que está ocurriendo en los barrios de la ciudad, pero específicamente en Ludueña, donde las balaceras por las peleas de bandas llegaron a las puertas de una comisaría. Hay un nivel de impunidad que está relacionada con la ausencia del Estado y sus políticas”, comentó. Y sumó datos por su vinculación con las organizaciones sociales, sobre un comedor de Ludueña que triplicó su demanda durante los últimos tres años: “Esa gente, que trabaja de manera incansable merece otro trato, otro cuidado del Estado”.
“Especialmente a las mamás que no pueden retener a sus hijos que son abducidos por las bandas narcotraficantes, primero con drogas y después los coptan como soldaditos para sus peleas territoriales”, señaló Rueda. Y dijo que desde que asumió, presenta informes relacionados con el Programa Nueva Oportunidad o “el nombre que le quiera poner el gobierno provincial, porque está orientado a chicos de entre 15 y 30 años, las principales víctimas en las disputas, y con su aplicación logró que se redujeran en un 45 por ciento en cuatro años. Pero desde diciembre se cortaron los fondos y los chicos dejaron de ir a los talleres donde se sentaban a hablar con sus tutores sobre sus problemas barriales, lo que les generaba pertenencia a otro colectivo que no fuera la calle”.
Ante este escenario, Rueda adelantó que ingresará un pedido de informes preguntando porqué “Perotti desecha los dispositivos que dieron resultado y no hace nada, y qué medidas está aplicando en Ludueña. Y si no las hay, recomendamos que las implemente. Gané con el voto de los barrios y tengo que responderle a la gente, exigir que hagan algo”, enfatizó, y remarcó que “en ocho meses hay cien muertos, no hicieron nada”.
Según Carlos Charly Cardozo, de Juntos por el Cambio, están viendo “con mucha preocupación lo que está pasando en la ciudad, no es algo que tenga que ver con esta gestión de la provincia, pero marca que recibió un desastre en materia de organización de la policía, mapa de prevención del delito y lucha contra el narcotráfico, a lo que agrega el problema de la justicia penal”, describió.
Además, dijo que el Ejecutivo hace anuncios positivos pero es incompatible sostenerlos con el discurso del ministro Sain, que dice cosas de más. No debería anunciarlas hasta no hacer los operativos, tampoco compartimos que diga que toda la policía es mala, la generalización no ayuda porque hay que articular con una policía capacitada y encuadrada a las órdenes del Ministerio de Seguridad, pero si sólo se muestra desconfianza, las cosas no van a funcionar”.
“En todas las sesiones sale el tema y se aprueban pedidos a la Municipalidad y la Provincia para distintas acciones que tienen que ver con la seguridad. Nosotros recepcionamos las inquietudes de la gente y las hacemos llegar a quienes correspondan, fiscales, jueces, al procurador. Diría que recibimos información casi a diario y tratamos de ser la cadena de transmisión de la angustia que nos llega de los barrios. Parece que no les gusta que se difundan los homicidios, pero es uno de los indicadores que muestran que las cosas tienen que mejorar”, analizó el edil. Y anotó como algo positivo, la denuncia sobre el pago a policías en el caso de Franco Casco.
Fondos para la urgencia
El gobernador Omar Perotti estableció esta semana el Programa de Emergencia en Seguridad, herramienta ya contemplada en el marco de la meneada Ley de Necesidad Pública votada el pasado 31 de marzo. La medida habilita el envío de casi mil millones de pesos para aplicar a construcciones, maquinarias, compra de equipos de seguridad, pero también al financiamiento de programas de seguridad comunitaria, con incumbencia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
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