Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

Aquella tarde de junio, cuando el presidente de la Nación anunció la intervención y el envío al Congreso del proyecto de expropiación de la cerealera Vicentin, parece un recuerdo lejano y hasta ilusorio. “Olvídense de lo que saben y crean en lo que ven”, decía un mago célebre.

De la iniciativa para recuperar la agroexportadora santafesina, darle participación al Estado nacional y provincial, y sumar a parte de los acreedores locales a la nueva gestión con el objetivo de contribuir a la “soberanía alimentaria”, queda únicamente un conflicto judicial que adiciona capítulos en los que se expresan los niveles de impunidad del que gozaron (y gozan) los dueños de la firma.

La reciente difusión de documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluye al valor de Avellaneda en la lista de empresas sospechosas de maniobras de fraude y lavado de activos provenientes de actividades ilegales a través de operaciones sospechosas.

Las transacciones reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro (FinCEN), abarcan operaciones que se llevaron a cabo entre 1999 y 2017 e involucraron un monto total superior a los 2 billones de dólares. La publicación se hizo en el portal BuzzFedd News y constó de 2121 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades estadounidenses.

La nómina en la que Vicentin comparte cartelera con otras celebridades como Odebrecht y llegó a manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (el mismo grupo que en 2016 reveló los Panama Papers), deja ver las inconsistencias entre el sistema de alertas bancarios y la realidad, donde los mecanismos de prevención suelen pecar de ciegos, sordos y mudos.

La investigación que produjo los documentos filtrados duró 16 meses. Es decir, se desarrolló mientras se desplegaba la estrategia de vaciamiento final de Vicentin en medio de la debacle financiera del macrismo.

No se puede hacer más lento

Esos agujeros negros del mundo del capital quedaron manifiestos la última semana cuando Vicentin finalmente presentó el balance 2019 mediante un correo electrónico en el cual adjuntaba el rechazo de Sergio Arelovich como veedor dispuesto por el banco Nación.

El 15 de septiembre, el juez Civil y Comercial N° 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, lo ratificó en el trío de veedores junto con Andrés Shocron y José Luis López Forastier. Vicentin cuestionó la designación de Arelovich por su rol como asesor de la Federación Aceitera, y lo recusó atribuyéndole estar “influenciado por una fuerte ideología que hace que tenga un montón de preconceptos con relación a la concursada”.

Junto con el balance, el directorio de la firma presentó su renuncia, uno de los puntos que habían sido solicitados por el gobierno provincial y luego confirmado por los acreedores internacionales. Antes de irse, el directorio de Vicentin intimó a Arelovich para que rectifique o ratifique declaraciones periodísticas en las que manifiesta que el “riesgo de quiebra de la compañía es alto”.

A su vez, la presentación de los estados financieros había sido solicitada por el juez Lorenzini en julio, cuando aún había expectativas con la participación estatal. Se trata de un instrumento fundamental para determinar cómo fue que la descomunal expansión de la empresa derivó en cesación de pagos durante el 2019.

Al promediar la semana, el juez del concurso presentó licencia por estrés y el balance no aparecía por ninguna parte. De acuerdo a lo que se pudo conocer a partir de información reconstruida por dos investigadores económicos que siguen la causa, durante el año pasado, la facturación de la empresa fue de 847 millones de dólares.

La confusión no es magia

Los documentos incluyen transacciones entre 1999 y 2017. La filtración provocó un derrumbe de las acciones de bancos como el HSBC o el Deutsche Bank. Las entidades europeas retrocedieron un 5,7 por ciento hasta alcanzar mínimos récords. La bolsa de Fránkfurt fue la más afectada en Europa, mientras que Wall Street perdió hasta 1,8 por ciento. También se derrumbaron el petróleo, los granos y la plata.

Mientras los acreedores internacionales de Vicentin impulsan la formación de un fideicomiso de composición plenamente privada, el Indec dio a conocer el número de la caída durante el segundo trimestre, que llegó al 19 por ciento, significando el hundimiento más grande de la historia económica argentina, aún peor que en 2002, se lo mida anualmente o desestacionalizado mes a mes, y la sangría de reservas continúa su avance aún después del refuerzo de restricciones del Banco Central.

En medio de esa crisis sin precedentes, con un clima de desconfianza que arrasa hasta la ínfima previsibilidad y con el tema Vicentin borrado de una agenda mediática, pareciera cumplirse la profecía que en agosto lanzara el ministro de Agricultura, Luis Basterra, cuando advirtió que la cerealera santafesina marchaba hacia la quiebra y, con tono de desazón, agregaba que el Estado “hizo todo lo posible para rescatarla y preservarla”.

Las tensiones ahora pasarán por la conformación de un nuevo directorio y la configuración que adquirirá la organización empresarial que derive de tales negociaciones, donde probablemente sean los actores vinculados a los capitales internacionales quienes tengan la palabra de mayor relevancia. La chance de una participación estatal en un área de la economía clave en la generación de divisas y la provisión de alimentos, se evaporó como en un pase mágico.

El comité de bancos acreedores, que acaparan un 40 por ciento del pasivo (unos 500 millones de dólares), está compuesto por seis institucionales con protagonismo mundial: la Corporación Financiera Internacional (parte del Banco Mundial); el Banco de Desarrollo (controlado por Holanda); Rabobank; Credit Agricole; ING; y Natixis. Probablemente sean ellos los que definan los lineamientos del futuro empresarial.

Sin embargo, el cataclismo a su alrededor no impide que la empresa siga teniendo influencia. A raíz de una denuncia presentada por Vicentin, la Procuración le quitó a la AFIP una de las herramientas fundamentales para fiscalizar las triangulaciones de exportaciones como mecanismo para evitar las cargas impositivas.

Precisamente, esas maniobras simbolizan a la perfección el proceso de fuga que dejó exhaustas las reservas y agudizó al máximo los efectos del estrangulamiento externo de la Argentina. Uno de los “greatest hits” de la cerealera santafesina que pasó de príncipe a mendigo en cuestión de unos pocos meses.

 

Fuente: El Eslabón

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