Las consecuencias políticas de las acciones del ministro Sain y una disputa de poder que aún no se resolvió. Audios privados, pruebas públicas, y una saturación de operaciones diarias.
Si uno de los objetivos de la presencia de Marcelo Sain en el gabinete de Omar Perotti era patear el hormiguero que combinaba especies políticas con criminales para hacerlo visible, puede considerarse que la tarea está siendo exitosa. Aunque en su desesperada huida, las hormigas también pican el pie del que las dispersó bruscamente, y tienden a volver a agruparse.
La disputa político-jurídico-mediática entre el Gobierno de Santa Fe y el bloque histórico de poder de la provincia –que combina transversalmente oficialistas y opositores- escaló un paso esta semana con la difusión de un audio privado del ministro de Seguridad, Sain, quien a la vez avisó que en un juicio oral se ventilaron grabaciones de un exjefe policial de Drogas Peligrosas acusado por narcotráfico, de las que se desprenden el apoyo que le brindaban actuales legisladores del Frente Progresista.
Trifulca de poder
El campo en el que se libra esa batalla es un terreno de operaciones políticas y mediáticas diarias y desenfrenadas en el que es ingratamente tortuoso separar la paja del trigo.
Debajo de la hojarasca se vislumbra una disputa de poder que nació antes de la asunción de Perotti, cuando uno de los bloques de senadores del PJ, el que lidera Armando Ramón Traferri, aprobó en acuerdo con los diputados del Frente Progresista, conducidos por el ex gobernador Miguel Lifschitz, el Presupuesto 2020 que debía ejecutar el rafaelino.
Desde aquella escena originaria –un mensaje político inequívoco-, aderezada luego con el rechazo legislativo de las leyes de “emergencia” que solicitaba el gobernador, la relación de fuerzas no se ha volcado irrevocablemente hacia uno de los espacios en disputa, sino que continúa con múltiples capítulos.
Uno resonante fue la acusación de los dos fiscales rosarinos a Traferri –con abundancia de indicios y elementos probatorios para, al menos, escuchar sus explicaciones- de brindar protección política a una organización ilegal liderada por el zar del escolaso clandestino, Leonardo Peiti. Obturado políticamente por ahora el avance investigativo, Traferri sintió el cimbronazo pero salió fortalecido.
En esa pelea Sain no es el objetivo, sino una mera ficha que hay que remover para intentar restablecer el equilibrio del tablero del poder real de la provincia, que funcionó sin estruendos hasta diciembre de 2019.
La difusión el lunes pasado del audio de Sain que hace un año le envió a un policía en privado -en el que apostrofa sin ninguna corrección política-, provoca un daño al Gobierno porque la explicación oficial queda rezagada ante la viralización de palabrotas y frases discriminatorias, de uso común pero de todos modos impropias.
Mucho más arduo para el sentido común mediático es explicar las autograbaciones del comisario Alejandro Druetta con el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el senador Lisandro Enrico, que no en 2012 protegía al robocop antinarcóticos y ahora a su colega Traferri con igual ímpetu.
Los audios se ventilaron en el juicio oral iniciado el año pasado en la Justicia Federal al narco confeso Ignacio Actis Caporale, “Ojitos”, que comparte acusación con Druetta –el policía mimado de Pullaro cuando estuvo a cargo de Seguridad- por dedicarse a los mismo, aunque uno tenía que perseguir el delito que el otro cometía.
Claro que no es lo mismo publicar audios con contenido discriminatorio y malas palabras, que eludir mediante acuerdos políticos –sólidos, perdurables- la persecución penal ante la acusación de integrar una organización criminal destinada al juego clandestino.
Por eso el Gobierno respaldó esta semana a Sain. No está dispuesto a perder a un soldado valioso en medio de la contienda. La difusión de los audios “es una operación berreta del Frente Progresista”, dijo el ministro de Gestión Pública y confianza personal del gobernador, Marcos Corach.
Conflicto de poderes
El conflicto político arrastró la semana anterior al Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Hay cosas que no pensamos que no iban a ocurrir en la provincia de Santa Fe”, dijo con cierto asombro el fiscal General, Jorge Baclini, durante una rueda de prensa junto a los cinco fiscales regionales.
Así se refirió a dos resoluciones votadas por el Senado cinco días antes. Una creó una comisión investigadora del desempeño de fiscales y defensores con facultades propias del Poder Judicial, como “conocer el estado de las causas judiciales” en trámite; “recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que son objeto de la investigación” y “requerir y recibir declaraciones testimoniales”.
Para Baclini, “esas facultades son una injerencia” en el MPA además de una “atribución de funciones ilegales” que, a su entender, revisten “una gravedad inusitada”.
La segunda resolución no es menos polémica. Se trata de una notificación enviada al juez rosarino Carlos Leiva, a cargo de las audiencias del legajo que investiga una red de juego clandestino en la que los pesquisas creen que está involucrado el senador Traferri, que le solicita que archive la causa.
Una “doble presión”, según Baclini, porque por un lado el Senado como cámara ordena una medida a un juez –integrante de otro poder el Estado- y, a la vez, está firmada por su presidenta, Alejandra Rodenas, que integra el Ejecutivo como vicegobernadora.
Contraofensiva
Envalentonados tras el rechazo del pedido de desafuero al senador Traferri, “El Pipi”, en diciembre pasado, el bloque de poder que integran peronistas y radicales en la Cámara alta y que funciona en tándem con la bancada del Frente Progresista en Diputados, avanzó varios casilleros el jueves 25 de febrero con la aprobación de ambas resoluciones.
El apoyo que recibió Traferri en aquellas decisivas jornadas de finales de 2020 se convirtió en contraofensiva.
Como lo señaló el eslabón, el propio abogado del cuestionado senador, el ex fiscal durante la última dictadura, José Luis Vázquez, adelantó lo que ocurrió ahora: “Esto no va a quedar así, no va a quedar así, la comisión de disciplina va a tomar cartas en el asunto. Vamos a pedir que se cite al Fiscal General (Baclini) para que dé explicaciones de cómo consiente actitudes como la de estos personajes”, dijo entonces en referencia a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, los sabuesos de Traferri.
Con argumentos de escasa juridicidad pero enorme triunfalismo, agregó que “los fiscales no pueden criticar al Senado de la provincia, son funcionarios de rango menor. Edery es un fiscal adjunto, y aparte es un chico”.
El propio senador los atacó en la sesión en la que se rechazó su desafuero con votos radicales y peronistas (Digresión: hicieron abstenerse a dos senadores de la UCR para que no fueran más los votos boinas blancas que peronistas los que impidieran que se sometiera a proceso penal al representante del departamento San Lorenzo).
“Cómo le voy a tener confianza a este MPA”, dijo entonces Traferri, si “tenemos fiscales que mienten”. La referencia a Edery, a quien acusó de “armarle causa a los dirigentes políticos, carpetazos”. También dijo que hizo “tareas de inteligencia interior”.
Con menos roce político que su cliente, el abogado Vázquez fue elocuente en aquellas jornadas sobre los objetivos políticos no confesables: “Perotti no va a terminar su mandato”, dijo, y obligó a Traferri a desmentirlo. ¿Dónde habrá escuchado el letrado esa frase que no debía pronunciarse públicamente?
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