Los delitos económicos y sociales que impuso La Forestal, y sus cómplices locales, siguen resguardados y ampliados. La complicidad del silencio y la ausencia del Estado.
“Delitos fiscales, estafas, usurpación de tierras, evasiones impositivas graves, elusión impositiva, fuga de divisas, el cohecho, el tráfico de influencias, enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos”, son parte de huellas que aún persisten en la historia regional vinculada a la Forestal, indica Marina Marsili, doctora en Economía.
En la cuña boscosa del chaco santafesino, surgieron desde 1904 asentamientos levantados por empresas británicas interesadas en la explotación de quebrachales. Desde 1913, La Forestal concentraba y monopolizaba la producción, sumando tierras, fábricas, trenes y puertos. Finalmente, en 1931, forman La Forestal Argentina, Sociedad Anónima de Tierras, Maderas y Ferrocarriles.
Entre 1919 y 1922, los reclamos por las condiciones de trabajo y salarios llevaron a los sindicatos a exigir mejoras. Pero los enfrentamientos dejaron -según los medios- entre 400 y 600 asesinados. Pero el silencio, como en otros casos, ocultó a responsables de la empresa y sus socios funcionarios, abogados, jueces y periodistas que se beneficiaron con aquel saqueo.
En tanto, Marsili -especialista en administración y contabilidad pública y contadora pública graduada en la UNR, indica que “el daño ambiental es también un daño económico, porque afecta recursos a futuro”.
Pero advierte que el cúmulo de múltiples delitos económicos cometidos por la empresa, “ha sido y es un punto débil de las investigaciones judiciales. Cuando la estructura de estos delitos económicos se sostiene en el tiempo se van diversificando las actividades, extendiéndose en territorios, se entrelazan los negocios legales e ilegales, pero fundamentalmente logran interrelacionarse con otros actores con mucha fuerza y esto conlleva que esa violencia silente tenga efectos muy nocivos, entre ellos un efecto corruptor en los distintos estratos de la sociedad, disminuyen los ingresos públicos por la evasión y elusión”.
Violencia silente
El 29 de enero se cumplieron cien años de la denominada “Revuelta obrera y popular en La Forestal”. En ese marco, durante todo el año se realizarán diversas actividades, como las organizadas por el Encuentro por la Memoria, la Identidad y la Reivindicación de los Pueblos Forestales.
El 26 de febrero último, en Villa Ana, Marsili, jefa de Investigación de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, y autora del libro Crimen, complejidad y economía, se refirió a la “violencia silente”.
Explicó que es la violencia que no se ve en los diarios y que suele estar asociada a múltiples delitos económicos, que ha sido y es un punto débil de las investigaciones judiciales. “Lo que vemos es que grandes grupos empresarios, a través de los lobbies que pueden generar, a pesar del daño ambiental y de ser sociedades abandonadas en situaciones que se puede presumir vaciamiento de empresas, consiguen llegar al Poder Judicial para concretar sus privilegios y dejar de ser investigados”.
Así apuntó al rol monopólico que tuvo la compañía británica en su historia en la región. En el sistema de transporte, en la producción, en la provisión de alimentos y servicios, en la comercialización del producto exportable, la empresa dominaba de manera absoluta. Entre los aspectos más cuestionables se encontraban sus prácticas que burlaban los controles y regulaciones de los estados provincial y nacional. Claro que a veces no se trataba de “burlar” controles, ya que funcionarios “amigos y socios” eran quienes permitían o acordaban esa “libertad de acción de la empresa”.
Tras varias comisiones investigadores que no aportaron documentación seria, en 1936 se destapó uno de los fraudes con mayor repercusión, relacionado con la estrategia de cambio formal de la empresa.
En 1966, La Forestal se fue del país argumentando la baja de los aranceles internacionales de la madera y el tanino. Ante ello y la falta de presencia del Estado, quedaron empobrecidos los pueblos y muchos se trasladaron a las periferias de ciudades.
La entrega y la complicidad
En la galería de los Grandes Traidores a la Patria, debe tener su lugar don Lucas González (Mendoza, 1819-1908). Fue político y economista, administrador de la Aduana de Rosario, en 1859. Llegó a ser ministro de Hacienda de Bartolomé Mitre (1864-1868) y de Nicolás Avellaneda (1875-1876). También hizo las veces de ministro de Relaciones Exteriores del mismo Avellaneda (1879-1880).
Gestionó créditos para sostener la guerra de la Triple Infamia (1864-1870), sobre la que opinaba que el objetivo era “obtener beneficios muy grandes para el comercio del mundo, en especial al comercio inglés que encontrará en el Paraguay libre y civilizado un gran mercado que explotar”.
Luego, en 1872, Santa Fe pide un empréstito a Murrieta & Cia de Londres para crear el Banco de la Provincia de Santa Fe. Desde dos años antes, el apoderado de la empresa británica era Lucas.
Con los años y la falta de pago de la deuda, el gobierno santafesino promueve una ley para saldar la deuda entregando a Murrieta tierras fiscales.
Al ser sancionada la ley, se establece que una persona idónea se encargaría de la ejecución. Y fue el mismísimo Lucas el designado, a pesar de ser también gestor del lado británico.
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