Las cifras de pobreza e indigencia son una catástrofe, agravadas por el rebrote del Covid. Por qué una reformulación de la tarjeta Alimentar podría combatir abusos en precios de comestibles.

El pasado 2 de abril el diario La Nación publicó un artículo en el que el periodista Diego Cabot (el fotocopiador de cuadernos) trata de “correr por izquierda” al gobierno nacional y en particular al ministro de Desarrollo Social de la Nación. En su nota, titulada La paradoja de Daniel Arroyo: combate la pobreza pero genera suba en los alimentos, el periodista afirma que al transferir dinero a los beneficiarios de la tarjeta Alimentar el gobierno convalida y aviva la inflación de precios minoristas de alimentos y bebidas. En este breve texto trataré de resumir una propuesta superadora que en marzo de 2020 le hice llegar, sin éxito, a funcionarios ligados al gobierno de Alberto Fernández.

Dado que, según el periodista, se transfieren unos 150 mil millones de pesos anuales en todo el país, el impacto de esa suma de dinero sobre los productos de la canasta básica alimentaria convalidaría las permanentes subas en sus precios. Al mismo tiempo, en su nota, Cabot sugiere que el Ministerio de Desarrollo Social utiliza intensivamente el mecanismo de la tarjeta Alimentar porque no ha logrado un dispositivo “eficiente, rápido y transparente” para comprar alimentos secos que podría distribuir en especie y al mismo tiempo fracasó en incentivar el uso de la tarjeta Alimentar en comercios de proximidad.

Los antecedentes del periodista y el medio en que publica hacen presumir que lo que impulsa la nota es la vuelta de las compras centralizadas y el beneficio para algunas estructuras que supongo podrían aportar pauta publicitaria. Sin embargo, dada la situación actual de la Argentina, con 42 por ciento de pobres y algo más de 10 por ciento de indigentes, más una posible vuelta a fase uno por el rebrote del virus y una posible reedición del ingreso familiar de emergencia (IFE) para millones de personas, ese no parece ser un camino deseable.

Por ello hago pública una propuesta que podría ser una patada en el tablero de la lucha contra la inflación de alimentos y bebidas. Adicionalmente se podría volver al objetivo de impulsar las compras en comercios de cercanía y, sobre todo, incorporar a pymes en el circuito de alimentos financiados por el Estado. Las pymes podrían ser beneficiadas tanto en lo que hace a las ventas de alimentos ligados a este programa como en el financiamiento para el crecimiento y desarrollo de las mismas. Y de este modo combatir una de las causas de los abusos en los precios de comestibles: la producción, distribución y comercialización, concentrada y cartelizada.

La propuesta es simple en su idea y, aunque compleja en su implementación, es viable dada la disponibilidad actual de herramientas tecnológicas y el uso intensificado de medios de pago electrónicos. Darían respaldo a la decisión de esta ruptura de décadas de abuso en la venta de alimentos no sólo los niveles récord de pobreza e indigencia, sino también los cientos de miles de millones de pesos de recursos estatales en juego (contando los tres niveles de gobierno), la urgencia en la lucha contra la inflación, la urgencia en la promoción de desarrollo de las pymes en general y de las alimenticias en especial.

Alimentos en la mesa (la propuesta)

El Estado debería dejar de transferir pesos dado que su objetivo es asegurar un mínimo de alimentos en la mesa de millones de argentinos. Tampoco tiene sentido el delirio logístico y el foco de corrupción comprobado de las mega compras centralizadas de alimentos secos de bajo valor nutritivo. Lo que debe hacer el Estado es acreditar unidades físicas de bienes mediante sistema de tarjeta/aplicación de celular y asegurarse de que puedan canjearse en cualquier comercio de modo simple y controlado. Es decir, esos miles de millones de pesos mensuales se convertirían en créditos de kilogramos de verduras/frutas, carne, litros de leche, etcétera.

Esto, además, tendría una ventaja adicional sobre el sistema actual, ya que el gobierno podría influir en las decisiones de qué compran los beneficiarios aplicando promociones especiales y no limitarse, como ahora, a ver qué tan bien o mal se usó la tarjeta Alimentar respecto del valor nutricional de lo adquirido. El Estado debería pagar esos alimentos con un determinado valor definido públicamente y acordado con todos los oferentes de esos productos, así como acordar los márgenes a acreditar a los distintos intermediarios.

Los pagos se realizarán de modo automático con la misma periodicidad que hoy se transfieren los fondos a la tarjeta Alimentar, es decir mensualmente, lo cual sin duda sería mucho mejor plazo que el que suelen imponer los hipermercados y cadenas de supermercados. Obviamente la definición de los precios de los productos sería de algún modo una guerra permanente, pero al menos en esa guerra el gobierno discutirá esos valores cara a cara con los formadores de precios y no como ahora que se limita a pedirle un pacto de caballeros. Pacto que, por sus resultados, ha demostrado que en esta área de la economía seguro no hay caballeros.

De manera adicional, las pymes podrían recibir pagos especialmente  incrementados, con menores plazos o beneficios fiscales asociados a su facturación por este medio y podrían utilizar esos flujos de venta para obtener financiación del Estado y así invertir para reducir el poder de los monopolios y cárteles. Se podría fomentar la venta directa de esas pymes a los consumidores e incluso combinarlo con los otros programas del Ministerio de Desarrollo Social vinculados a compras comunales.

Las herramientas tecnológicas no sólo están disponibles sino que en este último año la utilización de medios de pago electrónicos ha dado un salto que usualmente llevaría décadas. El beneficio de ese salto se encuentra hoy en manos privadas embarcadas en una guerra de promociones. Mientras tanto, el Estado parece confirmar la acusación típicamente liberal de ser “bobo” al no aprovechar esta coyuntura y sus miles de millones de pesos de transferencias para implementar un medio de pago propio y utilizarlo como herramienta simultánea para la lucha contra el hambre y la malnutrición, contra monopolios y oligopolios que abusan en los precios de los alimentos.

Instrumento que además permitiría apoyar activamente  el desarrollo de las pymes que no sólo ayudarán a ampliar la competencia sino que generarán empleo genuino y de modo federal. Las provincias y municipios podrían ser socios del gobierno nacional en el sistema y aportar promociones propias relacionadas con los productos de mayor consumo en su región así como apoyo a las pymes regionales.

Finalmente nada obliga a que este sistema se limite a los beneficiarios de asistencia social tradicional, ya que podrían sumarse como usuarios a los que reciben cualquier tipo de transferencias de dinero como asignación universal por hijo, IFE, asignaciones familiares, etcétera, e incluso, por qué no, abrir a la compra voluntaria del público de canastas alimentarias o productos a través de este canal facilitando los mecanismos de venta a pymes y controlando los precios efectivamente pagados no sólo por los pobres sino también por la clase media que busque hacer rendir su devaluado salario.

Para buscar antecedentes de este tipo de sistema no debe mirarse la historia de la URSS (Unión Soviética), sino un sistema mucho más rústico y rígido utilizado en la guerra por países centrales y desarrollados como Estados Unidos, las cartillas de racionamiento. Alguien podrá decir que no estamos en guerra, pero mi respuesta es que 42 por ciento de pobreza y 10 por ciento en un país con los recursos que posee Argentina no es una guerra pero sí una catástrofe y una que no es debida a la naturaleza.

Si a esto se suma la excepcionalidad del rebrote de la pandemia y un gobierno nacional en manos de un frente que asegura tener a los 44 millones de argentinos como prioridad uno, entonces se hace difícil que las autoridades no tengan en cuenta las palabras de Einstein: “Esperar resultados diferentes usando los mismos métodos representa locura”.

* Economista y docente universitario. Fue asesor de las presidencias del BCRA, Banco Nación, UIF y Comisión Pyme de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue investigador del Cefid-AR en el equipo de estudio de fuga de capitales conducido por Jorge Gaggero.

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