El país incaico elige nuevo presidente y legisladores del Congreso unicameral este domingo, en medio del rebrote de coronavirus que esta semana marcó nuevos récords y con un clima de gran inestabilidad política que viene de noviembre del año pasado. Desde entonces, han pasado tres presidentes, Martín Vizcarra, Manuel Merino y hasta el actual Francisco Sagasti, en medio de protestas sociales y represión.

En tanto, este domingo más de 25,2 millones de ciudadanos están habilitados para asistir a las urnas en Perú para elegir presidente, dos vicepresidentes, los 130 miembros del Congreso unicameral y cinco diputados al Parlamento Andino.

Las tendencias, según los últimos sondeos, marcan paridad entre al menos cinco candidatos: el centroderechista Yonhy Lescano, la izquierdista Verónika Mendoza, el derechista Hernando de Soto, el millonario ultraconservador Rafael López Aliaga y la hija del dictador Fujimori, Keiko.

Un estudio de la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio indicó a principios de la semana que la puja será reñida y que ninguno de los candidatos –en total son 18– se adjudicará la presidencia, por lo que habrá una segunda vuelta el 6 de junio.

Lescano, Mendoza y de Soto quedaban a la cabeza del lote en los sondeos del principio de semana, pero sobre el cierre de campaña creció Keiko, según publicó la consultora AtlasIntel.

Apenas más atrás, asoman el docente de izquierda Pedro Castillo y el ex futbolista centroderechista George Forsyth.

Ante las estrechas diferencias en porcentaje de intención de votos, el panorama de cara al sufragio se presenta muy abierto.

Perú está atravesando la cuarta ola de contagios, con reportes por encima de los 9.000 positivos diarios que suman 1,6 millones de casos y más de 54.000 muertes desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno central extendió hasta el 18 de abril las medidas implementadas para frenar los contagios, en vísperas de las elecciones.

Propuestas en pugna

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular (AP), impulsará una nueva Constitución, pues considera que “una hecha en dictadura, no se legitima”, y refiere que el Estado debe participar en algunas actividades empresariales, donde el sector privado no llega, a excepción del servicio de agua potable.

“El Estado debe participar en algunas actividades empresariales, por ejemplo, en la explotación del gas o del litio, o ¿por qué no hacer una línea área del Estado en lugares donde no llegan vuelos comerciales?”, indicó como parte de su compromiso de campaña, en el sitio La República.

Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú (JP), también apuesta por una nueva Constitución y que el Estado debe combatir los monopolios y oligopolios.  Mendoza dijo que impulsará un sistema de jubilaciones público y universal, pero promoverá el sistema de capitalización individual como una alternativa adicional con amplia competencia, para que no se cobren pensiones abusivas.

Anuncia, además, que creará un impuesto a la fortuna, pero “a los multimillonarios, aquellos que tengan fortunas acumuladas superiores a los 100 millones de dólares” y que apostará por una nueva minería que significa ordenamiento para definir dónde se puede hacer minería y dónde no, según La República.

En tanto Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, afirmó que, de llegar a la Presidencia, no compraría vacunas, sino que dejaría que la campaña sea impulsada por los sectores privados en una libre competencia.

“Yo no voy a dar las vacunas, los sectores privados comunitarios y las ONG van a competir el uno con el otro para dar las mejores vacunas tal como lo requiere la gente. Si es necesario, nosotros les vamos a dar un subsidio, pero no vamos a poner a un Estado, que no sabe organizar su vida comercial, a manos de distribuir vacunas. La dejó a la economía social de mercado”, indicó el economista liberal en entrevista al polémico periodista Jaime Bayly.

Por su parte, Keiko Fujimori –en libertad vigilada mientras la Justicia investiga si cometió lavado de activos–, candidata presidencial de Fuerza Popular, dijo que destrabará los grandes proyectos mineros para reactivar la economía, priorizando el agua para consumo humano, luego para agricultura y en tercer lugar para actividades extractivas. Para reducir los efectos de la dura cuarentena por la pandemia en la economía, propone ampliar horarios de atención de empresas de servicios, bancos y restaurantes para evitar aglomeraciones; y utilizar espacios abiertos en los negocios. Además ha anunciado que en un eventual Gobierno pondrá “mano dura” para combatir el crimen, al tiempo que impulsará una reforma policial.


Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, promete expulsar del país a la empresa brasileña Odebrecht que admitió sobornos en Perú para ganar obras públicas. Además dijo que renegociará el contrato de explotación de gas natural de un consorcio operado por la argentina Pluspetrol, para reducir su precio interno del combustible e impulsará la construcción de un gasoducto desde Bolivia. Fusionará ministerios y los reducirá a sólo nueve desde los actuales 19 portafolios. Entre los que eliminaría figuran el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Ambiente. Ultraconservador miembro del Opus Dei, rechaza abiertamente todo tipo de aborto, al matrimonio gay y a “la ideología de género”.

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