La causa por presunto lavado de activos derivada de la investigación por el asesinato del operador turístico Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020, en Santa Fe, apunta ahora hacia Rosario. Puntualmente a dos operadores financieros ligados al Grupo Carey –turismo y sociedad de bolsa– que fueron indagados por el juez federal Marcelo Bailaque, y al vínculo entre ese grupo, la mutual rosarina 29 de Noviembre y la financiera Cofyrco, cuyos socios fueron imputados en libertad por lavado de dinero tras la venta de dólares ilegales a un narco asesinado.

El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, pidió al juez Bailaque que resuelva la situación procesal de las diez personas citadas a declaración indagatoria, señaladas por presunto lavado de activos en una supuesta “cueva” que habría funcionado en Turismo Oldani, la oficina de la víctima, en la galería Rivadavia de la capital provincial.

Ocho de los sospechosos –entre ellos la hija y un yerno de Oldani (67)– se presentaron ante el juez el 4 de marzo pasado e hicieron uso de su derecho constitucional a no declarar. El 18 de marzo, el fiscal Rodríguez le pidió al juez que los procese o les dicte falta de mérito.

El 30 de marzo fue el turno de las indagatorias de los dos sospechosos que faltaban: Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, quienes también guardaron prudente silencio.

Vencido el plazo procesal para que Bailaque tome una determinación –diez días a partir de las indagatorias–, Rodríguez se la solicitó esta semana por escrito.

Dinero esfumado

Hugo Oldani, propietario de Turismo Oldani SRL, fue asesinado a balazos el 11 de febrero del año pasado en su oficina de La Rioja 2441.

La investigación se sustancia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Pero la pesquisa derivó en otra causa, por presunto lavado de activos, al constatarse a través de una fotografía policial, de la existencia en la oficina de unos tres millones de pesos y un millón de dólares en efectivo el día del homicidio.

El dinero desapareció de la escena del crimen y luego se descubrió que la fiscal Cristina Ferraro permitió el ingreso de Virgnia Oldani (hija de la víctima), su pareja José Luis Hernández y otras personas de identidad desconocida.

Según se determinó a partir de cámaras de videovigilancia de la galería, Ferraro estuvo esa noche en la oficina junto a la Policía.

Un informe de la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, señala que “en el lugar también se distingue a Virginia Oldani, su esposo José Luis Hernández y otras personas cuya identidad se desconoce”.

A las 0.57, cuando personal policial y civil estaba afuera del local, “vuelven a ingresar con extrema premura a la oficina. En primer lugar José Luis Hernández, luego Virginia Oldani y por último una mujer cuya identidad se desconoce, mientras el resto del personal policial y doctora Ferraro permanecen en el hall”.

El informe indica que “Hernández, Oldani y la mujer mencionada, ingresan sin ningún bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres personas del local cargando la mujer un bolso, Hernández una caja azul y una mochila y Virginia Oldani, un bolso. Luego se observa que un policía de AIC se acerca a la puerta del local y coloca la faja de seguridad”.

El dinero se esfumó delante de la fiscal Ferraro, para quien la auditora general del MPA, Cecilia Vranicich, pidió dos meses de suspensión.

Comisiones generosas

Tras una puja de competencia dirimida a su favor, el fiscal Rodríguez comenzó a investigar el presunto lavado de activos que se habría llevado adelante en “la cueva” de Oldani.

Para el fiscal, “se comprobó” que al menos desde 2018 y hasta el 11 de febrero de 2020 –fecha del crimen– el fallecido “desplegó distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas a los agentes autorizados del sistema financiero, junto al grupo de personas imputadas, quienes tampoco se encontraban habilitadas para realizarlas”.

Rodríguez sintetizó las “distintas maniobras” en cuatro habituales de las “cuevas”: colocar dinero a cambio de un interés con posibilidad de renovación; cambio de cheques con descuentos; colocación de recursos financieros para préstamos inmediatos, para préstamos garantizados contra la entrega de cheques y para préstamos en dólares con devolución en cuotas mensuales; y el ingreso o egreso de divisas al país “a cambio de una comisión de servicio calculada sobre el monto de la operación”, sostiene el texto.

Por esos hechos, el fiscal pidió al juez Bailaque las indagatorias –y luego los procesamientos– de Virginia Oldani; María José Calle; Carina Amelia Chelmo; Leandro Javier Forchetti; Flavio Damián Giulioni; Ariel Juan Trucco; Marcos Molinas; Eugenio Francisco Alonso; y los mencionados Ciochetto y Bacigaluppo.

Rodríguez sostuvo que los dos últimos, “en su carácter de operadores del Grupo Carey SA”, y de empleados registrados de la mutual 29 de Noviembre, “realizaron aportes jurídicamente relevantes” compatibles con el tipo penal de “intermediación financiera no autorizada”.

Para el fiscal, la intervención de los operadores de Carey se refleja “en la gestión de cuentas en pesos y en dólares que Hugo Oldani tenía en las firmas referenciadas (la sociedad de bolsa de Carey y la mutual), la percepción y entrega de sumas de dinero, la constitución de plazos fijos, compra y venta de divisas, recepción, cambio y cobro de cheques y realización de transferencias nacionales e internacionales de dinero requeridas por terceros, todo ello a cambio de generosas comisiones”.

Al negarse a declarar –pero haciendo uso de la palabra–, Ciochetto y Bacigaluppo aclararon que no eran operadores del Grupo Carey; y que no cometieron ningún delito.

Sin embargo, el fiscal señaló que “las expresiones de los desmemoriados imputados se encuentran controvertidas por el contenido de numerosas conversaciones” que mantuvieron con Oldani.

En ese móvil se encontraron mensajes enviados por Oldani a los de Ciochetto y Bacigaluppo, el de este último “registrado a nombre del Grupo Carey Sociedad de Bolsa”, y que “resultan reveladores de cada una de las actividades ilícitas descriptas”.

El vínculo entre la Mutual 29 de Noviembre –a la que están ligados Ciochetto y Bacigaluppo– y el Grupo Carey también fue puesto en evidencia por Oldani, en una conversación con el contacto “Tope”.

El 22 diciembre de 2018 esta persona le pide a Oldani un número de cuenta para hacer un depósito, a lo que el operador turístico responde: “Tienen que ir a Córdoba 1438 3er piso Mutual 29 de Noviembre, preguntan por Carlos Ciochetto y le dicen que es un aporte a la cta de Hugo Oldani (…) si los vagos son una mesa o una financiera de Rosario seguro, seguro que esta gente los conoce porque esto es la mutual que tienen…que tiene Carey para hacer algunas cosas en este color”.

Una presunción es que se haya tratado de una operación de “dólar cable”, similar a la del “contado con liqui” pero con fondos no declarados.

En su web, la Mutual ofrece a sus asociados beneficios en Turismo Carey y Estancia La Rinconada, un emprendimiento inmobiliario del Grupo en Ibarlucea.

El presidente del Club Estancia La Rinconada Polo & Golf es Patricio Carey, Pato, quien en la red Linkedin también se presenta como gerente del Grupo Carey entre febrero de 2014 y agosto de 2017, asesor financiero de la Mutual 29 de Noviembre entre septiembre de 2017 y agosto de 2019 y vicepresidente de Cofyrco SA.

Esa financiera fue allanada en 2020 por la venta de dólares ilegales comprados por el narco asesinado Marcelo Coto Medrano, una de cuyas operaciones por 17.600 la hizo el día que lo mataron, el 10 de septiembre pasado. En los meses previos había adquirido unos 35 mil en divisas, mientras la Justicia determinó que jamás tuvo actividad lícita declarada.

Por esa razón Pato Carey fue imputado junto al presidente de Cofyrco, Fernando Vercesi, y a otras tres personas, por lavado de activos y encubrimiento.

El fiscal Rodríguez le pidió al juez Bailaque “la urgente remisión de las actuaciones principales” para profundizar la investigación sobre otras 27 personas y determinar si existe algún vínculo entre el caso de presunto lavado en la causa Oldani con la de Cofyrco.

 

Fuente: El Eslabón

Más notas relacionadas
  • Agredidos y organizados

    Gremios de la CGT y la CTA y organizaciones sociales de Rosario resisten “las políticas de
  • Calentamiento local

    Abuelas e Hijos Rosario denunciaron amenazas a una abogada querellante en causas de lesa h
  • La reacción de los agredidos

    Con la complicidad de los medios mainstream que discuten sobre caniles, las organizaciones
Más por Luciano Couso
Más en Ciudad

Dejá un comentario

Sugerencia

Fuga en la Bolsa

El gobernador Pullaro pidió bajar retenciones al agro; recursos nacionales para infraestru