Las fugas de 10 internos en 40 días de la prisión de Piñero, una cárcel sobrepoblada, desnudaron las debilidades del sistema. Ni puerta giratoria ni condenas firmes. Un interno de alto perfil e inhibidores de señales selectivos.
Contra la idea más o menos extendida por algunos medios de comunicación y en el “sentido común” acerca de la existencia de una “puerta giratoria” mediante la cual quienes delinquen ingresan al sistema punitivo penal y vuelven a salir rápidamente, entre 2008 y 2020 la cantidad de personas privadas de la libertad –presos- se duplicó en las instituciones de encierro de Santa Fe. Uno de los efectos del aumento de la tasa de encarcelamiento es la sobrepoblación en las prisiones, de las cuales la Unidad Penal 11 ubicada en Piñero, de donde en 40 días se fugaron 10 internos, era a fines del año pasado la de mayor porcentaje de exceso, al albergar a un 40,6 por ciento más de detenidos que su capacidad. La evasión cinematográfica del domingo 27 puso la mirada pública sobre el sistema penitenciario, cuyo mantenimiento es costoso y no garpa en términos políticos. Por el contrario. Tres de las cuatro cámaras de videovigilancia de Piñero no funcionaban, las garitas miran hacia el interior del penal previendo intentos de fuga pero excluyendo el ataque externo –lo que ocurrió el domingo- y los inhibidores de señales afectan a los handies de los penitenciarios que no pueden comunicarse entre sí, a diferencia de algunos condenados de alto perfil que usan las celdas de seguros home office para pergeñar acciones delictivas extramuros con aceptable conexión a Internet.
El inicio de la pandemia de coronavirus puso de manifiesto, otra vez, el lugar socialmente asignado a los presos: su potencial peligrosidad, la temida capacidad de daño. Las empresas de comunicación que intermedian entre la “agenda de temas” y “la opinión pública” elevaron a nivel dramático –de “escándalo”- las posibles excarcelaciones frente a los riesgos de contagio en las cárceles, que son sitios cerrados y, habitualmente, despreocupados de los niveles razonables de higiene.
El tema se apagó, como dicta la lógica mediática dominante. El 15 de junio pasado, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe interpuso un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo para que las personas privadas de su libertad comprendidas en las categorías de grupo de riesgo, o con las edades requeridas, con o sin comorbilidades, sean incluidas en el plan provincial de vacunación contra el Covid–19.
Los presos habían quedado fuera del programa de inmunización y casi nadie lo advirtió. Encerrados no molestan y hasta dejan de ser sujetos de derecho (ver aparte).
Modelo para armar
La Unidad Penal 11 ubicada en la intersección de la ruta provincial 14 con esa segunda circunvalación que es la A-012, en jurisdicción de la comuna de Piñero, fue inaugurada en 2006 como “cárcel modelo”.
El edificio original tenía 30.870 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en cuatro prototipos de detención llamados mini-penal. En 2015 se le agregaron otros dos módulos de 5.200 metros cuadrados cada uno y se está terminando un hospital interno con 24 camas y diferentes especialidades médicas, según informó hace días el Gobierno santafesino.
Un trabajo estadístico realizado por el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, con datos hasta diciembre de 2020, revela que en la UP11 había entonces 2.041 internos, con una capacidad máxima para 1.452. Los 589 que sobraban conformaban una sobrepoblación del 40,6 por ciento, la más alta de los 10 penales que posee Santa Fe, además de la Alcaidía Regional y la Sala Penitenciaria.
De acuerdo a ese informe, el índice de sobrepoblación carcelaria promedio en la provincia era del 15,6 por ciento, una nimiedad al lado del 50 por ciento que habitualmente posee el sistema penitenciario bonaerense. Piñero, en cambio, mostraba una sobrepoblación más parecida a Buenos Aires.
Como es más o menos frecuente, más de la mitad (52,3 por ciento) de las personas privadas de la libertad en cárceles santafesinas no tenía condena a diciembre de 2020, sino que cumplía prisión preventiva.
En 2008 ese porcentaje fue del 56 por ciento y en 2015 –el segundo año de funcionamiento del nuevo sistema procesal penal de la provincia- se redujo a 41,3, uno de los niveles más bajo de la serie analizada por el Observatorio de Seguridad Pública, que comprende el período 2008-2020.
Es decir que de las 7.598 personas privadas de la libertad en diciembre de 2020, 3.978 esperan que el proceso penal determine si son culpables o inocentes.
El número de presos y presas –el 96,7 por ciento de los detenidos en cárceles santafesinas son varones- no paró de crecer desde 2008. En una escalera ascendente que sólo exhibe un descenso entre 2014 y 2016, en los últimos doce años el número de presos en el sistema penitenciario provincial pasó de 3.794 a 7.598. Se duplicó.
Lo más valorable del análisis realizado por el Observatorio es la reducción de otro de los problemas más o menos estructurales: los presos en comisarías.
Si bien entre 2019 y 2020 hubo un salto importante –pasaron de 510 a 940 detenidos- la serie permite observar que desde 2013 el descenso de la participación de las comisarías como lugares de encierro más o menos permanentes es marcado.
10 en 40
En ese contexto, en los últimos 40 días se produjeron dos fugas de 10 internos en el penal de Piñero, el más moderno del sistema penitenciario santafesino.
La primera ocurrió el 17 de mayo cuando dos internos escaparon durante las visitas de dos mujeres en los carros que se emplean para ingresar alimentos y otros elementos a los detenidos.
Esa fuga ocurrió a media tarde y estuvo protagonizada por Carlos D’Angelo y Hugo Peralta, dos condenados que cumplían sentencia en la UP11. D’Angelo, condenado por homicidio, fue recapturado dos días después en una casa de Villa Gobernador Gálvez, mientras que Peralta permanece prófugo.
Según la investigación de la Fiscalía, ambos fueron trasladados por sus visitas en carros, tapados por cajas de cartón, para lo cual atravesaron al menos seis puntos de control sin que el personal del Sistema Penitenciario lo advirtiera.
Por esa fuga fueron imputados con prisión preventiva diez miembros del Servicio Penitenciarios, entre ellos el jefe del penal, aunque siete de ellos fueron liberados la semana pasada por no poder probarse que haya existido intención en el facilitamiento de la evasión, sino negligencia en sus acciones.
Si esa fuga encuentra analogías con algún capítulo de la serie televisiva Los Simuladores, la del domingo 27 de junio tiende más al género de acción de la industria cinematográfica.
Por lo que el fiscal Franco Carbone, a cargo de la investigación, pudo averiguar hasta ahora, la evasión se produjo alrededor de las 5 de la tarde cuando al menos tres personas llegaron en un Peugeot 308 hasta un camino lateral de la prisión, que está ubicada en un descampado.
Con una amoladora cortaron el tejido perimetral del penal e ingresaron a los tiros. Portaban, al menos, un revólver, una pistola ametralladora FMK3 calibre 9 mm., una pistola calibre 380 y otra 11.25, según describió el fiscal el miércoles al imputar por la evasión a tres de los cuatro recapturados.
Luego de 200 metros, y tras haber sobrepasado cuatro de las garitas de control mientras disparaban, se apostaron debajo de la número 5 del Módulo D del penal.
Dos siguieron disparando contra el personal del Servicio Penitenciario, que repelió el fuego, mientras el tercero realizó un corte con la amoladora en el segundo cerco perimetral, atravesando el cordón que lo separa del siguiente tejido alambrado, y perforó este último realizando la misma maniobra”, dijo Carbone.
Paralelamente, ocho internos que se encontraban en el patio del pabellón 14 del Módulo D, comenzaron a lanzar elementos contundentes al efectivo de la garita 5 y realizaron, ellos también, un corte en el cerco metálico que defiende el mismo.
Tras atravesarlo, se unieron al grupo de apoyo externo y escaparon en el mismo vehículo que habían llegado, pero más cargado. En la refriega cayó uno de los que llegó desde el exterior, identificado luego como Walter Soraire. Aún no se pudo determinar si fue baleado por el Servicio Penitenciario o sufrió “fuego amigo” en la balacera cruzada.
De los ocho evadidos tres fueron recapturados al lunes siguiente y un cuarto, Ezequiel Romero, se entregó el miércoles, luego de que la Agencia de Investigación Criminal allanara su domicilio.
Los tres primeros, Joel Rojas, Sergio Cañete y Alejandro Schmittlein, fueron imputados por evasión y portación ilegal de armas. También otras dos personas, una mujer y un hombre, recibieron cargos por encubrimiento y resistencia a la autoridad, al intentar sin éxito escapar de un control policial en un Honda Civic en cuyo baúl viajaban armados Rojas y Cañete.
Cabeza morena
Aunque no hay aún claridad total sobre el asunto, los investigadores creen que el cerebro de la fuga fue Claudio Javier Morocho Mansilla, un presunto narco de 38 años que desde cinco días antes de la evasión enfrentaba un juicio oral por un doble crimen, en el que estaba imputado como autor.
También fue acusado, en mayo pasado, de ordenar desde la cárcel de Piñero –en la que está detenido desde fines de 2018- otro asesinato, por el que habría pagado al ejecutor 100 mil pesos, además de brindarle un vehículo y el arma homicida.
El fiscal Carbone pidió esta semana la captura internacional de los cuatro evadidos que aún no fueron recapturados, bajo la hipótesis de que Mansilla podría intentar emigrar a Paraguay, donde mantiene contactos del negocio ilícito de la comercialización de estupefacientes, según se desprende de otra investigación.
El 6 de diciembre de 2018, Mansilla fue detenido en una vivienda de calle Buenos Aires al 600 de Capitán Bermúdez, la misma en la que su pareja, Jésica Fea González, cumple prisión domiciliaria.
Un año y medio después, ese domicilio fue allanado en una causa por venta de drogas que instruye el fiscal federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, para quien se trataba del lugar en el que una banda de esa ciudad se proveía de los estupefacientes. Esa vivienda también fue baleada en febrero pasado mientras González cumplía prisión domiciliaria, aunque no hubo heridos. Era sólo un mensaje.
Mansilla está acusado de ser el presunto autor de los homicidios de Kevin Neri (16), y Lucas Ozuna Bubacar (18), asesinados a tiros desde un automóvil el 23 de septiembre de 2018 en un pasillo de Lima al 2100, al que salieron engañados por un adolescente que les dijo que quería hablar con ellos.
El martes de la semana pasada comenzó el juicio oral por el doble crimen, en el que la fiscal Marisol Fabbro pidió 25 años de cárcel para Morocho, quien según la investigación al día siguiente del doble crimen baleó a familiares de las víctimas.
Mansilla también está acusado de ordenar desde la cárcel que se fugó el asesinato de Mauricio Ezequiel Gómez (21), también baleado desde un automóvil el 26 de abril pasado en Colombia al 500 bis.
En la audiencia imputativa realizada el 14 de mayo, el fiscal Gastón Ávila señaló que desde “el pabellón N° 14 de la Unidad Penitenciaria de Piñero, le ofreció a Ulises Nicolás O. la suma de 100.000 pesos a cambio de que lleve a cabo el homicidio de Mauricio Ezequiel Gómez”.
Sostuvo que Morocho también “se encargó de poner a su disposición su vehículo y un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm para realizar el delito encomendado”.
La investigación incluyó escuchas telefónicas en las que Mansilla le informa al sicario que espera confirmación del hecho, pero que le dicen “uno en la panza y seis en la pata”, en relación a los balazos que recibió Gómez. El sicario se muestra sorprendido y le responde “Naaa, si le dimos con todo cumpa, le descargamos la pistola”. Luego muestra cierta debilidad en sus argumentos al preguntarle al preso si el arma que empleó carga diez municiones, a los que Mansilla responde lacónico: “Trece”.
Inhibidor selectivo
Antes que ese caso que involucra a Mansilla, la historia criminal reciente evidencia el rol que la prisión juega para algunos cabecillas de organizaciones ilegales.
Máximo Guille Cantero, último jefe de lo que se conoció como la banda Los Monos, acumuló más condenas por delitos cometidos desde la cárcel –narcotráfico, balaceras, extorsiones y un secuestro- que las que lo sancionaron por hechos ocurridos mientras gozaba de libertad ambulatoria.
Fabio Giménez, detenido en la Unidad Penal 3 de Rosario, fue imputado hace un mes como jefe de “una empresa de sicarios” por acordar asesinatos a cambio de dinero desde la prisión. El caso más resonante fue el del dueño del laboratorio rosarino Nutrilab, Lucas Farrugia, quien le ofreció 500 mil pesos para matar a un ex empleado devenido en competidor.
Por un crimen ejecutado, Giménez cobró 370 mil pesos, una moto y una pistola; por la planificación del asesinato del empresario había pedido 500 mil y para balear a otra persona pasó un precio de 40 mil –tras rechazar un pago en flores de marihuana- por “tres tiros en la pierna”.
También en el asesinato del ex concejal de Ciudad Futura, Eduardo Trasante, apareció como uno de los organizadores del crimen un detenido en la UP11 de Piñero: el Peruano Julio Rodríguez Grathon, un piloto de aviación de 27 años considerado un capo narco de la ciudad.
Según el fiscal Carbone, que investiga la evasión de los ocho reclusos, los inhibidores de señal de la cárcel impidieron la comunicación por Handy del personal del Servicio Penitenciario. Por lo que se ve, se trata de una tecnología selectiva, como el sistema penal.
Privados de la vacunación
Entre tantos pedidos sectoriales para obtener vacunas contra el coronavirus, el Servicio Público de la Defensa Provincial de Santa Fe advirtió que la población carcelaria había sido excluida del plan de inoculación.
A mediados de mes, su titular, Jaquelina Balagione, interpuso un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo para remediar esa exclusión.
En el escrito, considera como “una omisión discriminatoria la decisión de la autoridad sanitaria provincial por no instrumentar los mecanismos para inocular a la población carcelaria que reúne las condiciones exigidas por el plan general, teniéndose en cuenta que muchas personas podrían estarlo si se encontrasen en libertad”.
Agrega que “el procedimiento implementado por la provincia para el acceso a la vacuna exige que cada persona formule su inscripción completando una declaración jurada a través de un sitio web. En ese sentido, es preciso considerar que las personas privadas de su libertad no poseen dispositivos con conexión a internet para realizar este tipo de trámites”. Como el sistema penitenciario reproduce las dinámicas de desigualdades del exterior, eso sólo ocurre a veces.
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