El reemplazo de Frederic por Aníbal Fernández en Seguridad realimenta las esperanzas de la Casa Gris. Un plan para las fuerzas federales, más que su acumulación compulsiva. La reunión con Sain, el ex que plantea una “intervención agresiva”.
La decisión política del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de intentar desanudar el lazo que ata al crimen organizado con la complicidad institucional recibió un espaldarazo esta semana mediante el nuevo ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, que no sólo recibió al mandatario apenas asumió sino que además agendó un encuentro con su “amigo” Marcelo Sain, el ex ministro local del área y actual director del Organismo de Investigaciones (OI). Esa reunión significa un apoyo explícito a la tarea realizada por el ex integrante del Gabinete cuya gestión apuntó, entre otras direcciones, hacia el vínculo más o menos oculto entre el visible sicariato que riega las calles con sangre y la circulación de la alta rentabilidad del comercio de estupefacientes que pierde nitidez en los pasillos de las cuevas, las mesas de dinero y las inversiones automotores e inmobiliarias.
Si bien existen especulaciones sobre una posible propuesta del gobierno nacional a Sain para realizar tareas en la administración federal, el encuentro entre Aníbal y Marcelo supone un claro apoyo a la línea desarrollada por Perotti y su ex ministro, que entre otras cosas puso entre las cuerdas al senador provincial del departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri, en una causa por juego clandestino y financiamiento ilegal de campañas proselitistas.
Traferri espera que la Corte Suprema de Justicia santafesina, con algunos de cuyos integrantes el senador se fotografío en actos oficiales mientras era investigado judicialmente, revoque el fallo de segunda instancia que declaró inconstitucional una parte de un artículo de la carta magna provincial y otro de la ley de fueros, relativo a la inmunidad de proceso de la que pueden gozar –o no, como sostuvo la resolución– los legisladores locales durante el ejercicio de la función parlamentaria.
Perotti también salió robustecido de las elecciones internas del 12 de septiembre con el triunfo de sus precandidatos –mediante una holgada diferencia de votos– sobre la lista liderada por Agustín Rossi, que entre otros contaba con el apoyo de los senadores provinciales guiados por Traferri. El sanlorencino perdió la interna incluso en su terruño.
En ese contexto, se filtró a la prensa el preacuerdo al que arribó el capitalista de juego legal Leonardo Peiti con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para acogerse a la figura de imputado colaborador y así disminuir la pena en un juicio abreviado, para lo cual el rey del escolaso trucho hizo una declaración en la que habría involucrado a Traferri y otros tres senadores –dos de ellos de la oposición– como participantes de la cadena de la felicidad que él administraba para obtener un permiso para desarrollar juegos de azar online.
Actualizar agenda
La agenda que Santa Fe quiere compartir con el flamante ministro Aníbal Fernández, en procura de una acción más efectiva que la desarrollada hasta ahora, incluye por supuesto el sicariato, las bandas del narcomenudeo y su violento modo de gerenciar ese negocio ilegal –característica propia de Rosario–, la constitución de un comando unificado “real” –puesto que el actual adolece de un control político-institucional– y la ratificación de la decisión política de interrumpir el flujo histórico entre delito y Estado, en sus diferentes modalidades.
Con la antecesora de Aníbal, la ministra Sabina Frederic, las cosas no adquirieron el cauce que la provincia pretendía.
Así lo expresó Perotti unos días antes de las elecciones primarias, cuando en medio de un rebrote de violencia en la ciudad, Frederic dijo que no enviaría más fuerzas federales y comparó el número de efectivos con su presencia en otras jurisdicciones.
“Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente está diciendo –señaló Perotti–, cuando aparecen estas cosas de querer comparar. No me importa que me comparen con los números que tengo de otra provincia, porque la problemática que tenemos es diferente y requiere una atención distinta”.
Tal vez los dos tuvieran algo de razón. El número de efectivos de fuerzas federales en Santa Fe no es menor, es casi un cuarto en relación a sus colegas provinciales. La cuestión es para qué están en Rosario y otras ciudades, a dónde y cuál es su tarea operativa verificable.
La “gente” –que el domingo 12 votó– no los ve, al menos no en la proporción en que observa cómo los rudimentarios protagonistas de delitos menores pero molestos se llevan sus teléfonos celulares, bicicletas y carteras, cotidianidad que la agobia. Ese fenómeno no es novedoso, claro, ni está desligado del contexto social en el que se incrementó la precariedad de las condiciones de vida de vastos sectores de la comunidad, algo que tampoco es nuevo, pero que alcanzó una hondura más significativa con la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
Qué se cocina
Voceros del Gobierno santafesino dijeron a El Eslabón que la agenda que pretenden trabajar con Aníbal Fernández incluye una mejor presencia de fuerzas federales en la provincia, con obvio epicentro en Rosario, que podría unificarse en una sola, tal vez Gendarmería Nacional, con el fin de que se aboque exclusivamente al asunto del narcotráfico y la violencia que emana del comercio ilícito de drogas.
El caso Rosario es singular. No es la única ciudad mediana del país en la que una porción de su población consume drogas ilegalizadas, ya sea con fines recreativos, abusivos o el que fuera.
Sin embargo, los niveles de violencia de ese negocio ilegal no son tan frecuentes en otras ciudades comparables. El fenómeno tiene algunas líneas interpretativas: una es la ausencia de regulación policial ilegal del comercio de drogas como ocurre, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en donde la fuerza ejerce un ordenamiento del narcomenudeo por encima de las bandas, que deben ajustarse a su criterio. O terminar en una zanja, digamos.
En Rosario, como quedó en evidencia en múltiples causas judiciales, los policías infieles son miembros rentados de las organizaciones criminales, simples empleados a sueldo que no ejercen autoridad sobre sus jefaturas ni buscan ordenarlas en su funcionamiento allende las normas.
La caída en los últimos años de las jefaturas de las principales organizaciones criminales es otro elemento a tener en cuenta, atento a que cooperó a la construcción de un mercado fragmentado, gerenciado por rústicas segundas y terceras líneas que procuran ampliar su participación –o mantener la que poseen– por medio del empleo de la violencia altamente lesiva, como se dice académicamente.
La caída del poder adquisitivo promedio como consecuencia del parate de la pandemia redujo el mercado de consumo, cuyos oferentes acuden a funestos modales para mantener sus ingresos. Todo eso aviva la violencia narcocriminal que, en teoría, no es de utilidad para el negocio, que como toda actividad ilícita encuentra mejores condiciones de desarrollo en escenarios opacos y silentes.
Volviendo a la agenda provincial de seguridad, el gobierno de Perotti quiere constituir con Nación un comando unificado “real” entre fuerzas locales y nacionales.
¿Pero eso ya existía? Sí, pero según fuentes de la Casa Gris, funcionaba a control remoto y con poca batería. “Es necesario que esté encima de las fuerzas. En la práctica no existe, porque el funcionario designado por el Ministerio de Seguridad nacional –en la unidad que se creó en Rosario– está más en Buenos Aires que acá, y lo caminan”, dijeron a este semanario conocedores de los pormenores del asunto.
“Si no estás encima, no tenés idea de lo que pasa, y sólo sabés lo que te cuentan los responsables de las fuerzas”, abundó la fuente, que prefiere un control político de las policías, cuya autodeterminación produce efectos por todos conocidos.
Y siguió: “Ellos te dicen que hay 300, pero no sabés dónde están. O decían que acá no había móviles, mientras Frederic decía que sí”.
De ese modo, concluyó, “es imposible planificar”. El mismo gobernador Perotti, tras su encuentro con Aníbal Fernández, hizo hincapié en el comando unificado, con el fin de buscar respuestas más o menos inmediatas, como exige el calendario electoral.
El vocero consultado se esperanzó: “Rosario está en la agencia nacional con Aníbal. Antes, a la ministra, las fuerzas la daban vuelta como una media”.
Bigotes
El primer sorprendido por la reunión Aníbal-Sain fue, justamente, el invitado. Allegados al ex ministro dijeron que no sabían por qué Fernández lo había convocado, más allá de la amistad que los une, aunque intuían que el prestigio que el titular de la OI posee en el espectro político de centro-izquierda –una vez que cruza el Arroyo del Medio hacia el sur, porque acá ha hecho pocos amigos– puede ser una de las razones. Acumular por izquierda, digamos.
De todos modos, no entendían por qué lo había hecho público, acción que esmerila la autoridad del encargado de la Seguridad en la provincia, Jorge Lagna. Y descartaban que hubiera algún ofrecimiento para sumar a Sain al gobierno nacional, aunque nunca se sabe.
“Yo quiero hablar con Perotti y después lo haré con Sain también, para pensar exactamente cuál es el mejor de los escenarios para trabajar”, dijo antes de prestar juramento el flamante ministro de Seguridad nacional. “No quiero andar aventurando y sacando conjeturas de lo que no se conoce finito”, agregó ante los medios cuando lo consultaron sobre qué haría en Rosario.
Fernández sostuvo que “es un tema muy delicado como para hablarlo en forma preliminar, hay que tratarlo con los responsables para abordarlo y eso vamos a hacer como primer paso”.
Sobre Sain, con quien se reunió el jueves a las 15.30 cuando este semanario marchaba a imprenta, dijo: “Marcelo es un amigo, fue funcionario mío, nos conocemos demasiado”.
Según pudo saber El Eslabón, Sain conoce la inclinación de Aníbal por gestionar los aspectos de la cartera de Seguridad en vínculo directo con las cúpulas de las fuerzas federales, cuya conducción ratificó apenas asumió el cargo.
El diálogo directo entre bigotes no le parece la mejor forma de administrar las fuerzas al ex ministro santafesino, que iba a aconsejarle a Fernández sobre los beneficios de disponer de dos “gerentes” civiles para la conducción de las policías en el aspecto investigativo y en el de la seguridad preventiva.
Algo que ocurrió en Santa Fe cuando Sain estuvo a cargo de la cartera de Seguridad y decidió gestionar la fuerza mediante su conducción política y no a través de la autonomía otorgada a sus jefes, como creyeron que era el mejor camino las primeras gestiones provinciales del Frente Progresista.
El modelo de llave en mano a los jefes policiales desembocó en la crisis de seguridad de 2013, de la que Santa Fe aún no pudo reponerse.
Intervención agresiva
Saín también le propondría a Aníbal una “estrategia de intervención agresiva” sobre el mapa criminal de Rosario, una vez que lo ubique en el desmadre delictivo que se vive en la principal ciudad de la provincia.
“Va a contarle el problema criminal de Rosario y a proponerle una estrategia de intervención”, dijeron allegados al titular de OI. “Una intervención agresiva”, agregaron y remarcaron. También se excusaron de brindar detalles acerca de ese plan.
Sain también llevó al encuentro con Aníbal la caja de herramientas que desde hace años lo acompaña: reformar la Policía Federal para convertirla en una agencia de investigación criminal, plan que ya le había acercado a Gustavo Beliz en tiempos remotos, 2004, cuando el actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia era ministro de Justicia y Seguridad de Néstor Kirchner. Entonces, Aníbal era el ministro del Interior, pero no tenía a cargo a las fuerzas de seguridad.
Sain, creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la última fuerza federal constituida desde la restauración democrática, considera que la PFA es hoy “un híbrido, no es nada”.
Tras el traspaso de numerarios a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cree el especialista, su rol se desdibujó. Tiene escasa participación en las provincias, mientras posee en condición de subutilización núcleos de investigación bien dotados tecnológicamente.
La idea de sumar fuerzas federales, como acumulador compulsivo, exhibe sus limitaciones si no se encuadra en un plan que procure respuestas a las demandas ciudadanas más acuciantes y a los problemas estructurales que tiene Rosario en materia criminal. Planificación y control político de las decisiones.
Santa Fe tiene más de 20 mil policías que, aunque parezcan muchos, divididos en cuartos, abocados a tareas administrativas, licenciados con carpetas médicas y destinados a tareas burocráticas como traslado de detenidos o custodias permanentes, reduce ese número a menos de la mitad, para un territorio extenso y desigual.
Los más de 3.500 federales que llegaron a la provincia tampoco brindan la sensación de seguridad que la población ansía a través de la presencia callejera o de la acción ante delitos en flagrancia, mientras las bandas no rajan del cielo sino que continúan operando desde conexiones telefónicas carcelarias.
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