El país trasandino elige presidente este domingo. Un ultraderechista polariza con un referente de la nueva izquierda, en medio de un clima tenso, en donde además sigue vigente el proyecto de una nueva Carta Magna que deje atrás la pinochetista.

Unos 15 millones de ciudadanos chilenos están convocados este domingo para elegir al sucesor del presidente conservador Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda. El mandatario saliente llega debilitado y envuelto en el escándalo de los Pandora Papers, aunque el Senado lo salvó esta semana del juicio político. En tanto, de los siete postulantes que se presentan a reemplazarlo, sólo dos ocupan el centro de la disputa con chances serias: Gabriel Boric referente de la nueva izquierda chilena y José Antonio Kast, un ultraderechista. Según los sondeos previos, que últimamente son una mera referencia por la gran cantidad de pronósticos fallidos, ninguno de los dos candidatos conseguiría el 50 por ciento de los votos necesarios para obtener la mayoría. Ante este escenario, volverían a enfrentarse en una segunda vuelta el 19 de diciembre.

Desde el 18 de octubre de 2019, con el estallido social que dejó un saldo de 22 muertos, 2.200 heridos (de los cuales más de 200 perdieron sus ojos), Chile atraviesa una etapa de ebullición política, con marchas y contramarchas, que ahora tiene como etapa candente la disputa electoral por la primera magistratura. 

Como representante de lo que muchos analistas denominan la “nueva izquierda chilena”, aparece con posibilidades Boric, de 35 años, el más joven de los postulantes. Surgido entre los líderes estudiantiles que en 2011 encabezaron las protestas por una educación gratuita, libre y de calidad –junto a Camila Vallejo, Karol Cariola y su actual vocero de campaña, Giorgio Jackson–  luego se convirtió en legislador por el Frente Amplio y ahora en postulante a La Moneda por la coalición Apruebo Dignidad.

Del otro lado, como contraparte y a tono con otros fenómenos similares en varios países, y que parecen salidos de un laboratorio, surge el ultraderechista Kast, quien creció al paso de declaraciones altisonantes de “mano dura” contra la inseguridad, contra la migración y en defensa de la dictadura de Pinochet. En pocas semanas, el líder del Partido Republicano chileno se convirtió en tendencia y muchos encuestadores lo dan como favorito. El combo de su propuesta ultraconservadora se completa con más fórmulas archiconocidas y de corte “libertario” como recortar el gasto estatal y bajar los impuestos. Pero hay más: es hijo de alemanes, su padre fue oficial nazi de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial, tiene nueve hermanos, nueve hijos y es adherente del movimiento católico Schoenstat.

Más atrás entre las preferencias previas aparecen en la puja el candidato oficialista Sebastián Sichel, y el insólito postulante virtual Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, quien reside en Estados Unidos y hace campaña desde las redes sociales. Cerca de ellos también pelea por un tercer lugar Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana.

¿Peligra la nueva Carta Magna?

Luego de 13 meses de constantes jornadas electorales para definir la reforma constitucional, a los constituyentes, candidatos presidenciales, gobernadores, intendentes y concejales, en medio de la tensión social, Chile vuelve a elegir. Ya aprobó la reforma de la constitución pinochetista, pero la aparición del ultraderechista Kast generó algunos interrogantes. El líder del Partido Republicano fue el único que prometió que, en caso de ser electo, buscará que la nueva Constitución no sea aprobada en el Plebiscito de Salida el año próximo, para que se mantenga la Constitución de Pinochet.

El politólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Marcelo Mella Polanco, consideró que la mayoría del país respalda el trabajo de la Convención Constituyente y es favorable a un trabajo exitoso que permita superar la Constitución de la dictadura de Pinochet.

Este respaldo ciudadano –analizó el especialista ante la agencia Télam– , determina que indirectamente exista un respaldo, una complementariedad entre la Convención Constituyente y aquellas candidaturas que son favorables a la elaboración de una nueva Constitución, como las del líder de izquierda Boric, el oficialista Sichel, la representante de la ex Concertación Provoste, el miembro del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami, el dirigente de derecha Parisi y el profesor Eduardo Artés.

Claro que la excepción es Kast, aunque en los últimos días también ha dicho que le brindará respaldo a la Convención que tiene un plazo máximo de 12 meses para cumplir con su tarea.

Luego de su instalación, el pasado 4 de octubre, la Convención Constituyente definió su reglamento de funcionamiento y votación para luego pasar al debate de contenidos de la nueva Constitución. En este debate, según describió Alfredo Follonier, corresponsal en Chile de la agencia Télam, estarán presentes algunos temas que fueron reclamos centrales en las calles en 2019 y que se impusieron como bandera para varios de los candidatos presidenciales: eliminar el sistema previsional AFP, garantizar el acceso al agua como recurso natural, garantizar un mayor acceso a la educación universitaria, reconocimiento constitucional a las comunidades ancestrales mapuches y mayor autonomía a las regiones.

Además, se espera que dentro del debate de la nueva Constitución se establezca cuál será el sistema político chileno, es decir, si será un régimen presidencialista o si, como plantean algunos constituyentes, será un régimen parlamentario, el segundo en la historia de Chile tras un breve experimento entre finales del siglo XIX y 1925.

Más allá de la tensión propia de un período electoral, para Pollanco, Chile vive un momento de gran complejidad, “una confrontación de dos subjetividades” entre el sector que promueve los cambios que reclama el ciudadano, la oposición, y otro, dominado por el oficialismo y la ultraderecha, que ve el futuro con “incertidumbre y miedo en un contexto de crisis económica” y “los resultados y efectos de la pandemia”.

Quema esos papers

El Senado de Chile rechazó el martes pasado la acusación constitucional contra  Piñera, por las irregularidades en la venta de un proyecto minero reveladas en los Pandora Papers. Los 29 votos necesarios para la destitución no se alcanzaron durante el debate. 

En octubre pasado, la Fiscalía abrió una investigación de oficio contra Piñera tras la publicación de los Pandora Papers, en los que se expusieron la venta de acciones del polémico proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado un paraíso fiscal.

Dominga, que prevé la explotación de hierro y cobre, viene generando controversia en Chile por su cercanía al archipiélago de Humboldt, un conjunto de ocho islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo con especies como ballenas, pingüinos y chungungos (especie de nutria).

En el mismo día de la presentación del juicio político, el mandatario ordenó la militarización por 15 días en cuatro provincias del sur, Biobío, Arauco, Malleco y Cautin, debido al aumento de la violencia del conflicto territorial del Estado chileno con el pueblo mapuche. 

Piñera, con una fortuna valorada por Forbes en unos 2.900 millones de dólares, según publicó Infobae, entregará el mando recién en marzo de 2022. Terminará así su segundo mandato como presidente malherido políticamente con una aprobación muy baja, de entre el 12 y el 18 por ciento, y no se sabe si su destino será el Senado o directamente pondrá fin a su carrera. 

Para el analista político chileno Marco Moreno, más allá de la votación del Senado, Piñera fue derrotado políticamente. “Creo que la acusación en la Cámara de Diputados (la semana anterior) terminó por ponerle una lápida a su intento de tener un legado, a su intento de ser un gobernante que trascendiera a la historia, porque la historia lo va a recordar como un Presidente que fue acusado en dos oportunidades”, dijo en el periódico El Mostrador.

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