La presunta “excursión de pesca” de fiscales en busca de espionaje ilegal, por ahora sin pique. Un acta que ordena allanar “sin testigos”. Documentación secuestrada al voleo y carpetas viejas.
La aparente “excursión de pesca” iniciada el 26 de noviembre por los fiscales de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, -Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández- en las sedes del Ministerio de Seguridad de la capital provincial y de Rosario en busca de una red de espionaje ilegal, aún no muestra indicios de que haya pique, tal vez por la escasa profundidad de las aguas visitadas, que por ahora lucen más barrosas que claras.
Veintiún días después de los allanamientos a las oficinas del Gobierno, los acusadores no formularon la acusación ni se conoce fecha para una potencial audiencia imputativa de los sospechosos, el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y parte de su equipo, que continuó sus tareas tras la renuncia de éste en marzo pasado.
El proceso, de indisimulable referencia a la novela homónima de Franz Kafka, podría continuar el año próximo, luego de la feria de enero, a pesar de la presunta gravedad de los hechos investigados, que requieren republicana explicación. Pero eso es sólo una conjetura, porque si para el 22 de diciembre los fiscales no imputan, deberían permitirle a los sospechosos acceder a la causa como consecuencia del vencimiento de un plazo procesal.
La defensa de cinco ex funcionarios, a cargo del exministro de Justicia del Frente Progresista, Juan Lewis, aseguró que tras la apertura de las bolsas con la documentación secuestrada -realizada el lunes 13 en la Fiscalía Regional de Santa Fe-, “no hay absolutamente ninguna carpeta, ningún perfil hecho por fuera de alguna investigación judicial o de una investigación por enriquecimiento ilícito de policías”.
Lo que sí hay, en cambio, es un acta del procedimiento en la que un policía –con notables reflejos para la reducción de daños y la autoprotección- hizo constar que la fiscal Jiménez ordenó que la requisa se realice “sin la presencia de testigos” de actuación, toda una innovación procedimental si se tiene en cuenta que la medida se realizó un viernes al mediodía en pleno centro de Rosario, donde calor y testigos sobran.
Como demostración de su hipótesis acerca de que los fiscales iniciaron con los procedimientos “una excursión de pesca” en procura de algún elemento que previamente no estaba individualizado en la investigación, Lewis contó a El Eslabón que entre la papelería revisada el lunes aparecieron carpetas de la gestión anterior en Seguridad, conducida por el entonces progresista Maximiliano Pullaro, actual diputado provincial de Juntos por el Cambio.
Se trata de la misma persona que el día de los allanamientos, con envidiable capacidad de acceso a la información reservada o milagrosa clarividencia, denunció que en el Ministerio funcionaba “una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”, lo que lógicamente calificó como el “hecho más grave de la democracia santafesina”. Entre tanta confusión y revelaciones, cabe la pregunta: ¿De qué carpetas hablaba Pullaro?
Papeles en el viento
La apertura de la documentación secuestrada en las sedes del Ministerio de Seguridad se realizó el lunes 13 en el MPA de Santa Fe. Fueron convocados los defensores de los sospechosos, los abogados Hernán Martínez y Juan Lewis, quienes -si habían leído los diarios en los días previos- sabían que se enfrentaban al hallazgo de unas “mil carpetas” de inteligencia ilegal producidas en el Ministerio de Seguridad, sobre las que el titular de la cartera en los últimos ocho meses, Jorge Lagna, nada sabía.
“La convocatoria fue un poco extraña, porque no había ninguna necesidad de abrir la documentación ahora. Si ellos (los fiscales Hernández y Jiménez) tienen elementos (de prueba) no era necesario abrir esto, y si no los tienen, fueron a hacer una excursión de pesca, a ver qué encontraban, que es lo que creemos que hicieron”, dijo Lewis a este periódico.
La medida se extendió por 9 horas con la presencia de los fiscales, que en algunas ocasiones buscaron respaldo en su superior, el fiscal regional Carlos Arietti, quien finalmente a media tarde tuvo que ir hasta el lugar para dar indicaciones.
Los investigados solicitaron el apartamiento tanto de los fiscales de grado como del superior, Arietti, por “falta de objetividad”, fundado en la “evidente rivalidad pública” del fiscal Regional de Santa Fe con Sain, con denuncias cruzadas de acceso público.
El planteo se realizó el 30 de noviembre, pero los fiscales llegaron a la medida del 13 de diciembre sin resolverla. Arietti tiene que definir qué hace en relación al planteo sobre sus inferiores, mientras que al fiscal General, Jorge Baclini, le corresponde expedirse sobre Arietti. En Macondo todo puede esperar.
El relato de Lewis sobre la medida es el siguiente: “Empezamos a abrir las bolsas, no se abrió las de papel triturado, pero se abrió todo lo demás, lo que se había secuestrado. Lo que vimos es una cuestión bastante poco profesional por parte de los fiscales y del Organismo de Investigaciones, porque secuestraron generalidades, tanto que se llevaron documentación del año 2002, biblioratos, cajas enteras con cosas de 2011. Muchas cuestiones de la gestión Pullaro, no discriminaron nada”.
El mecanismo, explicó el abogado defensor, consistió en abrir los sobres, filmar, y escanear la documentación en una sala contigua. “En todo este procedimiento vimos que no hay absolutamente ninguna carpeta, ningún perfil, hecho por fuera de alguna investigación judicial o de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito de policías”, dijo.
“Nada que pudiera justificar lo que están diciendo. Había muy pocos perfiles y carpetas de investigaciones, y la mayoría eran de causas conocidas”, abundó.
Según Lewis, “todas las investigaciones estaban hechas en el marco de una causa, ordenadas por un fiscal o que tenía que ver con el enriquecimiento ilícito de policías. Cuando terminó el acto, pedimos copia de la documentación escaneada, y nos dijeron que no”.
Ex post
Desde el inicio de los procedimientos en el Ministerio de Seguridad, tanto Saín como el resto de su equipo cuestionaron las presuntas “irregularidades” cometidas en el mismo. Por un lado la ausencia de una orden de allanamiento, así como el secuestro de efectos personales de los funcionarios; y por el otro la notoria carencia de testigos de actuación. Esta semana hubo novedades al respecto.
“Hay cuestiones notorias, que llaman mucho la atención”, dijo Lewis, para explicar que “primero los fiscales vienen haciendo todos los esfuerzos para eludir cualquier instancia de control”.
Mencionó que “estas irregularidades no son cuestiones menores”, aunque concedió que la ausencia de una orden de allanamiento “se podría discutir”, atento a que el Código Procesal Penal santafesino establece que “la autorización no será necesaria para el registro de los edificios públicos y oficinas administrativas”. Que no sea necesaria, vale remarcar, no es homologable a la imposibilidad de solicitarla a un juez en pos de aventar sospechas de intencionalidad, por ejemplo.
“El tema de los testigos no es discutible; llevarse efectos personales de las personas sospechadas, eso sin una orden de secuestro con autorización de un juez y con las garantías del testigo de procedimiento, es totalmente improcedente”, sostuvo el abogado defensor.
Esta semana se difundió el acta del procedimiento en el Ministerio de Seguridad. Es más probable que el policía que la redactó muera de viejo que por un descuido, ya que previniendo un potencial reproche, asentó en el documento: “Por orden de la Fiscal Dra. Mariela Jiménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos”.
Tras conocerse el desacierto, el diario digital Rosario3.com publicó un nota en la que señaló que “sobre la situación de falta de testigos que señala el acta de diligenciamiento de registro, fuentes de la investigación explicaron a Rosario3 que en el operativo hecho en el Ministerio de Seguridad oficiaron de testigos los mismos empleados públicos que fueron objeto del procedimiento, quienes luego firmaron el documento”.
El estado de derecho espera que se trate de una broma que los sospechosos de conformar una asociación ilícita y violar la ley de Inteligencia nacional mediante el espionaje ilegal sean los testigos de su propio allanamiento.
Lewis contó que durante la apertura de las bolsas con el material secuestrado, “cuando aparecieron las agendas personales (de los sospechosos), dijimos que son papeles privados, preservados por el artículo 18 de la Constitución Nacional”, que establece que “el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”.
“No los abrieron –continuó el abogado defensor-, los pusieron en otra bolsa y dijeron que iban a pedir la autorización judicial”.
“Dejé la salvedad de que es tarde para pedir la autorización judicial, porque debe ser previa y no posterior”, agregó Lewis. La solicitud tardía de la intervención de un juez es otro elemento que refuerza la teoría de la “excursión de pesca” armada a las apuradas.
Sin testigos por “orden” de la fiscal, con la carencia de una orden de allanamiento firmada por un juez y mediante el secuestro de efectos personales de los funcionarios, el procedimiento parece hecho con la intención de que sea declarado nulo.
Contraataque
El mismo lunes de la apertura de la documentación, el abogado Lewis primerió a la Fiscalía de Delitos Complejos y salió en algunos medios advirtiendo que en las bolsas secuestradas “no había ninguna carpeta” que presumiera espionaje ilegal ni otro delito.
A una hora inusual, las 23.58 del mismo lunes, la prensa oficial de la Fiscalía Regional de Santa Fe difundió un comunicado con la intención de salir al cruce de esas declaraciones.
Dice: “A partir de la diligencia concretada hoy se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones, entre las que se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos; siete bolsas de consorcio con documentos destruidos; otros acondicionados para ser destruidos y datos referidos a procesos licitatorios del Ministerio de Seguridad de la provincia”.
Una parte de la prensa comercial interpretó el comunicado como un “contrapunto” entre la defensa y el MPA. Uno de los dos tiene el deber de objetividad.
Desglosando el comunicado, señala que hay “una gran cantidad de evidencia”, que no es lo mismo que información, sino que implica una interpretación cualitativa sobre esos datos atesorados en bolsas.
Luego señala que entre ella “se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos”, cuya imprecisión es homologable a decir que existen datos sobre beneficiarios de planes asistenciales en el Ministerio de Desarrollo Social.
El propio Lewis señaló que había carpetas con documentación de personas, tanto policías como civiles, en el marco de investigaciones judiciales, e incluso dijo que la cartera hacía uso de la base de datos Nosis, a la que cualquier particular accede pagando para obtener informes comerciales.
La referencia del comunicado al papel picado sólo puede interpretarse como el lanzamiento más o menos solapado de una sospecha: que los malos trituraron la evidencia de los delitos cometidos. Según pudo saber El Eslabón, ni se tomaron el trabajo de abrir esas bolsas.
Por último, el parte de prensa informa que “la documentación digitalizada será detenidamente analizada en las próximas semanas”, lo que revela que la presunta existencia de “una gran cantidad de evidencia” era ostensible a simple vista, ya que la mirada analítica quedó para más adelante.
Fuentes de información
La intencionalidad política de la causa a Saín y parte de su equipo quedó involuntariamente expuesta cuando, mientras se realizaban los allanamientos del viernes 26, algunos medios daban cuenta aún sin la medida finalizada, de la existencia de “mil carpetas” de inteligencia ilegal y aventuraban, incluso, los nombres de los espiados. También con las declaraciones del diputado Pullaro, que en forma simultánea al procedimiento brindaba presuntos detalles del mismo.
El vínculo entre el radical legislativo Pullaro y el radical judicial Arietti, que procura ser elegido el próximo año Fiscal General de la provincia, ya fue expuesto por El Eslabón en notas anteriores sobre las escuchas al ex ministro en las que se quejaba por el cambio de planes en una detención acordada con el funcionario del MPA, y en las referidas también al loteo del MPA durante su conformación y con el cambio de autoridades en 2017, en las que las diferentes variantes de la UCR santafesina tuvieron gran ascendencia.
También Juntos por el Cambio habló de “espionaje en Santa Fe” y planteó que en los allanamientos a las sedes de Seguridad “se encontraron pruebas de que funcionaban como centros de inteligencia ilegal”.
Fue justo unos días después del procesamiento por ese delito al ex presidente, Mauricio Macri, aunque en ese caso señalaron que “la justicia responde a intereses políticos y se cometen atropellos y una impunidad que demuestra la poca calidad de nuestras instituciones”.
Para Lewis, “en esta causa hay dos fuentes de información: algunos periodistas y diputados que antes de que se terminara el allanamiento estaban afirmando que habían encontrado evidencia gravísima”.
Mencionó a Pullaro y dijo que “llama la atención cómo terceras personas saben cosas que yo, que soy defensor, no puedo saber”.
El abogado agregó que “la otra fuente son los medios, que dicen que fuentes allegadas al MPA aseguran que hay evidencias muy serias, gravísimas”.
Sin embargo, continuó, mientras “fuentes innominadas dicen que hay un montón de pruebas, de los procedimientos no salió nada ni parecido a carpetas ilegales”.
También sigue siendo un enigma, al menos por ahora y en los inicios de la investigación, cómo los fiscales Jiménez y Hernández no encuentran vinculación alguna entre la existencia de una presunta red de espionaje montada en el Ministerio de Seguridad y su titular hace ocho meses, Jorge Lagna. La sugerencia de que no sabía lo que pasaba en la cartera a su cargo, despacho de por medio del suyo, no lo hace quedar bien políticamente. La otra posibilidad es que se trate de un caso de lawfare, como señaló el criminólogo Enrique Font.
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