Mientras el Gobierno provincial declaró “la guerra” al narco y mandó a practicar tiro a la policía, la Corte Suprema ratificó que Traferri por ahora no puede ser sometido a proceso. El senador se ganó un asiento en la Junta de Seguridad.
La misma semana en la que el secretario de Seguridad de Santa Fe aseguró estar “en guerra” con las bandas de narcomenudeo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló el fallo de segunda instancia que permitía a dos fiscales convocar a audiencia imputativa como presunto organizador de una trama de juego clandestino al senador Armando Ramón Traferri, quien unos días antes había sido designado por la Cámara alta –en un expreso mensaje de provocación y demostración de poder- como uno de sus representantes en la Junta Provincial de Seguridad. El contragolpe del elenco estable de poder santafesino también incluyó una presentación del presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, ante la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para que investigue si existió alguna falta en las declaraciones periodísticas del fiscal Matías Edery, quien en una entrevista vinculó al ministro judicial con el senador. En noviembre del año pasado ya había sido denunciado por el senador del departamento San Lorenzo, junto a su colega Luis Schiappa Pietra, por presunto espionaje ilegal. Que también se haya iniciado la semana pasada el juicio oral al jefe narcocriminal Esteban Lindor Alvarado, apoyado en una pata policial que destronó a Los Monos en su favor, casi pasa desapercibido en ese escenario de reacomodamiento.
Pasame la birome
El 17 de febrero se inició en la Cámara de Senadores el expediente 45186 DBR para la designación de dos miembros del cuerpo como integrantes de la Junta Provincial de Seguridad.
Lo firman como iniciadores Traferri, Lisandro Rudy Enrico (UCR), Alcides Calvo (PJ-Perotti) y los radicales Hugo Rasetto y Leonardo Diana.
Según contó el periodista José Curiotto en Aire de Santa Fe, el proyecto no habría sido discutido en la reunión de Labor Parlamentaria –previa a la sesión-, y tres de los cuatro senadores del bloque “Lealtad”, que responde al gobernador Omar Perotti, no sabían de qué se trataba. Sí, en cambio, estaba al tanto Calvo, el hombre de confianza del mandatario en la Cámara alta.
El texto de la resolución dice: “Desígnase como representantes de esta Cámara en la Junta Provincial de Seguridad (…) a los senadores:”. Allí termina el fragmento tipeado en computadora, que fue completado a mano, con birome: “Traferri–Borla”.
El bloque que responde al gobernador lo votó favorablemente, aunque al menos dos de sus miembros luego se declararon “confundidos”. Calvo estaba al tanto de la decisión y su firma quedó estampada como uno de los iniciadores del expediente, lo que revela que contaba con el visto bueno de su conductor político, en un presumible paso hacia el regreso de todos al frente.
La designación de Traferri fue considerada como “una burla” por el fiscal Edery, quien entonces todavía aguardaba que la Corte se expidiera sobre el recurso interpuesto por el senador para determinar si era constitucional o no la impunidad de proceso que un artículo del Código Procesal Penal y otro de la Constitución provincial otorga a los legisladores.
“Lo de la Junta es una burla del Senado a la sociedad que reclama a gritos seguridad. Es un claro distanciamiento con la gente y una muestra clara de que son ajenos a las necesidades de la sociedad”, sostuvo Edery.
Menos condicionado por los modos institucionales, el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, tuiteó: “Santa Fe, así, tiene un futuro oscuro. ¡Viva la mafia!”.
El diputado provincial por el radicalismo, Fabián Palo Oliver, sostuvo: “Que uno de los representantes del Senado en el Consejo Provincial de Seguridad sea el Senador Traferri es como poner a cuidar al lobo el gallinero. ¡Ya pasó el límite de la provocación!”.
Traferri es el único senador que atraviesa un proceso penal, que hasta ahora pudo evitar por la robustez que los fueros legislativos adquieren en la normativa santafesina, que incluye la “inmunidad de proceso”, no contemplada en la legislación nacional. Recién podría ser sometido a una imputación cuando concluya su mandato.
Su designación en la Junta Provincial de Seguridad luce como una provocación, no sólo hacia los fiscales que reunieron cuantiosa evidencia como para permitir establecer un grado de sospecha acerca de su participación en el entramado de timba clandestina por el que fue condenado el capitalista Leonardo Peiti y un fiscal rosarino, sino para el conjunto de la ciudadanía que aguarda resultados en relación a las políticas de seguridad pública.
Pero en medio de la contraofensiva, se declaró la guerra.
Desesperados
El sábado 19 de febrero se registraron dos balaceras a edificios policiales: los de las comisarías 12° y 24°. En ambos casos, personas que circulaban en moto rociaron de plomos los frentes de las seccionales, y en el primero también a un patrullero estacionado en su ingreso.
El lunes 21 el secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, no pudo brindar precisiones investigativas sobre lo sucedido pero se pintó la cara. Relacionó las balaceras con “la desesperación de los grupos” narcos con los que dijo que el Gobierno está “en una guerra”.
La presunta desesperación de las bandas que administran violentamente el mercado ilegal de los estupefacientes es, por lo menos, discutible.
Parece existir, en los últimos años y tras la caída de los cabecillas de las grandes bandas que regulaban ese mercado con un uso menos frecuente de las pistolas, una fragmentación del escenario en pequeñas organizaciones gerenciadas por ex soldaditos, cuyo “valor agregado” es la osadía y el empleo de la violencia altamente lesiva para dirimir cuestiones de competencia.
Casi la totalidad de las causas judiciales sobre narcos en Rosario muestran que los miembros de las fuerzas de seguridad involucradas en ella operan como “empleados” y no como reguladores del mercado.
El empleo de la metáfora bélica por parte del segundo funcionario en importancia jerárquica de la cartera de Seguridad remite, indefectiblemente, al paradigma internacional de “guerra a las drogas” lanzado por el presidente de los Estados Unidos, Ricardo Nixon, en 1971. Cuyas consecuencias económicas, institucionales y humanitarias son harto conocidas y puestas en cuestión desde hace años por la mirada que incluye la perspectiva de derechos humanos en el asunto del consumo de estupefacientes.
La desesperación, en todo caso, parece afectar a las autoridades gubernamentales. En una entrevista con Rosario 12, el jefe de Policía de Rosario, Natalio Marciani, la dejó en evidencia cuando anunció -como novedad- que instruyó a la tropa para que haga lo que los manuales y protocolos de la fuerza establecen y las leyes permiten.
“Estamos preparados para contrarrestar esta circunstancia, la orden que le di al personal policial es que esté alerta ante cualquier eventualidad y, si hay un ataque, la orden es repelerlo”, dijo.
Cuando el colega José Maggi le preguntó de qué se trataba, Marciani se sinceró: “Son las mismas indicaciones que tienen todos los policías ante el ataque de un delincuente, que se rigen por un código de conducta de quién es el encargado de cumplir la ley, en la cual tenemos varios requisitos”.
Pero la improvisación quedó al desnudo al ser consultado acerca de si los efectivos estaban aptos para usar pistolas ametralladoras FMK3, y respondió que cree que sí, pero por las dudas los mandó a realizar nuevas prácticas.
“Sí, creo que están adiestrados en el manejo de ametralladoras y escopetas justamente para repeler esa agresión, pero más allá de eso acabo de ordenar que a partir de la semana que viene se inicie un reentrenamiento de todo el personal de la Unidad Regional II. Esto lo hacemos para no perder eso que quizás tuvo en su entrenamiento de cadete”, dijo.
La contra
La contraofensiva del elenco estable de poder santafesino en la que pueden inscribirse tanto el fallo de la Corte que alivió a Traferri ratificando el vigor de sus fueros como la denuncia de Gutiérrez contra Edery, fue anunciado por el entonces abogado del legislador, el ex fiscal de la última dictadura José Luis Vázquez, 72 horas después de que el Senado rechazara el pedido de desafuero solicitado por Schiappa Pietra y su colega, en diciembre de 2020.
Los fiscales habían difundido unos audios captados en el teléfono celular de Nelson Ugolini, un empleado del MPA que está acusado, junto al condenado fiscal Gustavo Ponce Asahad y al detenido ex jefe de los fiscales, Patricio Serjal, de recibir coimas a cambio de brindarle información a Peiti sobre causas que lo tuvieran como objeto de investigación. El zar del juego declaró que le dio a Traferri 250 mil dólares para una campaña proselitista.
En una charla con una fiscal de San Lorenzo, Ugolini le dijo que “si es desde acá de Rosario, para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (Ponce Asahad) y por Serjal, sí o sí, no lo pueden tocar si no”.
“No te olvides –siguió Ugolini- que nosotros antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo (Ponce) y casi lo ahorca, por culpa del idiota de (el fiscal Matías) Merlo que venía de Melincué y quiso hacerse el fantasma. Justo antes de las elecciones éste salió a tumbar juego clandestino y puerto seco”.
En aquella ocasión, el abogado Vázquez sostuvo en una entrevista radial que Edery “no puede salir a denostar al Poder Legislativo de la provincia” porque es un “chiquilín”, y advirtió sobre el futuro de los entrometidos: “Esto no va a quedar así, no va a quedar así, la comisión de disciplina va a tomar cartas en el asunto”.
Desde tres años antes, la Legislatura había arrebatado al MPA la facultad de sancionar a los fiscales por faltas graves.
Y no quedó así. El martes 22 de febrero, en un fallo dividido de cinco votos a favor y uno en disidencia, el máximo tribunal del Poder Judicial provincial anuló la resolución de Cámara firmada por el juez José Luis Mascali en julio de 2021, por la cual declaró inconstitucional una parte del artículo 27 del Código Procesal Penal y el segundo párrafo del 54 de la Constitución santafesina.
Si bien el fallo remite el expediente “al tribunal que corresponda a los efectos de que dicte nueva sentencia”, sus fundamentos dejan estrecho margen de maniobra al juez o jueza en el que recaiga, aunque existen las consideraciones del cortesano Daniel Erbetta.
El magistrado, en su voto en disidencia, consideró que “la inmunidad de proceso que prevé la norma local resulta inaplicable al caso concreto”. Esto es, que un legislador puede ser convocado a audiencia imputativa para hacerle conocer el delito que se le endilga y las pruebas que sustentan la acusación, pero no arrestado, al menos hasta que termine su mandato y carezca de la protección de los fueros parlamentarios.
“En efecto, en un análisis actual y contextualizado, en el presente la inmunidad de proceso ha perdido todo sentido justificatorio, ha perdido esencia y razón de ser”, sostuvo Erbetta.
Y agregó que “por ello, deviene irrazonable, en tanto la posibilidad de una investigación penal y el eventual sometimiento a proceso -mientras se mantenga la inmunidad de arresto- en modo alguno constituyen obstáculos para el ejercicio de la función legislativa, ni afectan el funcionamiento del Poder Legislativo”.
“Vinculación permanente”
Para el diputado Palo Oliver, “hoy decir Armando Taferri es lo mismo que hablar de Rafael Gutiérrez. La vinculación política partidaria es permanente. Ambos son funcionales a los intereses de un grupo que pretende controlar y/o condicionar la justicia y los ámbitos de poder real de la Provincia de Santa Fe”.
Alguna pista de ese presunto vínculo puede rastrearse en los fundamentos de Gutiérrez en el fallo, que parecen destratar al camarista Mascali, por ejemplo cuando señala “la preocupación y sorpresa que me genera la liviandad con la que se formula la invalidación de un artículo de nuestra Carta Magna”, como hizo el juez de segunda instancia.
Su voto señala que “entiendo corresponde descalificar el pronunciamiento emitido por el magistrado Mascali, atento a que el mismo se limita a declarar la inconstitucionalidad de un precepto de la Constitución local, sin siquiera esbozar un intento de interpretación armónica entre las normas en juego”.
Finalmente, al referirse a la innovación que en su resolución hizo Mascali del principio de igualdad ante la ley al comparar los textos magnos nacional y provincial, Gutiérrez lo manda a repasar derecho constitucional.
“Este razonamiento evidencia un desconocimiento supino del esquema federal de gobierno que adoptó nuestra República desde los comienzos mismos de su organización, que conlleva -como regla- la autonomía provincial en todas aquéllas prerrogativas que no hayan sido expresamente delegadas en la Nación”.
Un día después, el presidente de la Corte perfeccionó la avanzada con una presentación ante la Auditoría General del MPA para que investigue si la lengua de Edery no incurrió en una infracción a las normas que regulan el ejercicio de su función.
Antes de conocerse el fallo, pero luego de la designación de Traferri en la Junta Provincial de Seguridad, el fiscal sostuvo en una entrevista radial que aguardaba la resolución del máximo tribunal “con expectativas cero”.
“Es lo que nos viene trabando para avanzar. Sabemos que va a salir en contra”, vaticinó, con menos capacidad anticipatoria que el senador Joaquín Gramajo, que en agosto del año pasado anticipó que la Corte preparaba “un fallo ejemplar” que daría “la razón” a su colega del departamento San Lorenzo.
En la misma entrevista, Edery se refirió a la participación del presidente de la Corte en la reunión de la Junta de Seguridad, presidida por Perotti, e integrada por Traferri: “En la pochocleada del jueves, además de Traferri, estaba Gutiérrez y va para demostrar que Traferri es gente de él”, dijo. Y, parece, esto no va a quedar así.
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