La concejala Norma López aseguró que la propuesta de ordenanza elaborada por el municipio para el control de lavados de activos “relaja los controles a los grandes inversores”. Enumeró “varias inconsistencias” y propuso modificaciones.
La edil del peronismo analizó el mensaje que el Ejecutivo ingresó al Concejo Municipal la semana pasada y que propone crear un nuevo Sistema de Control Económico de Inversiones, derogando la Ordenanza N° 9204, aprobada en 2014 y reglamentada recién dos años después.
“La ordenanza antilavado que propone el Intendente es más permisiva que la actual, es increíble pero relaja los controles a los grandes inversores”, aseguró la presidenta de bloque del Frente de Todos-PJ, y agregó que “luego de estudiar el proyecto del ejecutivo nos encontramos con varias inconsistencias y omisiones al menos preocupantes”.
“Estamos de acuerdo con que se controlen la mayor cantidad de actividades posibles, pero si esto implica controlar remiseros y taxistas y dejar de hacerlo con los grandes inversores, como los fideicomisos, el objetivo de estos instrumentos se convierte en puro humo”. Y alertó: “Se corre un enorme riesgo: que se termine persiguiendo a trabajadores y se alivie el camino a los criminales organizados”.
La legisladora local puso énfasis puntualmente en el Artículo 4 de la ordenanza 9204 en vigencia, que exige una importante cantidad de documentación a personas jurídicas y fideicomisos para conocer el origen de los fondos, algo que el nuevo proyecto del Ejecutivo no contempla, según indicó.
“Los fideicomisos, así como otros fondos de inversión y/o sus administradores, se han popularizado en la ciudad por el boom de la construcción, se trata de enormes cantidades de dinero invertido de las que hay que tener información fehaciente y clara acerca de su origen. Si bien los objetos que alcanza el proyecto oficialista se amplían, se reducen considerablemente los controles sobre los fondos patrimoniales que conforman los fideicomisos, por ejemplo, algo que sí contempla la norma vigente”, advirtió López, y añadió al respecto: “Un ejemplo claro es que ya no se solicitará, ni a las empresas, ni a los inversores o socios, constancias que acrediten que no están concursados o fallidos”.
Por última, la edil justicialista remarcó que “la Ordenanza vigente es un instrumento legal que jamás se utilizó como correspondía, incluso se reglamentó dos años después de aprobarse y es una de las tantas normativas incumplidas por esta gestión”. Y cerró: “Ahora proponen otra para derogar la que nunca cumplieron y con estos relajamientos en los controles a los grandes inversores. Nos preocupa y nos pone en alerta; vamos a modificar el proyecto del intendente”.
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