El máximo tribunal desplazó al juez del concurso de Vicentin y tomó el caso, con destino incierto. Se frenó el desguace y la venta de Renova, joya del grupo. La salida del salvataje y una mezcla de intereses.

El destino de la que fuera la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, Vicentin SAIC, entró en un cono de sombras con la sorpresiva decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Rafael Gutiérrez, de desplazar al juez del concurso preventivo y tomar el expediente en el máximo tribunal. La medida denominada jurídicamente “avocamiento” –que a la vez suspende los plazos procesales- impidió que la cerealera terminara de cerrar la propuesta de pago a los acreedores y fuera homologada por el juez civil y comercial de Reconquista, el oleofriendly Fabián Lorenzini, lo que hubiera convalidado una aún mayor extranjerización del sector agroexportador por el ingreso de Viterra (ex Glencore), Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la firma. También el desguace y la posible pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, aún no está claro cuál será la salida para la empresa nacida en la localidad de Avellaneda, que tras endeudarse generosamente durante el macrismo y dibujar engañosamente sus balances, cesó en sus pagos en diciembre de 2019 con un rojo de unos 1.500 millones de dólares.

El presidente Alberto Fernández reflotó la idea de la participación estatal en la compañía, que cuenta con el aval del principal acreedor financiero individual, el Banco de la Nación Argentina (BNA), algunos acreedores granarios (Grassi) y sectores políticos a los que aún les interesa la soberanía. Pero todo es tan enmarañado en el proceso concursal de Vicentin, que al menos un miembro del estudio de abogados que presentó el planteo de avocamiento ante la Corte en nombre del acreedor Commodities SA, es socio en un medio de comunicación de Entre Ríos del director financiero de Vicentin, Roberto Alejandro Gazze, quien seis meses antes del default de la aceitera le pidió un préstamo por 1 millón de dólares que utilizó –en parte- para constituir una sociedad que suscribió acciones de otra, por medio de la cual participa del mayor multimedios de la región.

Salvataje

La decisión del presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez, de avocarse al expediente del concurso de Vicentin, es decir desplazar momentáneamente al juez y pedirle que le remita las actuaciones al máximo tribunal, no posee muchos antecedentes en la historia jurídica provincial. Sería el tercer caso en el último medio siglo, dijeron a El Eslabón conocedores del tema.

La determinación lleva su sola firma –fundada en sus facultades- y hasta ahora no obtuvo el respaldo de otros ministros de la Corte, algo que según voceros judiciales estaría al llegar. Se verá.

Lorenzini, por su parte, firmó una resolución en la que suspende los plazos –como se lo indicó el tribunal superior- y envió el expediente, pero no se expidió sobre el asunto de fondo.

La medida fue bien recibida por diversos sectores: desde su peticionante, la firma acreedora de Vicentin, Commodities SA, del Grupo Grassi, hasta el Banco Nación, el gobierno federal y el diputado provincial Carlos Del Frade, obstinado seguidor del concurso de la agroexportadora.

Alberto Fernández ponderó la medida como una “posibilidad” para que el Estado nacional pueda tener, vía la capitalización de créditos del concurso, una participación en Vicentin para estar representado en “una empresa testigo que ordene el mercado” agroexportador y de producción de alimentos. Cuya trascendencia es inocultable en el actual escenario de alza de precios de las commodities por la guerra en Ucrania y sus efectos sobre los precios (inflación).

En el mismo sentido se pronunció el presidente del directorio del BNA, Eduardo Hecker, quien sostuvo que “a partir de la decisión de la Corte Suprema provincial, en la actualidad se abre una etapa que probablemente sea la del cramdown” o salvataje, previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ).

Para el titular del BNA, que tiene un crédito de casi 300 millones de dólares en el concurso de Vicentin, el juez Lorenzini se encaminaba a homologar la propuesta de pago de la compañía a sus acreedores, lo cual significaba “convalidar el fraude”, habida cuenta de que implicaba una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos del Banco Nación. Ese escenario era, para Hecker, “un atentado al patrimonio colectivo”.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina

El miércoles 22, los abogados del banco plantearon formalmente esa salida ante la Corte santafesina. En un escrito presentado al máximo tribunal, el BNA le pide que “se defina prontamente el remedio jurisdiccional que este Alto Cuerpo entienda más procedente para concluir el período de exclusividad estérilmente transitado y prorrogado, en virtud de no haber propuesta alguna susceptible de ser homologada, y proseguir, sin más, hacia la etapa de segunda ronda concordataria, salvataje o cramdown”.

La solicitud se funda en “la inteligencia que este litigio de interés público, merecedor de una tutela jurisdiccional diferenciada, tenga una salida virtuosa que concilie los intereses particulares afectados con el enorme e insoslayable interés general comprometido en la causa”.

Uno de los directores del BNA, Claudio Lozano, también alentó el ingreso del Estado a Vicentin a través de la capitalización de sus créditos, asociado a otros actores privados del concurso en el procedimiento de salvataje.

“Sería deseable que entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura definan al caso Vicentin como Proyecto Estratégico, a efectos de poder asumir la tarea de capitalizar la empresa”, señaló Lozano.

Y planteó la “idea de una empresa mixta que sea testigo en materia de comercio exterior de granos, y que pueda, reestructuración mediante, intervenir en el mercado de alimentos”.

Difícil sin el Estado

En la misma línea se expresó esta semana uno de los principales acreedores granarios del concurso de Vicentin, el titular de Commodities SA, Mariano Grassi, al afirmar que “es muy difícil” que la empresa “siga trabajando sin que el Estado acompañe”.

Grassi es quien presentó el planteo de avocamiento de la Corte al expediente de Vicentin, en virtud de una serie de irregularidades, que van desde la presentación del balance 2019 de la empresa meses más tarde –cuando es una obligación insalvable para abrir el concurso- hasta la presunta venta en abril pasado de las acciones que la firma aún mantiene en Renova, cuando existían dos resoluciones judiciales que lo prohibían.

Tras la decisión del alto tribunal santafesino de tomar el expediente del concurso preventivo de Vicentin por vía del avocamiento, el empresario Grassi se inclinó por la instancia del cramdown o salvataje.

El acreedor de la agroexportadora aclaró que el Estado “no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin”, sino que se inclinó por la “capitalizando de su deuda y teniendo una participación accionaria”, como tiene en otras firmas privadas.

Grassi dijo en una entrevista con el diario La Capital que la intervención de la Corte abre “una nueva oportunidad” para evitar la propuesta de pagos de Vicentin, a la que consideró “engañosa”.

“La solución es todos juntos, donde cada uno aporte su granito de arena para que la empresa vuelva a tener un valor, que hoy es cero. En esa línea es donde vemos que el Estado tiene un rol ineludible, fundamental”, dijo Grassi.

El empresario aclaró que “esto no tiene que ver con preferencias políticas, ni con la falsa dicotomía del campo versus la ciudad o la industria”.

Agregó que “acá Vicentin nos estafó a todos. Está perfecto que se defiendan intereses privados, pero en este caso no se trata de cosas contrapuestas. Es difícil comprender por qué se habla de defensa del campo cuando a los acreedores granarios Vicentin pretende pagarle sólo el 20 por ciento de los más de 420 millones de dólares que debe”.

La joya

El directorio de Vicentin avanzó en los últimos meses, luego de obtener del juez Lorenzini una nueva prórroga del período de exclusividad hasta el 30 de junio próximo, en la reunión de las mayorías que requiere la LCQ para alcanzar un acuerdo con los acreedores. Tenía, según expresó la misma empresa, la cantidad necesaria de conformidades de acreedores individuales, pero no había alcanzado la mayoría de capital.

Cuando la Corte decidió el avocamiento, Vicentin estaba por cerrar el acuerdo con los bancos privados extranjeros –agrupados en una sola representación legal-, y no había elevado ninguna oferta al BNA. Es decir, había quedado de lado el interés público que supone el perjuicio patrimonial a la entidad, que es de todos.

Así, los escenarios eran de acuerdo concursal “engañoso” -para Grassi- o directamente en forma de “estafa” -para Hecker-, o la quiebra en caso de no alcanzar las mayorías requeridas por la norma que regula el procedimiento. Eso fue lo que interrumpió el avocamiento de la Corte.

Como el juez Lorenzini diferenció al comienzo del proceso a Vicentin SAIC, la concursada, del resto de las empresas que conforman el grupo, un camino probable era el del desguace de la aceitera y pérdida de fuentes de trabajo de la empresa involucrada, unos 1.200 laburantes directos.

La cuestión central en esa disputa es Renova, la joya del grupo. Se trata de las plantas de molienda de soja (Timbúes) y producción de biodiesel y glicerina (San Lorenzo) más grandes del mundo, en las que Vicentin es socio de Viterra Argentina, el nombre que adoptó la ex Glencore, que todos damos como suiza pero está radicada en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey, en el británico canal de Mancha.

Hasta un día antes del inicio del concurso de Vicentin SAIC, el grupo local tenía una sociedad con Glencore del 50 por ciento cada uno sobre el paquete accionario de Renova.

Pero en las horas previas, Vicentin vendió un 16,6 por ciento de su posición en la empresa a Glencore, transacción que está cuestionada judicialmente.

El 28 de abril pasado el presidente del directorio de Vicentin SAIC, Omar Scarel, aceptó la “oferta de compra” elevada por Viterra Argentina (Glencore) por el 33 por ciento de las acciones que la primera aún conserva en Renova. El monto pactado fue 300 millones de dólares, los que Vicentin necesitaba para salir de su concurso. De hecho, en la propuesta de pago elevada a los acreedores, incluyó ese monto proveniente de la venta de Renova.

Scarel fue imputado hace tres semanas –en libertad, mediante una caución de 500 mil dólares- por el delito de desobediencia judicial por haber realizado esa operación, que estaba impedido de llevar adelante por dos resoluciones judiciales que inhiben a Vicentin a desprenderse de activos o participaciones accionarias.

Scarel también está imputado desde octubre del año pasado, junto a otros 13 miembros del directorio de Vicentin SAIC, por presuntas estafas a bancos y proveedores de granos por un monto de 500 millones de dólares.

El activo en disputa, entonces, es Renova, apetecida por Glencore, que con su propiedad total se convertiría en la principal agroexportadora de Argentina y profundizaría la trasnacionalización del comercio exterior en ese rubro. Los antecedentes de Glencore en materia de corrupción y evasión fiscal no son alentadores.

La intervención de la Corte provincial en el concurso desactivó, por ahora, esa posibilidad. Pero el final está abierto. Depende de lo que resuelva hacer el máximo tribunal con el intrincado proceso de Vicentin.

Mezclados

Los intereses cruzados en el concurso de Vicentin quedaron expuestos en otro llamativo dato del proceso. El planteo de avocamiento realizado por el acreedor granario Commodities (Grassi) ante la Corte fue interpuesto con la representación letrada de los abogados Leandro Salvatierra y Jorge Mattos, del estudio Casanova, Mattos, Salvatierra y Feser.

Se trata del mismo estudio que intervino en el ingreso del empresario Gustavo Santiago Scaglione (grupo Daminato) en el multimedios La Capital, luego de haber comprado la mayoría de acciones de Televisión Litoral, constituyendo así la principal empresa periodística de la región.

Lo curioso del asunto es que, a través de una serie de cajas chinas de control de sociedades por otras, Salvatierra es socio de Roberto Gazze, director financiero de Vicentin, cuya salida del concurso interrumpió el planteo del abogado de Grassi.

El 17 de agosto de 2021 el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) otorgó la licencia de una radio en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, a la firma Multiportal Medios SA.

Según el anexo de la resolución, Multiportal Medios está conformada por Comunicación 3 SA, Deusto SA (Nicolás Caputto, del diario El Litoral) y –en forma personal- por Sandra Rocha.

Comunicación 3, a la vez, está integrada por Rosario Medios SA (72 por ciento de las acciones); el ex secretario de Horacio Usandizaga, Diego Sueiras (0,91 por ciento); Federico Pucciarello, de Rosario Bioenergy (8 por ciento) y la firma Tratem SA (18).

Pero Rosario Medios SA –socia de Comunicación 3- está integrada por la firma CSC Media SA, cuya mayoría accionaria está en manos de Scaglione y en la que también tienen participación el abogado Diego Feser y Leandro Salvatierra, con un 5 por ciento cada uno.

El 20 por ciento, en tanto, está en manos de Liquidambar, una sociedad por acciones simplificadas constituida por Gazze (el director financiero de Vicentin) el 5 de julio de 2019 junto a un socio, que fue capitalizada con un crédito que la propia aceitera le otorgó a su directivo, como informó El Eslabón en su número anterior.

En ese complejo entramado, el abogado de Grassi que pidió el avocamiento de la Corte para frenar la salida del concurso de Vicentin, es socio del director financiero de la agroexportadora.

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