“Hasta el lunes por la mañana yo no leo más ninguna circular del Ministerio, menos se las paso a las profesoras”. El comentario lo hacía la directora de una escuela secundaria de Rosario, a mediados de 2021, cansada de ver cómo su celular se llenaba de órdenes y contraórdenes oficiales. Quería ponerle un límite a las circulares que, a cualquier hora de cualquier día de la semana, llegaban desde la cartera educativa provincial promoviendo cambios, de un momento a otro, en la vida de las escuelas. Esta es apenas una imagen de lo cotidiano que se vivía cuando la pandemia golpeaba fuerte la tarea de enseñar a la distancia o en burbujas. Escenas que sólo echaban más leña al malestar reinante.
Una investigación de la Ctera recientemente publicada –junio 2022– aborda la situación del trabajo docente en la pandemia, junto a las políticas públicas en educación, y la privatización y mercantilización educativa. El estudio se llama Situación educativa y problemáticas emergentes durante la pandemia en Argentina, fue encarado por el Instituto Marina Vilte de la Ctera, y sus autoras y autores son: Adriana Puiggrós, Miguel Duhalde, Liliana Pascual, Luz Albergucci, María Dolores Abal Medina, Andrea Núñez y Gabriel Martinez.
En este trabajo también intervinieron equipos gremiales de los diferentes sindicatos de base de la Ctera, entre ellos Amsafé. En este caso representada por Adriana Monteverde, secretaria adjunta a nivel provincial al momento de la investigación, y actual delegada seccional de San Lorenzo.
En las entrevistas realizadas en la provincia como aporte al estudio federal, se consideraron los testimonios “de docentes de los diferentes niveles educativos y departamentos santafesinos”, detalló Monteverde en charla con El Eslabón.
“Hablaron sobre las condiciones de trabajo, de aquellas cuestiones que se veían a diario, como no tener tiempos ni espacios”, dijo la dirigenta sindical, y agregó que “si bien había de por medio dos paritarias nacionales importantísimas que hablaban de respetar esos espacios y tiempos, no se respetó ese límite acordado”.
En el caso santafesino, Monteverde recordó que las y los docentes consultados para este estudio marcaron “las circulares que llegaban a cualquier hora” y que “era el propio Ministerio el que no tenía respeto por el descanso de las y los docentes. Eso generó malestar, que se sumaba al propio dado por la pandemia”.
En este estudio también se consideraron otros informes encarados por la Ctera, como la encuesta nacional que realizó en 2020 donde se muestra claramente la cuestión de género en el tiempo del aislamiento. “En la docencia somos mayoría las mujeres, y pasan por nosotras las tareas de cuidado. Esa sobrecarga laboral existe, porque además de enseñar, las mamás también tenían que ayudar a sus hijos a realizar las tareas escolares”, mencionó a manera de ejemplo.
Monteverde resaltó “el rol de los equipos directivos”. Tuvieron la tarea –marcó– de garantizar la enseñanza y proveer el alimento, con la colaboración de docentes y asistentes escolares. “Sin embargo, el equipo directivo es el que estuvo en la escuela en 2020, 2021, y en 2022 también porque se sufren los coletazos de los dos años anteriores, parece que la pandemia fuera algo lejano, pero no lo es”.
El estudio indaga además sobre un tema clave que es cómo el sector privado aprovechó la emergencia sanitaria para crecer en el espacio público de la educación.
“En Santa Fe, se compró un servicio privado”, señaló Monteverde en referencia a la contratación del Ministerio de Educación provincial de los servicios de la plataforma ofrecida por Google.
Otro aspecto, mencionado por la referenta de Amsafé, es la falta de conectividad y de recursos. “En Santa Fe se entregaron los dispositivos que estaban en las escuelas, pero no fue suficiente. Eso sumado a la falta de formación y de conectividad”.
Adriana Monteverde valoró el estudio como un material de relevancia “para tener la mirada atenta” en defensa de la educación como derecho y contra la mercantilización. “Hablamos de educación como un derecho que es individual y social, que debe garantizar el Estado. También de políticas públicas que aseguren igualdad en el acceso al conocimiento. Un terreno de disputa permanente”, apreció.
“Entendemos que cuando hablamos de estas políticas públicas que están en disputa, las y los docentes tenemos mucho para decir. Son procesos en los que se van a cruzar distintos grupos de intereses y es donde tenemos que tener una mirada atenta para que no se mercantilice la educación”, subrayó.
Plataformas y formación docente
El estudio de la Ctera detalla cómo ha operado el sector privado en el desarrollo de plataformas. Algunos estados provinciales tuvieron desarrollos propios y otros firmaron “convenios con las empresas privadas dedicadas a la educación y plataformas E-Learning, las que se han expandido considerablemente en este contexto”.
El caso más conocido –citado en la investigación y al que refirió Monteverde– es el de la empresa Google, “que dispone de la plataforma digital Google for Education para los niveles inicial, primario y secundario, que se integra con otros productos, como el Google Classroom, Meet y Chromebooks”.
Entre los acuerdos firmados por Google con las provincias está el convenido con el gobierno de Santa Fe “para disponer de la plataforma digital Google for Education para los niveles inicial, primario y secundario, que permite la conexión entre los docentes y los alumnos desde cualquier teléfono celular o computadora sin consumir datos móviles”.
El sector privado en el campo educativo también mostró un claro avance en la formación docente. En especial, con los cursos a distancia para la docencia y estudiantes de escuelas secundarias.
En el caso santafesino, el estudio hace referencia –entre otras– a la Fundación Grupo Petersen (Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz), que “es una de las organizaciones que ya tenía injerencia en el ámbito educativo y que, con la pandemia, la intensifica”.
El Grupo Petersen –se detalla en el informe– cuenta con las listas de correos electrónicos de la totalidad de la docencia de Entre Ríos, San Juan, Santa Fe, y Santa Cruz, (ya que sus respectivos bancos provinciales son los que tienen las cuentas-sueldo en cada caso). Este grupo empresario “hace llegar a las/los docentes invitaciones para participar de conferencias y charlas sobre temáticas afines a la perspectiva empresarial”.
En esa línea, la Fundación del Grupo Petersen organizó en la pandemia diferentes certámenes en materia de “innovación educativa”. Quienes ganan se llevan dinero para destinar a proyectos escolares presentados previamente. Pero entre los requisitos para participar de estos concursos, hay que pasar por una etapa de capacitación previa, dictada desde el campus de este grupo empresario.
“El módulo sobre políticas educativas, estructurado con perspectiva empresarial, es dictado por docentes con antecedentes de trabajo en Siemens, Bosh, Bunge y Born, ICBC, Unidad Com, Ciencias para todos, Standard Bank, FIEL, Grupo Sophia, Compromiso, Qatar Foundation, Siderar, Las Marías, Petrobras, Universidad Argentina de la Empresa y en reparticiones educativas del Estado en períodos de gobiernos conservadores”, se detalla en el estudio de la Ctera.
Hay más: “Según consta en la propia página web del grupo, los establecimientos educativos y los docentes participantes de los certámenes reciben instancias de acompañamiento formativo en ejes temáticos tales como: clima escolar y educación emocional, proyecto de vida y vocación, educación financiera, y gestión y liderazgo pedagógico”.
Combo Macri y pandemia
En la investigación de Ctera se repasa que “la intromisión en la educación pública de empresas privadas y ONGs no es algo nuevo en nuestro país, aunque profundizaron su accionar, tanto durante la administración macrista, como durante la pandemia”. Remarcan que durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), “el Estado había firmado numerosos convenios con ONGs y fundaciones, en los que se les habilitaba para tener una gran injerencia en el campo educativo”. (A la fecha de publicación del informe de Ctera –señalan– no hay datos ni de rescisión ni renovación de esos contratos).
Este avance tiene consecuencias claras y decisivas para la educación, en particular –como señaló Monteverde– en su defensa como derecho. Es que la proliferación de acuerdos entre empresas proveedoras de servicios educativos y los Estados (nacional y provinciales) “no sólo han favorecido el avance del sector privado, sino que ponen en riesgo la privacidad de los datos personales de los usuarios, los que luego se usan como el stock de capital de las grandes corporaciones tecnológicas”.
El estudio, que está disponible en la Mediateca de Ctera, alerta además que en la medida en que las empresas ofrecen sus recursos y contenidos educativos, también “promueven lógicas y temáticas pro mercado, basadas en una concepción neoliberal de la educación”.
Un claro ejemplo se analiza en los cursos de formación docente –virtuales y gratuitos– ofrecidos por el sector privado. “Se basan en marcos teóricos tecnocráticos que impulsan enfoques y temáticas empresariales, orientan la formación según las demandas del sector productivo, fijan agenda y promueven cambios en las políticas públicas en ese sentido”, advierten.
La investigación apunta a desandar la lógica simplista de considerar que los problemas educativos se resuelven sólo con la provisión de recursos e internet a las escuelas, sus docentes y estudiantes. “Consideramos que el problema es mucho más complejo y requiere de políticas soberanas de formación docente que posibiliten el uso de los medios digitales desde una perspectiva crítica y confrontando las lógicas sostenidas por las empresas privadas”, valoran desde Ctera.
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