La Asociación Civil “Carlos Bocacha Orellano”, con el apoyo de organizaciones socioambientales de la ciudad (Multisectorial Humedales y Taller Ecologista) e investigadores de la UNR. (Cátedra de Antropología Económica de la FHyA y GEA de Agrarias) y Conicet, presentó un amparo que fue admitido por la justicia. El amparo adjunta un informe técnico que pone en debate el impacto ambiental de las obras que la desarrolladora Obring está realizando en la desembocadura del arroyo Ludueña.
El amparo es la continuidad de varios pedidos que se vienen realizando desde el 2020 en relación a la concesión que tiene la empresa sobre el espacio público. La última solicitud se realizó en el mes de mayo a la Municipalidad de Rosario, al Concejo Deliberante y al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe para que respondan a un pedido de informe de impacto ambiental que tendría que haber presentado la empresa antes del inicio de las obras, que no aparece en ninguno de los informes presentados por la Municipalidad, y que, en el caso de que el informe no se haya hecho en tiempo y forma, se suspendan las obras como corresponde legalmente.
A través de un comunicado, indicaron que “se considera que el impacto negativo que tienen las obras implican una grave alteración y daño ambiental, definitivo e irreparable, por cuanto a simple vista se advierte la ejecución de obras de modificación de las barrancas, movimientos de suelos, socavación de las paredes de la barranca, construcción de pilotes sobre el lecho del arroyo, dragado, construcción de terraplenes hacia el interior del arroyo y hasta el centro del mismo, obstruyendo de esta manera el cauce natural de las aguas hacia la desembocadura en el Río Paraná, afectación del paisaje y del lecho del arroyo, acelerando irremediablemente los procesos erosivos y afectando la escorrentía natural de la zona”.
Por último, señalaron que “todos los daños y consecuencias se suman al incumplimiento de todos los plazos asumidos por la empresa desde que tiene la concesión en el año 2011, por lo cual es preocupante el silencio del Ministerio Provincial y sobre todo del ejecutivo Municipal ya que es quien debe decidir los destinos de un espacio público fundamental para la ciudad bajo una concesión irregular. Mientras tanto la empresa siguió avanzando con las obras que incluyeron la tala de un pequeño bosque perteneciente al humedal urbano del Arroyo”.
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