En la disputa por la modificación de la Ley de Alquileres, la oposición propone un ajuste trimestral argumentando “ayudar a los inquilinos”. Desde el Consejo Asesor de Vivienda, Ariel D’Orazio, asegura que debe prevalecer la propuesta del oficialismo.
Si hay una espada de Damocles sobre un sector social, es la disputa por la modificación de la ley de alquileres, que condiciona la vida de nueve millones de personas que no tienen techo propio y en las actuales condiciones económicas, distan mucho de tenerlo. En ese contexto, Juntos por el Cambio, el bloque Federal y Graciela Camaño proponen actualizar el alquiler en ¡forma trimestral! y lo más insólito es que dijeron que es para ayudar a los inquilinos.
“En el Congreso Nacional hay dos dictámenes, uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos que busca mantener los alcances de la ley y otorgar incentivos fiscales a los pequeños propietarios de viviendas en locación, con la idea de ampliar la oferta de inmuebles en alquiler en las grandes ciudades”, dijo el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, Ariel D’Orazio, en diálogo con El Eslabón. Y dijo que por otro lado hay un dictamen de minoría que pretende generar aumentos trimestrales en los contratos de locación, sin un índice fijo, por lo cual podría plantearse cualquier índice de incremento como el precio del combustible, o el que las partes acuerden. “Sabemos que esto en una relación de contratación no existe, porque siempre hay un marco de imposición de la parte locadora por sobre la inquilina”, enfatizó. Y para dimensionar la asimetría recordó que las inmobiliarias justificaron la retracción de inmuebles disponibles por culpa de la Ley 27.551: “Sólo los propietarios se pueden retirar del mercado, los inquilinos no pueden hacerlo porque necesitan dónde vivir. Hay una desigualdad jurídica y es el Estado quien debe nivelar esta situación”, explicó.
Remarcó que existen especulaciones, que se construye mucho y no para resolver el problema habitacional sino como resguardo de activos financieros provenientes de otras actividades vinculadas muchas veces a la evasión fiscal, incluso a negocios de las economías delictivas, el famoso lavado de dinero. “El Estado debe tutelar y generar incentivos fiscales, pero también generar un registro de viviendas ociosas para establecer un impuesto progresivo para que se vuelquen al mercado de alquiler”, señaló. Y agregó: “Hoy se necesitan 300 salarios promedios para llegar a tener un inmueble, y ante esta situación es que se hace fundamental que el Estado garantice inmuebles en alquiler y que comience a construir generando el Fondo del combate a la especulación inmobiliaria”.
“Es uno de los problemas centrales de un Estado que no articula con los gremios, un actor fundamental para garantizar el acceso a la vivienda. Entre 1950 y 1970, inclusive en 1980, fue el Banco Hipotecario Nacional quien impulsó la posibilidad de ser propietarias a muchas familias con un Estado presente y cuotas accesibles con los salarios de ese momento”, evocó. Y sumó el primer programa Procrear que subsidiaba tasas de interés para que la inflación no hiciera estragos en relación a los ingresos familiares y hoy está demostrado el zafarrancho que se hizo con los créditos UVA.
“Se necesita un Estado articulando con los gremios para que trabajadores y trabajadoras puedan acceder al techo con programas y construcciones conjuntas y con el subsidio a la financiación para la adquisición de un inmueble, porque si sólo se subsidia el capital y no la tasa de interés, con los problemas macroeconómicos que hoy tiene Argentina y que se han hecho crónicos, es imposible pensar que una familia que gana 100 mil pesos, con una canasta básica de igual valor, pueda llegar al techo propio”, explicó.
El dato relevante es que un departamento de dos dormitorios sale 220, 230 canastas básicas depende de qué dólar se tome. Pero “la canasta básica está destinada a vivir y no permite generar ahorro para acceder a un inmueble. Peor aún, no contempla el alquiler, o sea que la canasta básica sería un 40 por ciento más de lo que mide el Indec, que resulta de sumar a los 100 mil pesos, los 40 o 50 mil pesos que sale un alquiler promedio. Cuánto dinero se necesita para generar un ahorro para en algún momento soñar con la casa propia en nuestro país”, describió.
Relación de fuerzas legislativas
En el marco así descrito, con una asimetría tan dolorosa como manifiesta entre inquilinos y propietarios, ¿cómo están las relaciones de fuerza en el Cámara de Diputados para decidir la modificación de la Ley de Alquileres? “Por suerte, el tema no fue parte esta semana de la discusión en la Legislatura, entendemos que no se reunieron los votos para lograr la media sanción, después continuaría el debate en el Senado”, explicó. Y dijo que por un momento temieron que se impusiera el proyecto de Juntos por el Cambio, Camaño y el bloque Federal.
“Ojalá prevalezca el dictamen de mayoría que otorga plena vigencia a la Ley 27551 y que suma incentivos fiscales para la construcción y para los propietarios que vuelquen las viviendas en el mercado de alquiler, y también suma la posibilidad de que el órgano que haga cumplir la ley sea la Oficina del Consumidor de cada localidad y provincia. Ojalá cuente con los votos y pueda avanzar”, enfatizó.
“Hoy por hoy ninguno tendría los votos para la media sanción en Diputados”, dijo D´Orazio, y repasó los cuestionamientos que se le hicieron a la Ley cuya modificación hoy se discute: “Las críticas son dispares. Para quien alquila, que se le actualice el alquiler en un 58 por ciento anual es altísimo, pero tiene que ver con el índice del contrato que contempla salario e inflación. Y del lado de los propietarios dicen que el índice es insuficiente porque pierde en relación a la inflación actual”. Aclaró que de haberse ajustado con la inflación actual hoy habría inquilinos e inquilinas endeudados porque el salario no puede perder sistemáticamente con la inflación y con el alquiler, algo que venía pasando antes de la ley, donde el alquiler le ganaba a la inflación y al salario, cuando ajustaba en 35 puntos anuales pero la inflación era de 28 puntos, hoy la inflación de más del 60 por ciento anual es la que explica el alto porcentual de ajuste anual de los contratos, es decir una de las principales críticas a la Ley vigente.
La solución que propone la oposición es tan insólita como de temer: liberar la actualización de los contratos y bajar la temporalidad a tres meses. “Lo insólito es que es más bajo que los seis meses que planteaban las cámaras inmobiliarias”, enfatizó. Y aclaró: “Tengo que marcar una diferencia en relación a que Fein y Estévez no tienen participación en las reuniones de comisión que tratan este tema pero manifestaron que no están de acuerdo con ninguno de los dos dictámenes, por ende no acompañarían a ninguno de los dos, y se les pidió que no dieran quórum para que no avanzara el proyecto de la actualización trimestral”, explicó.
Según D´Orazio, hablar de soluciones para quienes alquilan supone discutir con los inquilinos y no con la agenda del mercado inmobiliario y los colegios profesionales, porque los propietarios no están agrupados en una cámara. “Estamos discutiendo esta última agenda y no la de quienes tienen que poner hasta el 60 por ciento del salario en el pago del alquiler y le queda muy poco margen para vivir, ahí hay que poner el foco y no llevarse por disputas políticas de ambos bandos, pero entendemos que hoy el enfrentamiento entre gobierno y oposición, puede lesionar seriamente a más de nueve millones de argentinos”.
“A la ley hay que fortalecerla, hacerla cumplir, hay tres o cuatro ítems como el registro de contrato, el alquiler social y el sistema de garantía, que hoy no se cumplen en la Argentina, desde la parte Estatal, y comenzar a fortalecer el acceso a vivienda mediante programas concretos, sentando a una mesa a todos los sectores involucrados. Ahí tiene que comenzar el debate serio y no quedar con la discusión chiquita para asestarle un golpe al gobierno de turno”, enfatizó. Y no pasó por alto que a quienes alquilan, además del costo, les resulta muy difícil planificar la vida escolar o vivir cerca del trabajo porque no saben cuándo se tienen que mudar si no pueden afrontar el costo. Datos que cargan de angustia a la vida cotidiana de nueve millones de inquilinos e inquilinas.
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