El subdirector del Celag Guillermo Oglietti repasó políticas aplicadas por el Estado Plurinacional contra la suba de precios. “Se puede frenar sin recurrir al ajustismo de siempre”, concluyó.
Que Bolivia esté entre los países del mundo con menor inflación y al mismo tiempo exponga indicadores de disminución de la pobreza y mejora en los niveles de empleo no fue magia, sino fruto de políticas oficiales con cuatro principales ejes y objetivos: desdolarización, aumento de la oferta, intervención en los mercados y reformas tributarias. Así lo sintetizó el economista argentino Guillermo Oglietti en una reciente publicación “a modo de manual para ministros de economía”, en la que enumera medidas y programas aplicados en Bolivia desde la primera gestión de Evo Morales hasta ahora, salvo el año de gobierno golpista.
En cuanto a la desdolarización, Oglietti repasó que en principio se “apreció” la moneda, “de 8 a 7 pesos por dólar (actualmente, se mantiene en este valor)”, con lo que el Estado Plurinacional “rompió la inercia alcista del dólar y mandó la señal de que no siempre el que apuesta al dólar gana”. Además, “se encareció el uso del dólar” tanto para ahorrar como para prestar, “se aumentaron los requisitos para otorgar créditos en moneda extranjera y se facilitó el crédito en moneda nacional”, se modificó “la composición de la deuda pública, haciendo desaparecer los títulos en dólares, emitiendo títulos en pesos, incluso para pequeños ahorristas”, y se crearon impuestos “a las transacciones financieras en dólares del 0,3 por ciento, para las cajas de ahorros con más de 2 mil dólares o depósitos menores al año” y a “la venta de moneda extranjera (0,7 por ciento) dirigido a operaciones de venta de moneda extranjera en casas de cambio e instituciones financieras”. En pos de la desdolarización se fijaron también “indexadores alternativos” a la moneda estadounidense: “Se empleó la Unidad de Fomento a la Vivienda, unidad de cuenta actualizada con la inflación local, como indicador para realizar contratos en moneda local y desalentar el uso del dólar como unidad de cuenta”; y “se prohibió la indexación de tarifas en función del dólar”, indicó el economista y actual subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
Respecto del aumento de la oferta, señaló de entrada que como “toda escasez ‒ya sea generada por exceso de demanda, oferta insuficiente, especulación o acaparamiento‒ se traduce en inflación, el gobierno boliviano siempre apostó, y mucho, por la producción”, a través de diversas herramientas entre las que se cuentan una “política de crédito súper activa” y orientada a la producción. Por ejemplo: “usando coeficientes de reservas diferenciados y cupos máximos se orientó el crédito bancario a la producción (vivienda, vivienda social, empresas, microcréditos y Pymes), expandiendo la cartera de créditos ¡en casi 7 veces!”. Al mismo tiempo, hubo “financiamiento a proyectos de inversión pública de gobiernos subregionales y comunidades indígenas” y “extensas inversiones en infraestructura de caminos y servicios públicos, que ampliaron la oferta al extender el área geográfica desde donde se provee a los grandes centros urbanos”. La inversión pública –una de las mayores del continente, resaltó Oglietti– apuntó además a incidir directamente “en la producción y la oferta” con la creación de una empresa pública de Apoyo a la Provisión de Alimentos (Emapa), “que brinda productos de la canasta familiar e industria nacional a precios justos a través de una red propia de supermercados” y a la vez “abastece de harinas a panificadores y otros sectores a quienes provee a precios justos a cambio de que se comprometan a sostener precios”. Otra empresa pública que se creó para operar de modo similar pero en otro mercado clave es la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceas), a la que se sumó una “Red de farmacias municipales (públicas, administradas por las Alcaldías) y farmacias populares y boticas (instituciones sin fines de lucro)”. También se apeló a una “Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, que pone tierras fiscales a disposición de la producción agropecuaria dirigida a aumentar la producción en rubros donde no hay autoabastecimiento”, se impulsó la “fabricación de insumos estratégicos», como los que genera una “Planta Pública de producción de urea (fertilizantes) para impulsar la producción agropecuaria”; y se fortaleció la “Banca Pública (Banco Unión), con el propósito de aumentar la competencia con la banca privada, disminuir los costos financieros en el sector minorista y aumentar el crédito en sectores que tradicionalmente no acceden al mercado financiero privado”.
En cuanto a la intervención en los mercados, destacó primero la “nacionalización de recursos naturales estratégicos”, que permitió “retener la renta generada” por esos recursos para “reinvertirla en el desarrollo económico y social”, lo que contribuyó a fortalecer las cuentas externas, reteniendo en el país las divisas que antes salían como importaciones y remesas de utilidades”. En el plano financiero, “se constituyó un fondo contracíclico de reservas internacionales que ronda el 25 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) aumentando la capacidad del gobierno para disuadir a especuladores y disminuir los riesgos de quienes tienen activos en pesos”. Otras medidas fueron la aplicación de “subsidios cruzados a los combustibles”; y “así se contrarrestó la inflación importada a consecuencia de la guerra” en ese rubro y la regulación del comercio exterior de productos agrícolas. “Uno de los aspectos más relevantes para el control de la inflación fue que las exportaciones de granos y derivados están reguladas. Se fijaron cupos de exportación, definidos en función del abastecimiento y precios internos, lo que impidió la importación de inflación de alimentos y agrícolas”, destacó Oglietti. Y agregó: “se implementó una política activa de control del monopolio y del abuso de posición dominante, con seguimiento de precios casi a diario y control directo por parte de la Presidencia sobre precios relevantes de la economía”, a la que se sumó a municipios e instituciones de defensa del consumidor. Al mismo tiempo, “se construyeron indicadores objetivos para asignar divisas que permitieron priorizar los usos de los dólares disponibles dirigiéndolos a aquellas importaciones que más contribuyeran a sustituir importaciones o a generar divisas”.
En cuanto a las políticas tributarias, el subdirector del Celag señaló que se diseñaron “a sabiendas que la inflación también está causada por la evasión fiscal” y enumeró el “reintegro efectivo IVA por el 5 por ciento del valor de la factura”, la aprobación “Ley 1448 de facilidades para el cumplimiento de obligaciones tributarias, que amplía el plazo para el arrepentimiento eficaz”, la creación del “impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca y otras empresas financieras (50 por ciento)” y los “aumentos de regalías por la extracción de recursos naturales, lo que incrementó los ingresos fiscales y retuvo las divisas que salían en concepto de remesas de utilidades”.
De este modo, Bolivia “demuestra que existen políticas heterodoxas capaces de enfrentar con éxito la inflación”, sin tener que “recurrir al ajustismo de siempre ni repetir sus fracasos”, enfatizó Oglietti. “Pero, hay que atreverse”, advirtió, a sabiendas que apelaba a un verbo que no muchos gobiernos de la región se atreven a conjugar.
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