Dos concejales piden la intervención militar en seguridad interior, que está prohibida. El mismo día que una policía mató a un vecino por una discusión. Confusiones normativas y diferencias entre agua y nafta.

El mismo día que una policía disparó a la cabeza de un hombre que discutía con su marido por una garrafa en el barrio Nuevo Alberdi, los concejales del bloque Volver a Rosario, Miguel Tessandori y Valeria Schvartz, presentaron un proyecto para que las Fuerzas Armadas intervengan en materia de seguridad en la ciudad como consecuencia de la alta tasa de homicidios, algo que está prohibido por las leyes nacionales de Defensa y Seguridad Interior aprobadas por el Congreso durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, respectivamente. Normas que delimitan sin ambivalencias ambas materias. La idea de estado de excepción que vive Rosario, sin duda atravesada desde hace una década por altos niveles de violencia lesiva, puede ser provechosa en términos de instalación mediática pero es peligrosa como propuesta efectiva a los problemas de seguridad pública que agobian a la población. Por las consecuencias de la última intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior frente a un “estado de excepción”, se tramita desde el lunes 1° de agosto en los Tribunales Federales de Rosario la cuarta parte de la megacausa Guerrieri por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Sólo en este tramo, contra 116 víctimas.

Azules y verdes

El proyecto presentado por los concejales del bloque Volver a Rosario –denominación llamativa, por cierto, pues habilita la pregunta sobre ¿a qué Rosario desean volver?–, mezcla los tantos entre azules y verdes.

Por un lado, encomienda al Departamento Ejecutivo a “que realice las gestiones ante el Consejo de Seguridad Interior de la Nación a los efectos de que se constituya el Comité de Crisis, normado en el artículo 13° de la ley 24.059 –Ley de Seguridad Interior–, a los fines de intervenir en contención de la ola de inseguridad reinante en la ciudad de Rosario y de esa forma resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes de la ciudad de Rosario”.

Ese artículo de la ley establece la posibilidad de constituir un Comité de Crisis “cuya misión será ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales”, tanto provinciales como federales, “que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”.

La coordinación de las fuerzas federales y locales ya se hace desde hace algún tiempo, aunque su resultado no sea el esperado, a través de un Comando Conjunto.

¿Qué es la seguridad interior? El artículo 2 de la norma la define como “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.

No parece ser el caso de Rosario el de la no vigencia plena de los derechos, garantías y el funcionamiento de las instituciones republicanas.

Que vuelvan los milicos

Pero conjuntamente con el planteo de convocar a un Comité de Crisis, el proyecto de Tessandori y Schvartz –más destinado a la opinión pública que a intervenir virtuosamente en la realidad– solicita directamente la participación de las Fuerzas Armadas allí donde la ley se lo impide.

“Asimismo el Departamento Ejecutivo Municipal deberá interceder ante el Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que las Fuerzas Armadas de la Nación sean empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del ámbito de la ciudad de Rosario, en todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 27º y 31º de la ley 24.059”, señala la propuesta.

El artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior faculta al Ministerio de Defensa a disponer, si el Comité de Crisis así lo dispusiera, “que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.

Es decir, sólo en tareas de apoyo –que también contempla ante situaciones de desastre– y no para su intervención armada.

El artículo 31, por su parte, sí establece que “las fuerzas armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º”.

Es decir, cuando no estuvieran garantizados los derechos y garantías de los habitantes de Rosario ni “la plena vigencia de las instituciones” de la República.

Rosario sangra, particularmente cuando el delito transgrede la frontera tácita de los bulevares, pero no está en riesgo el sistema ni los derechos y garantías de la población en forma colectiva, puesto que los hechos de violencia ocurren de modo situados y se concentran en un 13 por ciento del territorio de la ciudad.

La ley de Seguridad Interior también habilita la intervención “cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal”, pero de las fuerzas de seguridad y no de las armadas. Lo dispone en su artículo 23.

“Pedimos apelar a la Ley de Seguridad Interior y a la participación de las fuerzas armadas porque la situación en la ciudad se agrava día a día; y hasta ahora no hay respuestas acordes y efectivas a una violencia criminal que no cesa”, sostuvo Tessandori respecto de la iniciativa de su bloque de impulsar la conformación del Comité de Crisis previsto por la normativa nacional vigente “cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”, informó Volver a Rosario a través de un comunicado.

Otra vez la confusión entre verdes y azules, porque ese párrafo de la ley que invoca el periodista deportivo es el inciso a) del mencionado artículo 23, que dispone “el empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales” y no el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

Además, como lo señala la propia redacción de la ley, se trata de “peligro colectivo” de la vida, el patrimonio o la libertad, y no su afectación individual.

Dame una policía

Pero más allá de las confusiones, el proyecto procura instalar una idea, que es la de la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, vieja añoranza de la derecha y del populismo punitivista en general.

Esa prohibición, trazada en las leyes de Defensa y Seguridad Interior aludidas al comienzo de esta nota, son los resguardos que la joven democracia argentina se dio a fines de los años 80 y principio de los 90 –con la participación de todas las fuerzas políticas–, en procura de evitar la repetición de lo que las Fuerzas Armadas hicieron en su última intervención interna, como deshumanizado brazo ejecutor de un proyecto político-económico que no se condecía con su declarado nacionalismo.

Lo que Santa Fe ha evitado en la última década –cuyo síntoma es la demanda cíclica de más fuerzas federales a los tres últimos gobiernos nacionales– es reformar y modernizar su sistema de seguridad y, dentro de él, la institución policial.

Desde el “desembarco” del entonces secretario de Seguridad Sergio Berni con 3 mil hombres y mujeres de las fuerzas federales el 9 de abril de 2014 –por las mismas razones que los dos concejales esgrimen ahora–, el arribo de policías constituye una regularidad inocua.

La repetición cíclica del problema y la adopción sistemática de la misma acción –aunque con algunos matices– con el objetivo de solucionarlo, convoca a la frase del físico Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

Lo que expone la periódica solicitud de ayuda santafesina ante el Gobierno federal es la incapacidad local de solucionar los problemas de su fuerza policial, con los que no pretende resolver el drama de la seguridad pública –mucho más complejo y multicausal– tanto como tener una policía moderna, más o menos eficiente y subordinada al poder político que permita reducir los problemas que actualmente produce la propia agencia. Luce como un objetivo módico, pero no se ha logrado en la última década.

Por el contrario, luego de intentar fallidamente una reforma policial y de seguridad con el exministro Marcelo Sain, el gobierno de Omar Perotti designó –por primera vez en Santa Fe desde la recuperación de la democracia– a un jefe policial retirado como cabeza de la cartera de Seguridad, en un inocultable paso atrás, más revelador de la desorientación que lo abruma en esa materia que de un presunto “giro derechista”.

Harto ya de los policías, Tessandori pide ahora militares, con el mismo diagnóstico e igual impotencia.

Con tan mala fortuna, en su caso, que lo hizo el mismo día que una empleada policial de la comisaría 12ª mató de un tiro en la cabeza a un vecino que discutía con su marido por una garrafa.

La Policía de Santa Fe casi no tiene enfrentamientos con personas que cometen ilícitos, pero varias causas judiciales revelaron la participación de sus miembros a modo de empleados de las organizaciones criminales más relevantes de la ciudad. Esa condición de subordinados a las bandas que operan en los mercados ilegales es la que le impide a la fuerza de seguridad regular, aunque sea ilícitamente, el mundo de la criminalidad local.

Agua o nafta

Es probable que la propuesta de intervención de fuerzas militares en seguridad interna –para lo que no están capacitadas ni es su función– no tenga otro efecto en la realidad que algún impacto en términos mediáticos, con el fin de correr el debate público un poco más hacia la derecha.

Sin embargo, en un contexto como el de Rosario, de incremento de la tasa de homicidios hasta triplicar la nacional, creciente número de balaceras y amplia proliferación de armas de fuego y municiones, puede lucir a los ojos de los “desesperados” como una salida conducente a un problema complejo, cuyo análisis –incluso superficial– permite determinar que sumar cantidad de efectivos o traerlos desde otros puntos del país no ha colaborado a reducirlo a niveles aceptables.

Tal vez envalentonados por la llegada de miembros de las fuerzas armadas a la zona de islas del delta del Paraná para cooperar en el combate a los incendios, que ellos habían solicitado unos días antes de que el gobernador Omar Perotti la gestionara ante el gobierno nacional, los concejales de Volver a Rosario consideraron que el mismo balde en manos militares empleado para apagar el fuego puede contribuir a mitigar los problemas de seguridad pública, sin advertir que en este caso su contenido es de inflamable combustible y no de inocua agua.

Los resultados de la última incursión de las Fuerzas Armadas en asuntos internos, hace ya 40 años, son por todos conocidos.

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