La permanencia de altos niveles de violencia deglutió a otro ministro de Seguridad, el cuarto. Los límites del autogobierno policial, la incapacidad estatal para regular la ilicitud. Y un asesinato inédito.
La salida del director de policía retirado Rubén Tigre Rimoldi del Ministerio de Seguridad a seis meses de asumir la función revela, otra vez, que la seguridad pública no se trata de una cuestión de nombres y que el autogobierno policial posee límites infranqueables, sobre todo en una provincia con una fuerza de seguridad y un Servicio Penitenciario con las características de las santafesinas. Así la describió el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada, el fiscal Luis Schiappa Pietra: “Los fenómenos criminales que tenemos en Rosario obedecen a que estos mercados ilícitos no tienen ningún tipo de control o regulación, porque el Estado perdió también la capacidad de regular esos ámbitos de ilicitud, que en otras ciudades sí los tienen. En Rosario tenemos un problema grave en términos de la capacidad que tiene hoy la policía y otros actores de la seguridad pública para intervenir”. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Daniel Erbetta, “creíamos que habíamos tocado fondo y pareciera que el fondo todavía no llega. Acá hay un problema grave, tenemos una disputa violenta por mercados que están totalmente desregulados”. Mencionó como ejemplo que “Hamburgo es el principal puerto de ingreso de la droga en Alemania y la policía alemana lo sabe perfectamente, el mercado se regula y hay límites: ni muertos, ni financiamiento de la política con este dinero. Esa situación no se da en la ciudad de Rosario, se ha perdido el control del territorio”.
El sistema político santafesino despreció hace poco un intento de reforma de la institución policial, de modernización del sistema de seguridad pública y de avance en la conducción política de la fuerza. Los tres proyectos legislativos, que incluían un crudo diagnóstico, enviados por el entonces ministro Marcelo Sain a la Legislatura chocaron con la indiferencia de algunos y la resistencia al cambio de otros. Perdieron estado parlamentario sin ser leídos.
Tras el interregno de Jorge Lagna en la cartera, el gobernador Omar Perotti se inclinó entonces por el camino del regreso sin matices al autogobierno policial, al designar al frente del Ministerio a un comisario retirado, el Tigre Rimoldi.
Unos meses antes de asumir, en una entrevista radial a una FM de la ciudad de Casilda, Rimoldi dijo sobre los problemas de seguridad pública que “claro que se puede solucionar, pero no me lo pidan para mañana, necesito tener el poder para conducir una fuerza de una manera totalmente distinta y que la política no se meta”.
Agregó que “el mando natural es «no hay políticos dentro de la fuerza», se vuelve a ascender como se tiene que ascender, cada uno cobra lo que tiene que cobrar. La meritocracia tiene que funcionar en esto”. No funcionó.
La ciudad de Rosario lleva más de una década con altos índices de homicidios dolosos, entre el doble y el triple de la tasa promedio nacional. Sufrieron esas ominosas estadísticas gobiernos de distinto palo político y diferentes gestiones de un mismo partido.
No hay por qué ser optimista, menos en un año electoral, pero el crimen del músico y artesano Lorenzo Jimi Altamirano, secuestrado al azar y asesinado en la puerta del estadio de Newell’s Old Boys como mensaje mafioso, abrió una puerta que sería deseable que el conjunto de la dirigencia política procurara cerrar.
Si bien existen muchas “víctimas inocentes” que quedaron “en medio” de disputas armadas, nunca antes se había registrado un hecho de esta naturaleza: matar a alguien al voleo para enviar un mensaje, cuyo destinatario no está claro. Es improbable que a los integrantes de las múltiples células de lo que fuera la banda Los Monos les inquiete el crimen de un desconocido. Al Estado, en cambio, lo pone en jaque.
Esa boca es mía
Como parte de un día agitado, el miércoles 8 de febrero el todavía ministro Rimoldi dijo que “la metodología” de ese asesinato evocaba la utilizada en Colombia durante el período más sangriento del fenómeno narco en ese país sudamericano. Enseguida, aunque ya tarde, aclaró que no era comparable lo que ocurría en esta ciudad con lo sucedido en aquél país. El pez por la boca muere.
En la misma conferencia de prensa, el Tigre interpretó la escalada violenta que atraviesa la ciudad como una reacción al buen desempeño de la fuerza de seguridad en materia de persecución a las organizaciones criminales, ya que el jefe de Rosario le informó que en un fin de semana se secuestraron 18 armas de fuego.
Dijo tener “plena convicción” de que es “el sistema que hay que utilizar para pacificar Rosario” y que “las estadísticas nos dicen que es el camino correcto”. Quién va a discutirle a una ciencia exacta.
En la misma rueda de prensa en la que fue consultado por la balacera a edificios públicos y el novedoso crimen al voleo de una persona como mensaje mafioso, el funcionario adelantó la realización de un presunto allanamiento, que derivó en la queja de Schiappa Pietra: “Cómo un ministro va a salir a decir que nosotros estamos por allanar un domicilio. Es inaudito que alguien diga que estamos por allanar”.
Mientras se retiraba el cucurucho de la frente, Rimoldi respondió ante la consulta de Telefé Rosario acerca de si un sector de la fuerza de seguridad le jugaba en contra que “no, no tengo ninguna sospecha, porque sé el compromiso que tiene la Policía de Santa Fe”.
Dos días antes se había conocido la condena a 3 años de prisión al ex jefe de la comisaría 10ma, Gerardo Malpassi, por detener con falsos testimonios a dos pibes inocentes con el supuesto fin de cubrir a la banda de Emanuel Pimpi Sandoval, el transa de zona norte acribillado a balazos en 2019. El mismo que fue condenado por el tiroteo al domicilio particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti, en 2013. Con ese nivel de profesionalismo en el ejercicio de la función y las estadísticas favorables, qué podía salir mal. Pero a la noche fue reemplazado por el hasta ese momento secretario de Seguridad, Claudio Brilloni.
El gendarme retirado cumple funciones desde fines de 2021 en el Ministerio de Seguridad. Su nombre no alienta –a priori– la producción de cambios sustanciales en las políticas de la cartera que asumió.
Es apresurado pensar que la gritería del intendente Pablo Javkin por la balacera al centro de salud ubicado en el distrito municipal haya precipitado la salida de Rimoldi de Seguridad. El alcalde tiene una larga trayectoria en la confección de diagnósticos y reclamos a otros.
De todos modos, ese hecho es demostrativo de la calidad del servicio de seguridad: debía haber efectivos en el lugar por un convenio firmado en diciembre entre Perotti y Javkin, pero no estaban. La policía científica levantó de la escena las vainas servidas del ataque pero se le pasó un cartelito intimidatorio que encontró, cuatro horas después, un vecino.
Un ciclista balea un automóvil y el frente de una comisaría y nadie lo persigue. Rimoldi explica que el edificio policial está ubicado frente “a una villa” y que no existe acceso en automóvil por esos recónditos pasillos populares. De correr ni hablar.
Con independencia de que los casos pueden ser anecdóticos, el mensaje a la población es que los polis no se preocupan ni cuando les tirotean el lugar de trabajo.
Un cóctel
“Tenemos una policía absolutamente incapaz de regular los espacios públicos, ayer un ministro de la Corte Suprema dijo que la policía había perdido el gobierno del territorio, de la calle, y yo agrego a eso que el Servicio Penitenciario está pensado para administrar parte de un fenómeno criminal de hace 30 o 40 años”, dijo Schiappa Pietra en la entrevista aludida, concedida a la señal de cable TN.
Siguió: “Santa Fe hoy tiene otras modalidades de criminalidad y no tenemos una policía acorde a ese nivel de problematización”.
Consultado a si se trataba de corrupción o ineptitud, el fiscal respondió que todo. “Hay negligencia, complicidad, incapacidad, falta de profesionalismo, falta de entrenamiento, sueldos muy bajos, falta de recursos, estructuras edilicias precarias y perimidas para los que son los fenómenos criminales hoy”, enumeró.
En otra entrevista, con la radio LT8, dijo que “la estructura policial no da para más” porque “ni siquiera tiene capacidad de administrar cuestiones delictivas que antes controlaba, es decir, ni las cajas negras”, en referencia al sistema de regulación ilegal del delito por medio de coimas o dádivas que en otros épocas garantizó cierta estabilidad.
Ese doble pacto, de la política con la policía para dejarla hacer a cambio de “resultados” y de la fuerza de seguridad con el delito para regular la violencia, se quebró hace años en Santa Fe.
Lo que dice el fiscal es que hoy la policía rosarina no sirve siquiera para eso.
Algo similar planteó el presidente de la Corte, Erbetta. “Creíamos que habíamos tocado fondo y pareciera que el fondo todavía no llega. Acá hay un problema grave, tenemos una disputa violenta por mercados que están totalmente desregulados”, sostuvo en diálogo con la misma emisora.
También introdujo otro aspecto de la cuestión, el del autogobierno y la fragmentación de la fuerza de seguridad en microemprendimientos ilegales, pero sin el control de la ilicitud sino en condición de subordinación a las bandas criminales.
“Hay mucha gente que trata de cumplir a conciencia con su deber, el problema son los niveles de autonomización y de atomización de la policía”, sostuvo el ministro del máximo tribunal.
Puntualizó que “hay muchos jefes policiales y agentes de la policía que están condenados, otros sometidos a proceso. Están condenados porque no sólo brindaron protección, sino que en algunos casos han pasado a gerenciar estos negocios conjuntamente con los sectores que controlan la calle y hacen uso de la violencia”.
Para Erbetta, en ese proceso de degradación existe “una responsabilidad importante del poder político, porque a la policía la debe gobernar la política. Nunca puede autogobernarse la policía”.
El presidente de la Corte detalló que “el proceso de autonomización de la policía no es nuevo” sino que “se inicia varios años atrás”.
“Porque de lo contrario no podrían pasar las cosas que pasan. Tampoco tener los niveles de integrantes de la fuerza sometidos a proceso penal o condenados. No es común”, concluyó.
La diputada provincial Matilde Bruera coincidió al señalar que “acá lo que hay que hacer es terminar con el autogobierno de la policía, la seguridad se debe gobernar políticamente”.
La legisladora planteó la necesidad de “un gobierno político que gobierne y regule a las fuerzas de seguridad, que a esta altura se han convertido en un serio problema para la seguridad”.
¿Y ahora?
La repetición de las recetas probadas y frustradas sólo ahondará el fiasco. Santa Fe se debe, desde hace muchos años, la modernización del sistema de seguridad y una reforma policial que le brinde a la conducción política del Estado las herramientas más o menos útiles para gestionar el problema, cuya complejidad es indisimulable. No hay recetas mágicas en la materia ni sheriff salvadores.
Eso requeriría de un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas que exceda el término de las gestiones de gobierno y sostenga políticas públicas a –por lo menos– mediano plazo. Erbetta lo ha planteado en varias oportunidades, retirar los temas de seguridad pública de la agenda electoral.
No se vislumbra ese horizonte, menos en un año en el que hay comicios provinciales y nacionales. Contar un muerto más o menos en relación al año anterior no sólo es miserable sino inútil.
Con toda la ayuda que puede y deba recibir del gobierno federal –porque Rosario queda en Argentina–, Santa Fe debe entender que el problema está acá, es fundamentalmente propio. A las fuerzas federales les cuesta coordinar acciones con una policía que en parte está corrompida por las organizaciones ligadas a los mercados ilegales y en parte carece de conducción, entrenamiento y objetivos claros.
Pero el crimen de Altamirano debería convertirse en una alerta para el conjunto del sistema político, judicial y de las organizaciones civiles.
Es un hecho inédito en la historia criminal reciente de la ciudad. Ya no se trata de un aliviador “ajuste de cuentas” o un “se matan entre ellos”, ni siquiera de alguien que tuvo la mala fortuna de quedar en medio del fuego cruzado de la cotidiana violencia urbana.
Es difícil aventurar pronósticos porque, como se dijo, se trata de algo novedoso. Dejarlo pasar como un hecho más o disolverlo en la disputa mezquina de todos los días pareciera configurar la perspectiva más peligrosa.
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