La Corte suspende elecciones provinciales con pronóstico de triunfos peronistas, tras la queja de Macri y antes del beneplácito de Bullrich. La pirueta de Rosenkrantz y su receta anti-Evita. El plan monetario de Rosatti.
Para un observador o periodista extranjero no muy avezado podría ser dificultoso determinar los roles institucionales en la Argentina de hoy. La Corte Suprema suspendió las elecciones –corazón del sistema democrático– en las provincias de Tucumán y San Juan mediante sendas medidas cautelares y alguien dijo: “Les frenamos las re-reelecciones a (Juan) Manzur y (Sergio) Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias”. El visitante podría interpretar que esas expresiones son desbocados conceptos de uno de los ministros del alto tribunal, que dejó de lado por un instante la jerigonza jurídica para hablar sobre un fallo en términos que todos entiendan. En un contexto de creciente inflación y corridas de la cotización del dólar, alguien había dicho un día antes: “Tiene que llamarnos la atención la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda”. El cronista foráneo no debería extremar demasiado su agudeza intelectual para colegir que la frase pertenece a un líder o lideresa opositor/a.
Sin embargo, la primera frase corresponde –y es la confesión política de la orientación de la resolución cortesana– a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) y presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich. En cuyas oficinas, según una ex funcionaria suya, “pasaron cosas” (ver aparte). Y la segunda frase corresponde al presidente de la Corte Suprema, el ex intendente santafesino Horacio Rosatti. La ligazón es tan evidente y tan impúdicamente expuesta ante los ojos de quien quiera verla que habilita las posibles confusiones de un observador extranjero poco diestro en cuestiones domésticas, pero revelan sin disimulos ni pudor el contubernio entre el principal partido opositor –representante de una parte del poder real– y el gobierno de los jueces que quiere imponer a punta de sentencias un sector del Poder Judicial que responde –o, mejor dicho, es representante de– iguales intereses.
Secuencia
Tras los comicios provinciales del domingo 7 de mayo que consagraron los triunfos de Carlos Sadir en Jujuy; Hugo Passalacqua en Misiones y Ricardo Quintela en La Rioja –el único reelecto–, el ex presidente Mauricio Macri advirtió que cuando las elecciones las ganan fuerzas políticas diferentes a la suya “no son representativas, ¿no?”.
“Hay provincias que están manejadas hace muchos años por sistemas feudales que no representan, pero ya va a llegar la libertad también para ellos”, anunció el lunes 8 de mayo al llegar a un encuentro del PRO en el federal barrio porteño de Palermo, cuando a JxC no le había ido bien en los comicios provinciales del domingo anterior.
Un día después de las palabras de Macri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a hacerles llegar “la libertad”, casi como un mandato, a los electores de Tucumán y San Juan. En la provincia del noroeste Juan Manzur se postula como candidato a vicegobernador; en la cuyana Uñac busca su reelección.
La suspensión de las elecciones provinciales mediante medidas cautelares fueron resueltas favorablemente para los peticionantes. ¿Quiénes hicieron el planteo judicial? La candidatura de Manzur fue cuestionada por Germán Alfaro, postulante a vicegobernador de Juntos por el Cambio. La del sanjuanino Uñac la impugnó Sergio Guillermo Vallejos Mini, candidato a gobernador alineado con el neofacista Javier Milei.
La sucesión de hechos independientes que las mentes afiebradas interpretan como encadenados se completó con el tuit de Bullrich: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará”. No aclaró quiénes conforman ese “nosotros”, si incluye a los ministros del alto tribunal Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. El cuarto integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, no votó porque goza de licencia.
La pirueta de Rosenkrantz
En síntesis, los argumentos de la Corte indican que si bien el artículo 122 de la Constitución Nacional (CN) establece que los gobiernos de las provincias “eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal”, en este caso se ponía en juego el cumplimiento de disposiciones de la Carta Magna nacional sobre el sistema republicano.
Puntualmente, los cortesanos invocaron el artículo 5to de la Constitución que establece que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
En los fundamentos del fallo que ordena la suspensión de las elecciones en San Juan, señalan que “en la presente se denuncia que han sido afectadas expresas disposiciones de la CN que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno que las provincias se obligan a respetar”, puntualmente la alternancia en el poder público.
“Es por ello que la intervención de esta Corte se torna imperiosa para que sean respetados los principios fundacionales del federalismo argentino”, agrega. Suena lindo, pero no siempre fue así.
El abogado de grandes corporaciones Rosenkrantz, quien demostró con su propio ejemplo –al aceptar ser designado en la Corte en comisión mediante un decreto firmado por Macri– que el republicanismo es algo que puede curarse aun cuando existan recaídas, se vio obligado a emplear el codo como goma borradora de lo escrito por su mano.
En 2019, en un caso similar planteado en la provincia de Río Negro pero en el cual la demanda la realizó Martín Soria, del PJ, contra Alberto Weretilnec que buscaba su tercer mandato, Rosenkrantz rechazó la cautelar al fundamentar que la controversia ya había sido resuelta por la Justicia electoral de la provincia y que no se violaba el principio republicano de gobierno.
¿Qué cambió en cuatro años? La fuerza política que realiza la presentación.
En el considerando 9no de la resolución que suspende los comicios en San Juan, Rosenkrantz se vio obligado a aclarar su cambio de posición.
Dijo que “a diferencia del caso de autos (San Juan), en aquél fallo entendió que la alianza electoral actora no había planteado –con la entidad argumental necesaria a los efectos de demostrar la existencia de una cuestión federal predominante que justificase la competencia originaria (esto es, que la Corte interviniera en el caso)– que las autoridades constituidas hubieran desconocido de modo flagrante su Constitución local para posibilitar que una persona se perpetuara en el poder…”. Para el juez, evidentemente hay reelecciones y reelecciones.
Como para enmendar el mamarracho –o, mejor dicho, el fallo de evidente contenido político partidario–, la resolución también recuerda el antecedente de 2013 en Santiago de Estero, cuando con otra composición la Corte suspendió las elecciones ante un planteo similar por la búsqueda del tercer mandato como gobernador de Gerardo Zamora, quien finalmente no fue habilitado a participar de las elecciones.
La resolución de la Corte del martes enfatiza que ese antecedente “no sólo implica respetar sus propios precedentes sino que, además, otorga previsibilidad jurídica a las partes y despeja suspicacias propias de la materia electoral”, por cuanto el perjudicado en el fallo “Santiago del Estero” fue un miembro de la Unión Cívica Radical. Que Zamora sea un “radical K” –como lo designa la prensa hegemónica– parece ser un detalle menor, tan menor que ni siquiera es mencionado en la resolución de la Corte.
Todo fallo es político
Que las resoluciones que suspendieron las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan estuvieran encadenadas con los planteos previos de Macri y la confesión posterior de Bullrich no constituyen su único carácter partidario.
También que fueran conocidas cinco días antes de los comicios, cuando la Corte podría haber resuelto la cuestión de fondo –sobre la que, de hecho, de alguna manera adelantó opinión– sin necesidad de otorgar la cautelar solicitada por los demandantes.
Que justo fueran elecciones en las que se preveían triunfos de los candidatos peronistas ya es pura casualidad.
En cadena nacional, el presidente Alberto Fernández –y titular del PJ nacional– dijo que la resolución de la Corte evidencia “su carácter antidemocrático y su desatención al régimen federal”, a la vez que “deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia” y que “se han convertido en el brazo operativo de la oposición”.
Agregó que la decisión fue “tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad y cuando los órganos judiciales de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios”.
Fernández también le pidió a la Corte no “seguir avasallando a los pueblos del interior de la Patria preservando los intereses de sus amigos políticos o empresarios”, porque “el derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su Constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad”.
Los gobiernos de ambas provincias, vale aclararlo, acataron los alcances de las resoluciones.
Las resoluciones de la Corte se dan, además, en un determinado contexto político. Los cautelares se conocieron justo cuando estaba reunida la comisión de Juicio Político del Congreso en la que tramitan los procesos contra los miembros del máximo tribunal. Como si fuera un mensaje.
Pero antes de estas resoluciones existieron otras que dan cuenta de la intencionalidad cortesana. Puntualmente, el exótico fallo sobre la coparticipación federal en favor de un planteo del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.
En aquella medida cautelar la Corte fijó, sin que nadie se lo solicitara, un 2,95 por ciento de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin explicar de dónde obtuvo ese guarismo.
No la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sino el miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, sostuvo entonces que “un tribunal de abogados termina modificando un cálculo de coeficiente de coparticipación, sin dar cuenta de cuáles son los criterios que ha tomado para hacer esa modificación”, lo que consideró “un punto débil” del fallo.
“Hacer una estimación del 2,95 por ciento cuanto menos, y esto es una opinión personal, ameritaría en una sentencia judicial que haya una fundamentación”, dijo Erbetta. “Porque las sentencias son actos de gobierno –continuó–, y como tales tienen que estar motivadas y fundamentadas”. A veces son también actos políticos partidarios, pareciera.
El ministro de Justicia, Soria, también recordó aquél fallo de la Corte “para robarle fondos millonarios a las provincias para financiar la campaña de Juntos por el Cambio, que hoy celebra sus fallos”. Para el ministro, al suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, la Corte no procura salvaguardar los “principios republicanos” sino “condicionar la elección nacional a sólo un mes del cierre de listas”.
Política & Economía
Los dos ministros de la Corte nombrados originalmente en comisión por decreto del entonces presidente Macri no ocultan sus preferencias políticas.
Esta semana, el presidente del tribunal, Rosatti, realizó una exposición en Amcham Summit 2023, una actividad organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Eso ya es un dato. Lo que dijo, es otro.
“Es relevante preguntarse en este contexto de la República Argentina, de tantas voces, si además de ser la Constitución Nacional un programa de gobierno, también es un programa económico. La respuesta es que sí y las bases de un programa económico que tiene la Constitución es el capitalismo que significa tres cosas: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”, sostuvo Rosatti al brindar su definición del sistema imperante en casi todo el mundo.
Por si alguien le creyó al filósofo esloveno Slavoj Zizek, cuando flasheó que la pandemia de coronavirus contenía una deriva irremediable hacia el comunismo, Rosatti aclaró que “más allá de las diferencias de matices, un poco más o menos de regulación del Estado, lo propio es que nuestro sistema es el capitalismo y si se quiere otro sistema hay que reformar la Constitución. Y si no estamos hablando de otro país, de otra realidad”.
Entonces opinó también de economía. “La Constitución manda a defender el valor de la moneda lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar el mandato de la Constitución que está por encima de todos nosotros”, dijo el ministro ¿de Hacienda?
Su participación en la conversación política y económica tiene un antecedente cercano.
En junio del año pasado, durante una disertación en Chile, el juez Rosenkrantz citó sin mencionar una frase de Eva Perón, para contrariarla.
“Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral”, sostuvo.
Para agregar que “en las proclamas populistas hay un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Otros tienen obligaciones y honrar obligaciones es siempre costoso en recursos y que no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”, sostuvo, como si junto a Rosatti promovieran el gobierno de los jueces, el Partido Judicial que reemplazó al Militar. Nada que ver.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 13/05/23
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