Nadia Schujman, abogada de Hijos, compartió su alegación magistral en la megacausa Guerrieri IV, y solicitó prisión perpetua para todos los imputados. Entre la feria invernal y un pedido irrisorio de las defensas, las audiencias continuarán el lunes 7 de agosto.

Son más de las 9.30 de la mañana del martes 11 de julio y la calefacción atosigante de la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 contrasta con el frío invernal del exterior. Hay más personas que la semana pasada porque comenzaron las alegaciones querellantes de la megacausa Guerrieri IV. Tras la disertación de Evangelina Lardone, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llega el turno de Nadia Schujman, abogada de la agrupación Hijos. Hace un rato, el público celebró una conquista que debería ser una cuestión mínima y básica: la voluntad de la querella, el clamor popular y la presión mediática lograron que la jueza Mariela Emilce Rojas estuviera presente de manera física para que este alegato, con peso de documento histórico, no fuera declarado frente a una silla vacía de cara a una cámara. 

En la jornada anterior, el genocida Juan Daniel Amelong tomó una fotografía durante la audiencia, práctica prohibida en el edificio del tribunal. Por tal motivo, la jueza no le permitió estar sentado ahí hoy. En minutos extenderá la penitencia y les pedirá a los acusados presentes que abandonen la sala y se dirijan a un recinto alterno. Una vez sacada la basura, Nadia introduce su discurso con adhesión a quienes la precedieron en el uso de la palabra, entiende que abordaron los mismos hechos de una historia igual y con pruebas similares. Resalta un hilo conductor: el ex centro clandestino de detención conocido como La Calamita. Destaca de sobremanera “el valor de los testimonios”, así como también apunta a la “responsabilidad de los imputados”. Además, expone el rol de Inteligencia y el papel de la iglesia.

Schujman quiere hablar de los porqués del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar-clerical comprendida entre 1976 y 1983. En esa línea, asevera que los juicios por los crímenes de lesa humanidad constituyen “un antes y un después para las fuerzas armadas”, a las que invita a dialogar con los libertadores de la Patria. La abogada recuerda cuando a José de San Martín le preguntaron si era capaz de reprimir protestas sociales y su inmediata respuesta fue: “Jamás derramaré la sangre de mis compatriotas”. Pascual Guerrieri, quien nombra esta causa, sí la volcó a mares; por más que a la hora de ejercer su derecho a la defensa en este juicio se haya autopercibido “sanmartiniano”. Los dos gendarmes presentes la miran cuando convoca a su fuerza a dejar de cargar con la pesada herencia de los genocidas para reconciliarse con los soldados y con las soldadas que encabezaron la liberación argenta de los yugos coloniales.

Economía cipaya

Uno de los ejes de la alegación sintetiza el plan económico que impuso la última dictadura, por medio de saqueos, censura, represión y muerte. Fue el 2 de abril de 1976, con el golpe flamante, cuando José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de facto, se despidió del “intervencionismo estatizante” para dar lugar a lo que llamó “liberación de las fuerzas productivas”. Para eso, el genocida instaló la idea de un contexto de “violencia social generalizada” en medio de un “cúmulo de privilegios inadmisibles”. La querellante de Hijos interpreta ahora aquellas palabras eufemísticas como un arma discursiva para destruir el Estado de Bienestar de un país donde existía cierta inequidad, pero en el que crecía la integración y había “movilidad social ascendente”. El autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional» interrumpió la actividad sindical, prohibió el derecho a huelga, detuvo, torturó y desapareció a miles de gremialistas; además de ahogar a la Argentina en un endeudamiento externo que pulverizó la industrialización.

Foto: Jorge Contrera | El Eslabón/Redacción Rosario

La querella repara en que, para los responsables de la dictadura, apoyar las proscripciones políticas dejó de ser suficiente en pos de cumplir su objetivo de detener “alianzas populistas”. Entendieron que debían ir más a fondo en el aparato productivo industrial si estaban dispuestos a cambiar la estructura económica. Bajo el lema de “reestablecer el orden”, dirigido a disciplinar al cuerpo social argentino, el sistema represivo de las fuerzas fue inescindible de la voluntad convergente de civiles y de empresarios; tal trama de poder garantizó la impunidad junto a los sectores de la economía concentrada.

Verdad donde hubo silencio

La militante de Hijos profundiza en el resultado de lo que denomina “plan sistemático de intento de restauración de clases dominantes” y aclara que la brutalidad del esquema represivo no fue obra exclusiva de un grupo de militares. Rememora aquel lema que rezaba: “El silencio es salud”. En un ejercicio de la escucha, cuenta cómo el significante “silencio” fue una constante en las declaraciones testimoniales. El silencio caló hondo en las familias, no solamente como efecto del terror, sino también como consecuencia de un inmenso dolor. Con frecuencia, a Nadia se le quiebra la voz y no escatima en lágrimas, síntomas de un compromiso profesional y militante con la causa que va mucho más allá de su texto.

El énfasis está en la integración de las infancias damnificadas por los horrores que cometieron los acusados y la abogada recoge sus testimonios desgarradores. Gabriela Inés Depetris declaró desde Francia que nunca ha hablado del terrorismo de Estado con su mamá, que no lo ha podido compartir; informó que lo negó una y otra vez y que representó para ella un vacío que no ha logrado compensar. Matías Pon cataloga su infancia como una “etapa de mucho silencio”; apenas pudo conversar del tema con algunos familiares y con compañeros de militancia de su papá. Fernando Martínez creció en silencio, en la escuela notó que los padres de sus compañeros les prohibían acercarse a él por ser hijo de montoneros. Situaciones similares afrontó Gustavo López Torres. Mario Bordesio relató que en su niñez hubo mucho silencio porque su tío tenía miedo a hablar. Roberto Pon desarrolló que a su familia le costó entender lo que era un desaparecido y ante el daño tremendo se produjo un sentimiento de “bloqueo mental de la muerte, de la desaparición”. María Carina Tumini describió a su pasado como “el cubo que movés y movés, y no encaja”. Todos y todas se vinculan por un hilo conductor: el orgullo de ser hijos e hijas de sus madres y de sus padres.

Algunos ojos en la sala descargan sus lágrimas en pañuelos cuando la abogada narra los padecimientos sufridos por las víctimas que sobrevivieron. Afirma que el terrorismo no es una acción o un hecho, que es mucho más y que todavía opera. Enumera: no poder ir a la escuela por ser hija de subversivos, ser sometida a abusos sexuales por parte de la policía al visitar a un padre que fue apresado sin juicio mediante, ser vecino de personas desaparecidas y tener miedo de declarar lo atestiguado 45 años después del suceso, enterarse años después de que los restos que supuestamente eran de un familiar en realidad pertenecían a un desconocido, ser un niño y ver cómo torturan a papá en una comisaría, ser una niña y contemplar cómo un grupo de tareas golpea a mamá en la panza, esperar un cuerpo que no llega, no poder hacer un velorio, escuchar cómo caratulan de “suerte” el hecho de que hayan desaparecido a mamá y a papá sin que otra familia apropiara a la niña en cuestión.

En representación de hijas y de hijos de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, Nadia Schujman celebra el juicio de lesa humanidad por la garantía democrática que significa. Asume que el montón de fantasmas que acompañan a las víctimas directas de la dictadura no implica que todas hayan sido “buenas, buenas, buenas” ni que los imputados en esta causa sean “malos, malos, malos”. “No tenemos el monopolio del amor”, reconoce. Sin embargo, llora al citar una frase de su amiga y compañera de lucha Florencia Garat, quien aseguró que, ante diferentes proyectos de país en disputa, los militares eligieron conservar su pacto de silencio y les militantes se desmarcaron para relucir su pacto de amor.

Memoria custodiada

Nadia dedicará un largo rato a ahondar en los casos que fueron descriptos de manera escueta por la fiscalía. El listado de personas desaparecidas incluye a las 10 personas asesinadas en la popularmente conocida Masacre de las Verbenas. De esas diez, apenas seis fueron reportadas de manera oficial en la noticia sobre el supuesto abatimiento a subversivos, que en verdad fue un enfrentamiento fraguado: Ricardo Franco, Domingo Laborde, Hilda Elena Meikle Rivas, Alberto Beto Corazza, José Madeo e Irma Montenegro. Los acusados también son culpables de los asesinatos de otros 4 militantes más del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), brazo Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en dicha masacre: Mónica Martha María Cappelli, Graciela Eier, Susana Díaz y Alberto Galarza.

Las otras víctimas de desaparición forzada por parte del Estado terrorista relacionadas a esta causa son: Irma Edith Parra Yakin; Jorge Martínez, esposo de Irma; Jorge Blanco; Guillermo Ángel López Torres; Graciela Susana Capoccetti, esposa de Guillermo que estaba embarazada de cinco meses al momento de su caída; Gustavo Adolfo Pon; Ricardo Massa, hijo de la Madre de Plaza de Mayo Elsa Chiche Massa, por quien Nadia vuelve a emocionarse en su discurso; Susana Beatriz Becker; Adriana Elsa Tasada; Hugo Alberto Megna; Olga Beatriz Ruiz; Mario Bordesio; Eduardo Héctor Garat; Santiago Mac Guire y Roberto Pistacchia. Al momento de especificar cómo fue la historia de Adriana Elsa Tasada, alias Pacuca y Gorda, Schujman expresa su reconocimiento para Laura Tasada, su hermana, quien ha asistido a cada audiencia de este juicio.

Foto: Jorge Contrera | El Eslabón/Redacción Rosario

El alegato continúa con el foco puesto en el papel de las Hijas y de los Hijos en la causa. Su representante jurídica aporta perspectiva organizacional y energía militante. Indica que la destrucción militar del tejido social por afán de privilegiar a unas pocas individualidades tuvo un carácter inherentemente colectivo en las consecuencias políticas, económicas y sociales que azotaron a la República Argentina. Reivindica a las infancias que fueron secuestradas junto a su padre y/o junto a su madre: Carina Tumini, Mario Bordesio, Iván Vega, Daniel Cian, Karina Eva Trípodi, Juan Pablo Trípodi, María de los Ángeles Losada, Mariana Bosso, María Laura Megna, Gustavo López Torres, Diego López Torres.

Expone el concepto de “testigos ausenciales”, incorporado por el hijo del desaparecido Eduardo Toniolli, quien heredó el nombre de su padre. Hace un rato, Nadia se rió al distinguir la costumbre setentosa de la transmisión generacional de nombres paternos. Ahora, hace referencia a que las desapariciones han sido fundantes en las vidas de todas estas personas. “Ya nos recibimos de incertidumbre nosotros”, había explicado Gustavo López Torres. “Desde que tengo uso de razón estoy esperando y buscando, así que ojalá pudiera encontrarla”, pudo aportar él sobre la chance de encontrar a su posible hermana o hermano.

Derechos e inhumanos

Junto a sus pares de la militancia, Nadia no deja de reflexionar sobre la condición humana de quienes desataron las aberrantes prácticas de aniquilación durante el exterminio genocida. Se pregunta “cómo un ser humano puede ser capaz de infringir semejante dolor a otro” y niega la argucia milica de la “obediencia debida”. Llama al Poder Judicial a cumplir con las obligaciones internacionales que asumió el Estado argentino: “¿Si no es para estos delitos, el código penal para cuáles reserva sus penas más grandes?”. Asimismo, recolecta palabras de un libro de Ana Berezín, quien conceptualiza que la responsabilidad de asumir el horror no termina con la culpa de haberlo producido, sino que debe ser erradicado. En instantes, acudirá a Ana Messuti, autora que asocia la ignorancia a la complicidad, y lamentará el daño psíquico de las víctimas ligado a la “figura de ausencia”. “La realidad no es la misma con víctimas que sin ella”, se explaya ahora en la lectura.

Ella revalida la Memoria con la convicción de que el presente está hecho de pasado. Pone en común las palabras de la testigo Carina Tumini, quien “como buena ciudadana” ha cumplido con creces. “A ustedes, como jueces, les corresponde hacer Justicia”, increpó Carina cuando le tocó declarar. También recrea la testimonial de Florencia Garat, quien soñó que subía al auto de su padre y lo conducía a la casa de su hermana, a quien le proponía estacionarlo en “un lugar mejor”. Flor festejó haber declarado por la desaparición de su papá, Eduardo Héctor Garat, y metaforizó esa instancia como un mejor lugar para estacionar.

La querella de Hijos exige prisión perpetua a cumplirse en cárcel común para Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach, Eduardo Costanzo y Walter Pagano; y pone el acento en precisar la figura de “genocidio”. Pero no le alcanza con la sanción punitiva, demanda reparaciones simbólicas e indemnizatorias a las que, en consonancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona como “medidas de satisfacción” por el daño inmaterial sufrido. Extiende su pedido para generar un “efecto público” de reparación integral y de restauración de la dignidad de las víctimas; algunas necesitan recorrer los ex centros clandestinos de detención donde sus familiares estuvieron en cautiverio y en el relato de los hechos es menester “visibilizar infancias arrasadas”.

Nadia Schujman pide también que sean revocados los privilegios vigentes a algunos de los imputados que ya fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Y es recibida por su familia militante con un cálido aplauso que condensa una identificación admirable. De aquí en más, la Justicia está en manos del tribunal federal, que tendrá dos semanas de feria judicial y una semana más por el pedido de uno de los abogados defensores que argumentó tener un viaje programado. La Memoria, por su parte, permanecerá bajo la guardia militante, como declaró meses atrás Santiago Ernesto Garat.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 14/07/23

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