La metodología de shock para la desarticulación del Estado y la modificación radical de la vida de las personas que busca el Gobierno provocó la reacción de “la calle”. También juegan la política y el Poder Judicial.
La profunda desarticulación que el presidente Javier Milei pretende practicarle al Estado nacional y a las relaciones económicas, comerciales, sociales, culturales, a los sistemas judicial, educativo y sanitario entre otras vastas materias –a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº70/2023 o mediante el proyecto de ley ómnibus que envió el miércoles al Congreso–, obró la inhabitual y masiva movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) a Tribunales a sólo 17 días de asumido el nuevo Gobierno, y despertó signos de resistencia en amplios sectores de la sociedad, expresados en cacerolazos, marchas y protestas en todo el territorio nacional. La idea de refundación de un país en pocos días y por DNU, con un claro sesgo antidemocrático y anticonstitucional que pone al consultor económico a cargo del Poder Ejecutivo al borde de la autocracia, no seduce a un número importante de argentinas y argentinos dispuestos a dar pelea por sus derechos. Son aquellos que el ex presidente Mauricio Macri calificó como “los orcos”, en oposición a lo que el peligroso discurso de la Casa Rosada denomina “los argentinos de bien”, que básicamente es cualquiera que adhiera a las políticas de ajuste y hambre del Rey León.
“Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Van a ir a defender su oportunidad. Los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle”, advirtió Macri tras el balotaje y antes de la asunción de Mi-ley. A dos semanas del inicio de la gestión compartida entre La Libertad Avanza (LLA) y un sector del PRO, las mediciones parecen haber sido efectivamente realizadas, a juzgar por la multitud de “orcos” que pobló la plaza Lavalle durante el acto de la CGT y las dos CTA, para entregar el cuestionamiento jurídico al DNU que contiene una “feroz reforma laboral regresiva”, con medidas “arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales”, según expresaron en un documento.
Por ahora, no son “los jóvenes” libertarios quienes buscan mantener a raya a las seleccionadas víctimas de las políticas de Mi-ley (entre las que no se encuentra “la casta”), sino las pertrechadas y empoderadas fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) montadas sobre el sobreactuado “protocolo antipiquetes”, que no es mucho más que la reafirmación repetitiva de normas ya existentes.
Pero que se convertiría en una nimiedad burocrática si se aprobara el artículo 331 de la ley ómnibus enviada esta semana al Congreso, que establece en relación a la seguridad interior que “a efectos de este Capítulo de la ley, entiéndase por «reunión» o «manifestación» a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”. Y prevé que, si una persona se reúne con dos amigos y están medio cabreros por la situación, deberán pedir permiso con una antelación de 48 horas a Patricia Bullrich, quien evaluará la conveniencia del encuentro de chinchudos con fines catárticos. “Toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas”, dispone el proyecto.
Tres patas
La CGT y las dos CTA, junto a organizaciones sociales y gremiales, realizaron el miércoles una masiva marcha al Palacio de Tribunales porteño, en rechazo del DNU de desregulación de la economía y en apoyo a las presentaciones judiciales que buscan declarar su inconstitucionalidad. Allí advirtieron sobre la “feroz reforma laboral regresiva” que incluye la norma, con medidas “arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales”.
Así lo afirmaron en un documento titulado “Somos trabajadores, no somos la casta”, que una locutora leyó sobre un escenario montado en Plaza Lavalle, mientras los titulares de la CGT, Héctor Daer y Pablo Moyano, dijeron a la prensa que “hay que voltear” el DNU “en la política, en la justicia y en las calles”.
Y ratificaron que el comité central confederal de esa central obrera analizaría la posibilidad de convocar a un plan de lucha, en el que no descartaban que incluyera un paro general. El jueves se produjo la reunión y la central obrera anunció una huelga para el lejano 24 de enero, con tiempo para mantener reuniones previas.
Mientras se desarrollaba el acto en Plaza Lavalle, se conoció que el juez nacional del Trabajo, Ignacio Ramonet, desestimó el dictado de una medida cautelar “interina” para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el DNU, bajo el argumento de que “todavía no se encuentra vigente”.
Uno de los cotitulares de la CGT, Daer (Sanidad), afirmó que “lo que hay que hacer es voltear el DNU” de desregulación de la economía “en la política, en la justicia y en las calles». Y llamó a “ser inteligentes y tener la mejor estrategia para voltear el DNU”, ante la posibilidad de decretar una medida de fuerza nacional, que finalmente se formalizó para fines de enero.
A muy pocos días de asumir, el Gobierno comienza a “perder” la calle, que es ocupada por miles de manifestantes que desafían el sesgo autoritario que el tándem Milei-Bullrich propone como antídoto para las consecuencia de sus políticas de ajuste de los trabajadores y transferencia de recurso desde los sectores populares hacia al poder económico permanente. Eso no se traduce inmediatamente en pérdida de poder político por parte del Gobierno recién iniciado, pero no existen registros de cacerolazos y marchas en diversos lugares del país a tan escaso tiempo de la asunción de un/a Presidente/a, que por lo general suelen generar expectativas positivas en sus primeros pasos.
“Tumbar” el DNU en la “Justicia” –en rigor, se trata del Poder Judicial, que es otra cosa– debería ser algo sencillo por la grosería constitucional de, al menos, parte de su articulado.
Pero el Poder Judicial es una caja de sorpresas, y a veces tensiona la cuerda para determinar cuál es el límite en el que se rompe. Así fue con el fallo del “2×1” para los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en el primer tiempo de Mauricio Macri como presidente, que sólo sepultó la movilización popular.
La tentativa autocrática del Poder Ejecutivo debería motivar las acciones de los otros poderes en procura del equilibrio republicano, pero los republicanos argentos tienen sus bemoles.
Daer también mencionó una tercera pata del proceso, “la política”. Por ahora es más o menos enigmático lo que ocurrirá en este ámbito.
El Congreso deberá convalidar, o rechazar, el proyecto de ley enviado el miércoles por Mi-ley, que ingresó por la Cámara de Diputados. Se rumorea que el escrito de 351 páginas y más de 600 artículos –que mezcla las más variadas materias– fue redactado por abogados de los grandes estudios jurídicos que asisten a las empresas ídem. Este medio no lo sabe, pero el contenido se ajusta a esos intereses como un zapato fabricado a medida.
Legisladores de Unión por la Patria (UxP) manifestaron su rechazo a la ley ómnibus que propone descuartizar el Estado y someter la vida de las personas a los vaivenes del mercado, donde el más grande se come al más chico, para explicarlo en términos infantiles.
También lo hicieron los de izquierda, como era de esperarse. Pero existe una cantidad de bancadas intermedias en cantidad de legisladores y legisladoras que pueden torcer la balanza hacia uno u otro lado.
Es posible que el Congreso estire los tiempos a la espera de que sea el Poder Judicial quien resuelva el intríngulis, en el caso del DNU, que debe analizar una comisión bicameral de diputados y senadores y resolver el pleno del Parlamento, según establece la ley.
No podrá hacerse el distraído, en cambio, con el tratamiento del proyecto de ley ómnibus, pero ahí entran en juego los plazos parlamentarios, que sin mayorías propias pueden extenderse en tiempos que le jueguen en contra al Gobierno.
La “política” que invocó Daer, que no es un dirigente novel ni apresurado, aguarda también que el proceso político decante contra las chances de Mi-ley por las consecuencias de la economía.
(Casi) todas las medidas oficiales apuntan a incrementar la pobreza y subir la inflación, dos problemas por los que “la gente” rechazó el Gobierno de Alberto Fernández y las posibilidades electorales de Sergio Massa. Su segura profundización –que no resultan de un análisis de economistas opositores, sino de los dichos del propio oficialismo que espera recesión con altos niveles de precios y augura una estanflación en el mediano plazo– podría desgastar el apoyo político que hoy aún conserva el presidente.
Entonces, sin ese respaldo popular, la política y la dirigencia en general encontrarían resquicios por donde avanzar contra las políticas oficiales. Se verá.
El Gobierno de Mi-ley es el segundo tiempo del de Macri, quien ya había manifestado su deseo de hacer lo mismo que en el primero en caso de acceder a la Presidencia –chance que las mayorías le negaron– pero en forma más rápida, sin gradualismos.
Su suerte por ahora está sujeta a muchas variables para ser exitoso.
Si fuera Cristina
No el dirigente social Juan Grabois, sino el periodista liberal Carlos Pagni, de la señal de cable La Nación +, dijo al principio de esta semana que si el decreto modificatorio de un sinnúmero de leyes lo hubiese firmado Cristina Fernández de Kirchner, “el país estaría incendiado”.
“¿Qué hubiésemos pensado nosotros si Cristina Kirchner modifica 600 leyes por decreto? Estaría incendiado el país”, dijo en su programa, y agregó: “Porque serían leyes que no nos gustarían, estatizaciones, regulaciones, confiscaciones. El procedimiento es muy importante”.
Para Pagni, “Milei es un liberal en lo económico, pero tiene rasgos populistas en lo político”, al entender que el poder es todo suyo y es un “elegido” que viene a cambiar todo de una vez y para siempre. Un mesiánico, digamos.
“Es un decreto que modifica infinidad de leyes, que incluye temas conflictivos con muchas contradicciones, un poco porque se hizo a los apurones, y otro poco porque no hay un genio que sabe de todo”, sostuvo el periodista sobre el DNU 70/2023.
Y se refirió al posible rechazo en el Congreso, por personas cercanas incluso a las ideas de Mi-ley, pero que saben que dejar pasar una cosa así es un búmeran. “Esto es lo que a veces no se entiende: una vez que permitís a un funcionario modificar 600 leyes por decreto, un día te puede jugar en contra porque creás un antecedente”, puntualizó.
Pagni, al igual que Guillermo Moreno, cree que Milei encarna un proceso revolucionario. “Lo que hemos visto en los últimos días, a partir del dictado del DNU, es que el gobierno interpreta y está inspirado por un sentimiento revolucionario. Es un oficialismo que se siente sujeto de una revolución, en un sentido estricto. ¿Qué caracteriza a un grupo revolucionario, de izquierda o de derecha?, una pretensión de trasladar a la realidad lo que tienen en la cabeza, un diseño mental, con poco respeto por lo dado”.
En esa línea, agregó que “es la idea muy optimista respecto de la voluntad, de romper lo dado y trasladar un determinado molde a la realidad e imponerlo. Las revoluciones no negocian, no son deliberativas. Es un diseño mental, una idea de cómo debe estar dibujada la sociedad, que se traslada a la realidad como si esta fuera un papel en blanco. Es lo que está detrás del DNU”.
Como lo muestra la historia, las revoluciones suelen generar contrarrevoluciones, procesos que se orientan en dirección opuesta. La jugada del segundo tiempo de Macri es arriesgada pero, sobre todo, carece de tiempo, porque las consecuencias serán desastrosas, de modo que requiere que la desarticulación del Estado y la vida de las personas tengan una celeridad mayor que la de los efectos de las políticas oficiales.
En esa disputa temporal entre la calle, la política, el Poder Judicial y las “reformas” radica el futuro próximo del país.
Un shock violento
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) consideró que el proyecto de ley enviado por el presidente Javier Milei al Congreso “expresa un programa de gobierno antidemocrático que pretende concretar todo el poder en su figura” y cuestionó que también “endurece la faz violenta del Estado”.
“El proyecto de ley enviado por el presidente expresa un programa de gobierno antidemocrático que pretende concentrar todo el poder en su figura. Queda claro en el pedido al Congreso de que le delegue las facultades para legislar en todas las materias relevantes para el país”, señaló el organismo de derechos humanos en su cuenta de la red social X.
❌️El proyecto de ley enviado por el presidente expresa un programa de gobierno antidemocrático que pretende concentrar todo el poder en su figura. Queda claro en el pedido al Congreso de que le delegue las facultades para legislar en todas las materias relevantes para el país.
— CELS (@CELS_Argentina) December 27, 2023
Además, advirtió que el proyecto “disminuye el rol protector del Estado y elimina las políticas orientadas a garantizar derechos económicos, sociales y culturales” y criticó que “libera todas las esferas a la actividad lucrativa, privatizando servicios públicos y dejando los bienes comunes a merced del mercado”.
Evaluó que “endurece la faz violenta del Estado” porque “amplía el margen para que matar sea considerado legítima defensa; restringe el derecho a litigar las muertes ocasionadas por funcionarios públicos, persigue la organización social y casi toda forma de protesta en las calles”.
“Otra vez, el gobierno busca implementar una estrategia de shock: concentrar el poder y aprobar rápido reformas que de manera inevitable beneficiarán a las corporaciones económicas, convertirán los derechos en lujos y empujarán a más personas a la intemperie”, advirtió.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 30/12/23
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