Cuando Suar se quejó por el cierre del Incaa, el Gobierno encontró en un fondo para medios cooperativos y sin fines de lucro el dinero para acallar las críticas. Adiós a la pluralidad de voces.

Las negociaciones del Gobierno para obtener los votos que le permitan aprobar en el Congreso la denominada ley ómnibus de desarticulación de las capacidades estatales abrió un juego de lobbies en el que –con la lógica del mercado– el más grande se come al más chico, o a quienes tienen menor capacidad de presión. Así avanzó en la última semana la resucitación de la muerte inducida de algunos organismos vinculados a la cultura, como el cine y el teatro, en detrimento del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), que solventa con recursos del propio sector la producción de medios cooperativos y comunitarios en pos de la pluralidad de voces. Sin un Adrián Suar que se siente a la mesa de Mirtha Legrand para plantear su disidencia con las decisiones oficiales que ahogan el cine y el teatro, los medios cooperativos parecen arrojados a ser quienes paguen con su extinción el mantenimiento de otros organismos públicos. Una mención especial merece en este asunto la actual diputada del PRO y extitular del Enacom (el organismo que luego de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazó al Comfer), Silvana Gíudice, quien en unos años pasó de resaltar las virtudes del Fomeca, mediante el cual “otra televisión es posible” porque el Fondo “le da voz a su comunidad”, a descubrir sin miedo a la xenofobia que en realidad se trataba de recursos “para solventar cooperativas” de mapuches y bolivianos kirchneristas.

Comunitarios=comunistas

En la definición del propio Enacom, el Fomeca “es una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual (gravámenes y multas) para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”.

El Enacom se ocupa de implementar concursos de subsidios que, entre otros proyectos, apoya procesos de actualización tecnológica, mejoras de gestión y producción de contenidos audiovisuales para radios, canales y productoras de medios comunitarios. Es decir, en los bordes del mercado, y cuyo funcionamiento comprende otra lógica a la de la información como una mercancía más de los bienes transables.

El Fondo se compone del 10 por ciento de la recaudación del Enacom y financia canales de TV, radios y productoras sin fines de lucro, por medio de líneas que son concursables y apuntan a profesionalizar la producción, la gestión y mejorar infraestructura y técnica de esos medios comunitarios. Comunitario debe sonar a comunista en la Casa Rosada, por lo que la ley ómnibus “negociada” propone su derogación, al igual que la eliminación de la Defensoría del Público.

El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), Juan Salvador Delú, dijo en declaración a El Independiente que “la verdad que en las últimas modificaciones al proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso, vimos que los cambios que se ofrecían para el sector de cultura y comunicación eran insuficientes y, además, el sabor amargo de encontrarnos que se eliminaba el Fondo de Fomento a Medios Cooperativos y Comunitarios que ya tenía diez años”.

Delú agregó que ahora se “elimina, y esa plata va a rentas generales, que es plata que queda a disposición del Poder Ejecutivo. El presidente decidirá a dónde irá esa plata, se pierde esa lógica de seguir un recurso, adjudicarlo y otorgarlo de forma transparente”.

Delú pronosticó que si se aprueba la ley ómnibus “en los próximos meses se comenzará a ver el impacto en una reducción de medios en el mapa comunicacional”.

En cuanto a la pauta publicitaria, sostuvo que «nosotros siempre fuimos críticos de cómo se dio la pauta publicitaria nacional, con criterios de amiguismo empresarial, pero la suspensión de la pauta por un año en realidad no les traerá problema a los grupos concentrados si no a medios locales y regionales. Vamos a tener una reducción de medios en Argentina lo cual generará un impacto a nivel internacional”.

El titular de Farco apuntó como autor de los cambios a “sectores del PRO que incidieron en el texto del proyecto y tiene que ver con reducir voces que se escuchan; por eso buscan este desfinanciamiento”.

También sostuvo que el proyecto tiene por objetivo la “persecución ideológica con el que piensa distinto y acallar voces”.

Persecución ideológica

La diputada Gíudice le dio la razón a Delú en cuanto a que la eliminación del Fomeca busca una persecución ideológica. De quienes sostienen una ideología diferente a la de la legisladora del PRO, claro.

En su cuenta de la red social X, Gíudice, que fue titular del Enacom durante un período del gobierno de Mauricio Macri y mantiene una inclaudicable línea de coherencia en favor de los monopolios comunicacionales y contra la pluralidad de voces, afirmó que el Fomeca se utilizó para “solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo”.

Sin hesitar, mezcló una mirada política legítima –como las demás– con pueblos originarios o países vecinos, sin temor a caer en la xenofobia. Ya Patricia Bullrich debió luchar en su anterior gestión frente al Ministerio de Seguridad contra los “kurdo-mapuches-kirchneristas”.

La diputada posteó: “Fomeca, por su parte, insumió 2.028.505.145 en los últimos 3 años para solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONG’s de la ley de medios, radios originarias y organizaciones militantes como el Hormiguero, Barricada, MTL, Centro Boliviano, Mapuches, Madres de Plaza de Mayo, etc”.

Al eliminar los fondos destinados a la supervivencia de medios comunitarios, “los recursos que se deben destinar a la promoción de cultura se reflejarán en mejor y mayor producción de ficción, cine, teatro y arte y no en burocracia, acomodo, o militancia”.

Dijo que seguirá “trabajando en la sanción de la ley para sentar las bases del cambio definitivo”, para que por fin desaparezcan los medios de origen comunitarios y sin fines de lucro, que es como se mejora la sociedad.

El 3 de agosto de 2018, cuando era miembro del Enacom, Gíudice era dueña de una mirada distinta a la actual sobre el mismo asunto: “Otra televisión es posible. Conocé la historia de ParesTV que, gracias al #Fomeca, le da voz a su comunidad. #PluralidadDeVoces”, posteó aquel día en la red social entonces llamada Twitter.

El argumento empleado ahora es el mismo que el utilizado por La Libertad de Mercado Avanza para justificar el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Instituto Nacional del Teatro (INT): sus recursos están dirigidos a películas con cuyo contenido ideológico no concuerdan ni Milei ni la colaboracionista Gíudice.

Hasta que apareció Suar y la negociación de la ley encontró en los Fomeca una pequeña caja de donde resguardar al Gobierno de las críticas del dueño de Pol-ka.

Macartismo

El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, respondió al posteo de la diputada del PRO.

“Los Fomeca tienen un comité evaluador y rinden el dinero. No es cierto que se les asignen por su procedencia política”, dijo, para agregar que “de hecho existen muchas cooperativas que no son de ese espacio político que han accedido a fomecas y Silvana lo sabe porque fue funcionaria muchos años”.

Lecchi sostuvo además que “es gravísimo este macartismo, estigmatizando medios por su supuesta orientación política, de parte de una persona que fue funcionaria pública en reiteradas oportunidades”.

En coincidencia con la Gíudice de 2018, el dirigente sindical de prensa agregó que “los medios comunitarios, y programas como los Fomeca, cumplen un rol para que exista pluralidad de voces”.

Desde la Confederación de Medios Coooperativos y Comunitarios señalaron por medio de un comunicado que “el Fomeca nació con la Ley de la democracia y anularlo sería un retroceso a los años de dictadura, cuando la comunicación sólo podía ser ejercida por empresas poderosas y acaudaladas”. Vale recordar que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Macri fue derogar por decreto, en forma parcial, la mal llamada Ley de Medios.

En la misma línea, aseguraron: “la medida es un ataque mortal a la libre expresión y a los medios que no manejen la comunicación como un negocio, ni la información como una mercancía, sino que entienden su rol como servicio público y abordan la comunicación como un derecho humano”.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 27/01/24

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Un comentario

  1. Terica L. Oshiro

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    Responder

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