No son pocas las voces que advierten que la violencia narcocriminal que azota a Rosario se ve favorecida por el abandono del Estado de los barrios más humildes, donde las bandas delictivas reclutan soldaditos y sicarios de cada vez más corta edad y cada vez menos posibilidades de encontrar otra salida a su realidad de pobreza y marginación social. “Ahora los pibes no se drogan para ser un Rolling Stone, lo que quieren ser es Pablo Escobar”, señalaba a este periódico, ya hace una década, un referente de una ONG dedicada a la prevención y atención de problemas de adicciones, que también sostenía que la penalización del consumo de drogas “no tiene sentido” pero al mismo tiempo advertía que “la palabra legalización da un marco para que el Estado y las obras sociales, que se tienen que hacer cargo de la salud de las personas, hagan oídos sordos, como ya lo están haciendo, a los pedidos de atención de las adicciones”.
Esa descripción de lo que podía apreciarse en 2014 no suena muy distinta a la actualidad, aunque hay aspectos en los que bien puede afirmarse que la cosa ha empeorado. Las políticas públicas apuntadas a la prevención y atención de adicciones se ven afectadas por el empeño del actual gobierno nacional en achicar el Estado para agrandar grandes negocios privados. La falta de recursos destinados a organismos como la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) se ha acentuado. Lo mismo pasa con los programas y planes de inclusión social y laboral, con la provisión de alimentos a comedores comunitarios, con los fondos que Nación debe enviar a las provincias para educación, salud, obras públicas.
Sin embargo, ante la agudización de la violencia narcocriminal en Rosario, los gobiernos provincial y municipal no dan muestras de considerar una prioridad revertir tales carencias. En la conferencia de prensa que el lunes pasado brindaron el intendente y el gobernador con los titulares de las carteras nacionales de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, el eje estuvo puesto en la “guerra sin cuartel” y sin otras armas más que las que matan. Sólo Bullrich mencionó un par de veces lo de “evitar que los chicos se hagan soldaditos”, pero los anuncios de ese día y los posteriores respecto de acciones concretas no incluyeron aunque sea algo en ese sentido.
Lo que sí se anunció y empezó a concretarse es la incorporación de las Fuerzas Armadas a la “guerra sin cuartel” contra el ahora llamado “narcoterrorismo”, denominación acorde a la orientación de las políticas contra el tráfico de drogas que aplica Estados Unidos desde hace bastante más de una década. Que casi al mismo tiempo el gobierno de Javier Milei haya resuelto abrir la hidrovía al ejército de esa potencia imperialista puede ser mera coincidencia, pero también puede no serlo.
Es que la desconfianza cunde, incluso ante lo de la declamada “firme decisión” de Milei de “terminar” con las bandas delictivas que paralizaron Rosario a sangre y fuego, que choca con las acciones de su gobierno y con las ideas a las que esas acciones responden, como la de que el Estado es tan feo, sucio y malo, que hasta es peor que las mafias.
Mientras tanto, lo que más adhesión parece generar entre la población rosarina es aquello de que “el miedo no es zonzo”. Pero el miedo y el encierro como condicionantes permanentes de la vida cotidiana difícilmente resulten una opción viable para esa misma población, que además de la violencia criminal descontrolada sufre otros males, los mismos que sacuden a la gran mayoría de las argentinas y los argentinos y derivan sobre todo del “no hay plata”, consigna con la que el Presidente todavía pretende seducirlos y seducirlas. Ojalá quienes aún responden al flirteo, recuerden que tal vez el caso valga como ejemplo de aquello de que hay amores que matan.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 16/03/24
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