El cambio que intenta el régimen anarcolibertario no es tan sólo económico. Tras la mascarada del orden se encubre una virtual desregulación del delito organizado. “El Estado es peor que la mafia, que tiene códigos”, supo decir el actual Presidente.
Las chanzas que circulan en forma de memes respecto de la promesa del entonces candidato Javier Milei de cortarse ambos brazos antes de aumentar un impuesto empiezan a dejar de causar gracia por dos razones: la concreción del pago de esos incrementos y la constatación de que la imposición más gravosa es la mera presencia del panelista en la Presidencia. En Rosario eso tendrá un costo extra.
El Impuesto Milei País le va a costar demasiado caro a la Argentina si ese gravamen se sostiene en el tiempo. Los cambios no serán sólo económicos, tendrán efecto en las conductas de los individuos y de la sociedad, en el accionar de las instituciones que sobrevivan a la despiadada motosierra libertaria y en las nuevas modalidades que encontrará el crimen organizado para desenvolverse sin el incómodo –ineficaz pero presente en lo formal– corsé de la regulación estatal.
Para Milei un narco es un trader
En marzo de 2020, hace apenas cuatro años, en una entrevista con el periodista chileno Matías Del Río, conductor del programa Vía Pública, Milei aseguró, muy suelto de cuerpo: “Si tengo que elegir entre el Estado y la mafia, elijo la mafia, porque la mafia tiene códigos; la mafia compite, la mafia cumple, la mafia no miente”.
Nada indica que el actual Presidente haya cambiado de idea. Si se tiene en cuenta su círculo de gestión más estrecho, Luis Toto Caputo, Federico Sturzenegger, José Luis Espert, Patricia Bullrich, Nicolás Posse, todos ellos tienen estrecho contacto con las fuerzas –nacionales y extranjeras– más oscuras de la política, las finanzas, los servicios de inteligencia e incluso con el mundo narco.
Poco antes, en mayo de 2019, en la Feria del Libro de Buenos Aires, y en oportunidad de presentar su publicación Libertad, Libertad, Libertad –escrito junto a su ex amigo Diego Giacomini–, Milei se despachó a gusto en sus críticas al sistema político, eligiendo como ejemplo nada menos que al afamado mafioso y traficante Al Capone.
Dirigiéndose al público, el anarcolibertario criticó así al sistema político y al Estado: “A los políticos no les interesa nada de ustedes. Nada. Ustedes son sólo bestias que pagan impuestos para ellos. Lo único que le importa es que ustedes paguen impuestos. Nada más”.
Acto seguido, sentenció: “Probablemente, el mejor ejemplo que a mí se me ocurre de esto es el caso de Al Capone. La verdad es que Al Capone era un héroe. Y sin embargo, está siendo estigmatizado por todo el cine. Es más, son tan hijos de puta que le hacen películas en honor a Eliot Ness –el agente de prohibición estadounidense, famoso por sus esfuerzos para derribar a Al Capone y hacer cumplir la Prohibición en Chicago, Illinois–”.
No contento con eso, Milei describió el porqué de su admiración: “Al Capone, básicamente, era un trader. Lo que pasa es que un día un hijo de puta se subió a la poltrona y se le ocurrió que la gente no tenía que tomar alcohol. Entonces pusieron la Ley Seca”. Y comentó que esa prohibición “evidentemente creó una oportunidad de negocio y Al Capone la descubrió. Había gente que podía producir el alcohol y ahora, por culpa de la restricción no lo podía hacer. Es más, se perdían puestos de trabajo. También había gente que quería tomar alcohol y no podía. Básicamente porque estaba la Ley Seca. ¿Entonces qué hizo Al Capone? Como todo trader fue y le compró a los productores y se lo vendía a los borrachines de Chicago”. Así de simple. Si alguien cambia el vocablo alcohol por cocaína o cualquier sustancia prohibida, el razonamiento no cambia en absoluto.
En aquella presentación, Milei aseveró que Capone “mejoraba la calidad de vida de los productores, mejoraba la calidad de vida de los borrachines. Eran todos felices. Pero claro, obviamente, esa era una actividad riesgosa. Y como Eliot Nes era muy eficiente, obviamente, el negocio era muy riesgoso. Por ende, que requería altas tasas de retorno. Y claro, altas tasas de retorno… en un negocio riesgoso, acerca gente peligrosa, que resolvía sus cuestiones a los tiros”.
Cerrando ese tramo de la charla, Milei sugirió que “al pobre Al Capone lo tildaron de traficante y de asesino. Todo por culpa de una regulación estúpida. Ahora, ¿alguien se acuerda por qué fue preso? Por no pagar impuestos. Es decir, ustedes pueden ser asesinos, pueden ser traficantes, pueden ser cualquier cosa, pero no se metan con la de ellos. Acá, la única vaca sagrada es el culo de los políticos”.
Aunque parezca descomunal que esa persona haya llegado a la Presidencia, y aunque algunos pretendan relativizar esa matrix que está configurada en el ideario de Milei, en la actual coyuntura nacional es un peligro real, concreto y representa uno de los riesgos más graves para la institucionalidad. Y no sólo en Rosario y Santa Fe.
¿Cómo confiar en alguien así para plantear una solución al serio problema del tráfico de sustancias prohibidas, su financiamiento, el círculo de lavado de activos que depara ese negocio, el esquema de seguridad que necesita la sociedad para no vivir como rehén de las disputas territoriales de las bandas que se dedican al narcomenudeo y de los grandes narcos que les suministran la mercancía?
El gobierno santafesino y el que encabeza precisamente Milei acaban de convocar a un “Comité de Crisis”, que anunció medidas para combatir el remanido “flagelo de la violencia narco”.
El lenguaje suele ser más rápido y más eficaz que los enunciados. A la hora de descifrar lo que se esconde detrás de esas expresiones de deseos, el propio concepto “comité de crisis” define mejor que un tratado de semántica que los sucesivos gobiernos corren detrás de los hechos, sin prevenirlos, sin analizarlos y, finalmente, sin resolverlos.
El derrame simbólico del “Efecto Bukele”
El gobierno provincial no es una isla en medio del clima de punitivismo que impera en la administración nacional, tendencia que se nutre, además, de un simbolismo provocador que muchas veces no mide las consecuencias y sólo tiene por objeto cautivar a una parte de la sociedad con efectos y sensacionalismo.
Eso fue lo que ocurrió cuando se divulgaron imágenes de la cárcel de Piñero en las que se mostraba a los presos alojados allí sin sus ropas, arrodillados y custodiados por personal fuertemente armado, al estilo de las fotos que acostumbra difundir el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele.
Además de que el efecto social no fue el esperado –la excepción fueron los títulos de los medios tradicionalmente condescendientes con los gobiernos de turno– algunas voces se alzaron advirtiendo que se trataba de una humillación innecesaria y claramente inconstitucional.
Nadie en su sano juicio puede justificar la cruenta ola de asesinatos e intimidaciones que le siguieron a esa exhibición de poder por parte del gobierno de Maximiliano Pullaro. Lo que sí cabe es analizar en qué medida ese efectismo opera en los términos de eficiencia que la sociedad espera para combatir el delito organizado, en este caso el del narcotráfico.
El lunes pasado, el diario El Litoral publicó una entrevista realizada a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, de visita en la capital santafesina, donde participó de la reunión del Consejo Federal de Defensoras y Defensores, Asesoras y Asesores de la República Argentina.
Consultada sobre la extendida percepción social de que los derechos son “sólo para los delincuentes”, la abogada fue precisa y contundente: “Nosotros no defendemos los delitos, defendemos a los seres humanos. No para evitar que los sancionen si corresponde una sanción, sino para que la sanción sea justa. Ése es nuestro objetivo”.
Sobre las fotos de la cárcel de Piñero, Martínez señaló, sin pelos en la lengua: “Me parece que la violencia gira en redondo. Y cuando se apuesta a la violencia, lo que se recoge es más violencia”. Para la letrada, “hay quien cree que utilizando la violencia, siendo más duros una vez que ya están reducidos, se va a lograr reformar a esta gente. Yo creo que es un mal camino”.
Y agregó un elemento que le da un marco de racionalidad a toda esta cuestión, pese a que es el corazón de las críticas libertarias: “Lo cierto es que, además de todo, nosotros hemos firmado pactos internacionales y tenemos que respetarlos, porque nuestra obligación y la de los abogados particulares –si vemos violaciones a los derechos de los presos– es denunciarlas ante los jueces y si los jueces no reaccionan, ante los organismos internacionales”.
Lo que no se dice o se dice bien poco
Más que a un Comité de Crisis, habría que convocar a un comité de análisis. De acuerdo a los actores que lo integran, ya se sabe en qué puede terminar el primero. Oficialismo, oposición, “independientes” deben reunirse para encontrar la punta de un ovillo que chorrea sangre de inocentes.
Aunque pueda parecerlo, aún el oficialismo no es parte del problema mayor, y la idea es evitar que termine siéndolo. Quebrar el frente que propone Bullrich entre la administración Pullaro y el gobierno nacional es imprescindible para dos cuestiones, la vinculada con la emergencia que atraviesa Rosario y, en segundo término, la de fondo: la desarticulación de la Argentina como Nación. Debería ser tarea del peronismo; no es seguro que pueda llevarla adelante.
¿Por qué es necesario un Comité de Análisis? Porque, a pesar de lo que muchos dicen, es falso que el diagnóstico ya es conocido, que ha sido analizado mil veces y que esta coyuntura lo que demanda es sólo acción.
En esa “acción” no se vislumbran otras acciones y despliegues que los ya conocidos, y lo “novedoso”, por así describirlo, es la remanida pretensión de convocar a las FFAA a cumplir funciones para las que no está preparada, son ilegales y a todas luces han fracasado en el mundo entero.
Es cierto que algunas voces se han elevado para expresar que resulta necesario –en realidad es imprescindible– avanzar en la investigación del circuito del dinero narco. Ése no es un tema tabú tan solo porque nadie se quiere meter con bancos, financieras, estudios contables, constructoras, que son quienes forman parte de la arquitectura del lavado de activos narcos.
Es tabú porque hay espacios como el PRO y LLA que con sus políticas permiten que ese circuito se retroalimente, como bien se ha constatado a partir de la experiencia de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS). No es una opinión, existen hechos probados, con profusa documentación, de que las bandas narco de Rosario han hecho uso y abuso de esas figuras durante el gobierno de Macri, que Milei pretende reinstaurar y forman parte del contenido del mega DNU.
En ese sentido, se argumenta la necesidad de cortar el circuito delincuencial impidiendo que desde las cárceles se controle el comercio minorista de drogas, pero no se impide que en 24 horas se pueda lograr la personería jurídica, haciendo la inscripción desde el domicilio particular de cualquiera, en forma electrónica, sin que nadie controle nada y sin siquiera realizar un aporte de capital. Eso es necesario analizarlo con juristas, legisladores, contadores, e incluso con banqueros y financistas desvinculados de este “negocio”.
También hay que analizar por qué no se llevan adelante tareas de inteligencia o por qué nunca avanzan las imprescindibles investigaciones para determinar la ruta del dinero narco. ¿Cuántos procedimientos de envergadura ha habido en los últimos años y cuántos de ellos, si los hubo, tuvieron un correlato esclarecedor en la Justicia, con posteriores condenas ejemplificadoras?
Es preciso analizar el rol de las fuerzas de seguridad con seriedad, sin prejuicios pero tampoco a partir de una condescendencia que promueve situaciones irregulares que todos ya conocen. La relación de la política con las cúpulas policiales no es novedosa, pero es importante analizar cómo establecer nuevas normas que interrumpan ese circuito.
Otra relación no analizada es la que une a la Justicia con las fuerzas de seguridad, y a ambas con la política. Sin acusar a nadie a priori, es preciso salir de esa zona de tabú, porque la gente ya sabe todo esto, y pretende que alguien alguna vez lo ponga en el debate público.
El punto de las condiciones objetivamente propicias para que Rosario haya pasado a ser un centro mundial del narcotráfico tampoco ha sido analizada en su verdadera dimensión. La combinación de puertos privados, tráfico de la Hidrovía y falta de controles estatales es un combo explosivo. Si no se debate, la ciudad jamás dejará de ser uno de los centros geográficos de operaciones criminales a gran escala.
Una convocatoria de este tipo debe prosperar si existe voluntad real de encarar esta problemática en serio, porque se trata de un conflicto social que ya excedió largamente el marco teórico y hoy amenaza con manchar con sangre las manos de todos quienes tienen alguna responsabilidad institucional y miran para otro lado.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 16/03/24
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