Abuelas e Hijos Rosario denunciaron amenazas a una abogada querellante en causas de lesa humanidad. Señalan un “clima” en los discursos oficiales que “fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo”.
Una abogada y militante de la agrupación Hijos Rosario y de la filial local de Abuelas de Plaza de Mayo fue amenazada de muerte en su domicilio por medio de una nota intimidatoria sin firma, en la que le prometían “balas” a ella y su familia por haberse metido con “la fuerza poli”, aunque no realiza investigaciones sobre la fuerza de seguridad provincial. El hecho se suma a las intimidaciones recibidas por Teresa Laborde Calvo –hija de una detenida-desaparecida durante la última dictadura y nacida en cautiverio– para que no brinde charlas en escuelas, y al ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera la militante de Hijos Capital, Sabrina Bölke. La indisimulable gravedad del nuevo episodio se enmarca en un “clima” que para los organismos defensores de los Derechos Humanos “está habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunean la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia”, y es el que “fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo”. También apuntaron al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, quien en su “guerra contra el narcotráfico” desestima las garantías que proporciona la ley penal en un estado de derecho. En una suerte de confusión que no es azarosa, el ministro de Defensa, Luis Petri, afirmó en los días previos al aniversario del último golpe de Estado que “hay un hilo entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”, abonando el terreno para la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, algo –todavía– vedado por las normas vigentes.
En esta ocasión, la víctima de la amenaza fue la abogada rosarina Natalia Moyano, quien representó a la agrupación Hijos en diferentes juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, y que actualmente realiza su tarea profesional en la filial local de Abuelas. Ella misma autorizó la publicación de su identidad.
Nuevo atentado
En un comunicado conjunto, ambos organismos defensores de los derechos humanos en los que se desempeña denunciaron “un nuevo atentado político hacia una compañera”.
“Días atrás, nuestra compañera recibió una nota por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación de la gravedad de los hechos. La nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y, además, amenaza su integridad física”, señala el comunicado conjunto difundido el jueves 11.
#Hoy. Lamentablemente tenemos que comunicar un nuevo intento de intimidación en este caso hacia una compañera, militante y abogada de nuestra regional y de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Rosario.@abuelasdifusion @AbuelasRosario pic.twitter.com/my858a8SYI
— H.I.J.O.S. Rosario (@HIJOSRosario) April 11, 2024
De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Eslabón, en la nota intimidatoria los autores prometen “balas” a ella y a su familia por haberse metido con “la fuerza poli” y le advierte: “Rajá a tiempo”.
La denuncia penal por el hecho fue presentada de inmediato en la Fiscalía Federal Nº1 por la propia víctima, quien recibió la nota en su domicilio. La exposición pública del tema a través del comunicado conjunto de Abuelas e Hijos se realizó esta semana, luego de que se tomaran una serie de medidas de resguardo de la abogada, según pudo saber este medio.
“Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera Sabrina Bölke”, sostiene el comunicado de los organismos.
En esa línea, Hijos y Abuelas afirmaron que “es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial (Javier Milei y Victoria Villarruel), que ningunean la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo”.
Lo que aparece como novedoso no es el contenido, que existía previamente, sino su exhibición pública más o menos masiva, sin tapujos ni pliegues, y cierta aceptación social de lo inhumano. Es decir, un proceso de aceptación de la barbarie desde la mirada de los “civilizados”.
El comunicado de los organismos incluye también al gobernador santafesino, quien en su cruzada pública contra la narcocriminalidad que desde hace una década atraviesa la vida social en Rosario, resta importancia a los derechos y garantías constitucionales de las personas, cuando previamente son construidas como malas. O, en esta peligrosa remake de los años 70 del siglo pasado, como “terroristas”.
“No podemos dejar de advertir que este discurso también fue sostenido por el gobernador de nuestra provincia, quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad”, señalaron Abuelas e Hijos en el comunicado en el que dieron a conocer las amenazas a la abogada Natalia Moyano.
Tal vez previendo que su política carcelaria iba a incluir posibles torturas a los detenidos, el gobernador planteó el 18 de diciembre, a una semana de haber asumido, que en su “lucha sin cuartel” contra la narcocriminalidad “no vengan los organismos de derechos humanos a hacer reclamos sobre esas personas que terminaron amedrentando a una sociedad y matando en muchos casos a víctimas inocentes”.
¿Qué reclamos imaginaba entonces el mandatario que podrían hacer las organizaciones defensoras de los DDHH? Difícil saberlo, pero ahora tiene uno concreto: investigar las amenazas a una abogada que querella contra personas acusadas de cometer desde el Estado crímenes aberrantes que la humanidad y el derecho internacional repudian, en un camino que inició en los años 80 el presidente Raúl Alfonsín, cuya figura guió al menos en algún tramo de su biografía al gobernador Pullaro.
En las mismas declaraciones en las que pidió que “no vengan los organismos de derechos humanos a hacer reclamos”, el radical afirmó que los presos calificados como de alto perfil “van a estar absolutamente controlados”. El mismo Gobierno informó a fines de marzo que en los tres primeros meses de gestión se incautaron en las unidades penitenciarias provinciales unos 1.800 teléfonos celulares, lo que revela el éxito de las requisas tanto como el agujerito sin fin que continúa siendo el Servicio Penitenciario, que dificulta el control carcelario prometido por el gobernador.
Las primeras denuncias que recibió el Servicio Público de la Defensa Provincial, entre fines de febrero y principios de marzo pasados, por violencia institucional y aplicación de tormentos en las cárceles santafesinas, no provinieron de presos de “alto perfil” sino de internos de pabellones con detenidos “comunes” que se animaron a señalar esa ilegalidad estatal que, por lo que se ve, no reconoce distinciones sobre categorías burocráticas de privación de la libertad.
Desde la agrupación Hijos resaltaron, además de la difusión del comunicado con Abuelas, que las palabras de Pullaro “no son menores” y recordaron que el gobernador “está estudiando indultos a ex policías juzgados y cumpliendo condena por crímenes gravísimos, justificándolos con la categoría de emoción violenta”.
“Nos preocupa que se estén habilitando estas expresiones desde el mismo Estado”, agregaron.
Habilitar el estigma
Los organismos que velan por el cumplimiento de las normas que establecen estándares de respeto estatal de los DDHH de las personas, requirieron en el comunicado aludido una investigación judicial pronta y eficaz para determinar quién y por qué amenazó a la abogada Moyano.
“A poco de conmemorar los 40 años de democracia, estos delitos son inadmisibles y repudiables. Por lo tanto, instamos de manera urgente a los gobiernos nacional y provincial a frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente, y exigimos la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes y para garantizar la seguridad de las víctimas”.
Los integrantes de la delegación local de Hijos, por su parte, enlazaron la nota intimidatoria dirigida a Natalia Moyano con los episodios previos de características similares.
“La violencia direccionada hacia los movimientos de DDHH y al feminismo fue parte de la agenda del gobierno de Milei y sostenida en las redes con sus tropas twitteras”, dijeron a este periódico desde la agrupación.
“Aunque intenten amedrentarnos seguiremos denunciando las consecuencias de este plan económico de miseria planificada que afecta a nuestro pueblo”, abundaron, para señalar que “en esta coyuntura nacional y local hacemos responsable a los tres niveles del Estado por la seguridad no sólo de nuestra compañera, sino también de los militantes de derechos humanos en su totalidad, ya que creemos que el ataque es a todo el colectivo”.
Antecedentes
El 5 de marzo pasado la militante de Hijos Capital, Sabrina Bölke, llegó a su casa por la noche tras concluir su jornada laboral. Según denunció, dos personas la esperaban: la tomaron del cuello, la amenazaron y la golpearon.
El violento episodio se conoció por una denuncia pública que realizó la agrupación de pertenencia de la víctima, que no dio a conocer su nombre.
Unos días después la mujer dio una entrevista al sitio periodístico El Destape Radio. “Estuvieron torturándome entre 15 y 20 minutos. Luego me ataron y me apuntaron con armas; me dijeron que me venían a matar. Todavía estoy tratando de entender qué es lo que pasó”, sostuvo Bölke.
🔴El testimonio de Sabrina Bölke, la militante de H.I.J.O.S. que sufrió un violento ataque
🎙️"Me dijeron que no hablara nunca más" pic.twitter.com/ddMRuAfGUn
— El Destape (@eldestapeweb) March 25, 2024
“En ese momento me dijeron que no hablara nunca más de derechos humanos, que sabían dónde trabajaba. Cuando me apuntaron con las armas, efectivamente pensé que mi vida iba a terminar ahí. Me pidieron que me dé vuelta; me ataron también con alambre y vendas; y me taparon la cabeza”, contó la mujer, quien también denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de sus atacantes.
Ingreso ilegal a un domicilio particular, golpes, torturas, violencia sexual. La misma lógica que los grupos de tareas de la última dictadura, a quienes el Poder Judicial juzgó por realizar esas conductas en el marco de un plan sistemático pergeñado desde el Estado para exterminar a un oponente político.
Tras las agresiones, los atacantes se fueron de la vivienda pero antes dejaron una pintada en una pared: “VLLC”. La sigla corresponde al mantra presidencial “Viva la libertad carajo”.
Cautelosa, a diferencia de las voces oficiales que alimentan la violencia y el odio contras quienes poseen una opinión alternativa a la suya, Bölke dijo en la misma entrevista: “Trato de ser muy cuidadosa con todo esto, yo no le puedo echar la culpa (al Gobierno) en términos judiciales ni afirmar que esto tuvo que ver con un aparato estatal. Claramente, eso no”.
Y agregó: “Pero sí obviamente hay un caldo de cultivo, de odio y de violencia desde hace tiempo, a partir del que habilitan este tipo de cosas. Yo no tengo pruebas, pero sí está todo en la Justicia. Nosotros aportamos a la causa todo lo que teníamos. Hablaron testigos y dejamos que la policía científica pueda hacer su trabajo; estuvimos todo el tiempo aportando”.
La difusión pública de ese hecho animó a Teresa Laborde Calvo, nacida en cautiverio durante la detención ilegal y clandestina de su madre, Adriana Calvo, a denunciar las amenazas que venía sufriendo, y que había menospreciado.
Laborde Calvo suele dar charlas en establecimientos escolares sobre el terrorismo de Estado, del que fue víctima directa. En noviembre del año pasado recibió un llamado telefónico anónimo: “A la próxima escuela a la que vas, no volvés”.
En febrero de este año se repitió el episodio intimidatorio. En esta ocasión, aparecieron palabras que conforman el diccionario habitual de los libertarios: “Zurda de mierda, si seguís adoctrinando sos boleta”.
Cierta naturalización de las amenazas recibidas a lo largo de 40 años llevó a Laborde Calvo a procesar el temor sin hacerlo público ni denunciar los hechos.
“Como crecimos en una familia donde las amenazas eran moneda corriente, lamentablemente, llegamos a naturalizarlas, un espanto total. Y también por una cuestión de protección, ya de chiquita creían que era autista porque decían que vivía en la luna de Valencia, cerraba persiana: «las cosas feas no las veo, no las escucho, no pasan». Y un poco me pasó con las amenazas”, dijo en una entrevista radial.
La difusión de las agresiones a Bölke le permitió redimensionar lo que le había ocurrido y realizó la denuncia.
“Cuando leí el comunicado de Hijos me dio miedo, no lo voy a negar, y ahí tomé cartas en al asunto, porque dije: «Bueno, de las amenazas a esto en un segundo puede ser posible», ya lo aprendimos con Julio López en 2006”, sostuvo en la misma entrevista.
Disputa de sentido
En una entrevista al canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el doctor en Ciencias Sociales Daniel Feierstein, autor del libro Los dos demonios (recargados), reflexionó acerca del proceso histórico-político que permite a las derechas locales avanzar sobre la interpretación social del genocidio argentino.
“Toda disputa sobre el pasado se hace pensando en transformar el presente. Se trata de utilizar el pasado para transformar lo que nos pasa hoy”, dijo.
Para el especialista, lo que hoy aparece más abruptamente en la conversación pública –la “reemergencia de la teoría de los dos demonios”– “tiene ya cerca de una década”.
Feierstein puntualizó que dicha teoría “plantea que la Argentina fue sacudida por dos terrores equivalentes, la insurgencia y el aparato estatal”. De hecho, está contemplada de alguna manera en el prólogo del Nunca Más, el histórico informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Recordó que “en los años 80, el sentido de esa dualidad era que había una condena construida sobre lo que se llamaba la subversión, y que lo que buscaba esa teoría era señalar que había una violencia estatal que fue tanto o más grave que lo que pudo haber generado la insurgencia” de las organizaciones revolucionarias armadas.
En la versión que llama “recargada”, Feierstein señala que “lo que aparece es exactamente lo contrario: luego de los juicios a los genocidas y de la construcción de una condena social a la violencia estatal, aparece todo un discurso que dice «eh, cuidado, que estuvimos hablando de la violencia estatal pero también hubo otra violencia de la que no se habla»”.
Para el investigador, “en esta versión recargada hay un intento de demonización de las luchas sociales de los años 60 y 70, que se vuelve mucho más grave que en aquél momento original de surgimiento de la teoría de los dos demonios”.
Así, consideró que “un discurso que estuvo muy anclado en la población que vivió los hechos, de pronto no está logrando llegar a los sectores más jóvenes. Por eso el negacionismo y esta versión recargada de los dos demonios empiezan a conquistar escucha de los sectores más jóvenes”.
“Hay un desafío para todos nosotros, que es poder escuchar cuáles son las demandas, las miradas, los problemas de los más jóvenes, para poder conectar ese pasado con este presente de otra forma, que no caigan en el negacionismo ni asuman la versión recargada de los dos demonios, pero que puedan construir nuevas miradas, más originales, más lúcidas, más potentes sobre cómo ese pasado del genocidio en la Argentina nos está afectando hoy”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 13/04/24
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