La puesta en marcha del Código Procesal Penal en Santa Fe “es una ampliación del sistema punitivo” hacia los más jóvenes, advierte la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia 2da Circunscripción, Natalia Palma. Asegura que su aplicación se aleja de las políticas públicas sociales, además de castigar y estigmatizar. Y dice más: es un modo de encubrimiento a la baja de edad de punibilidad.
En charla con Redacción Rosario, Palma repasa el trabajo que desde hace unos cuatro años llevan adelante en la Mesa por los derechos de las infancias y las adolescencias desde el Colegio que preside y junto a diferentes organizaciones, sindicatos, activistas, otros colegios de profesionales y la Facultad de Psicología (UNR).
Desde esta Mesa –explica Palma– es el lugar desde donde comenzar a construir cierto piso de políticas públicas y sociales para las infancias y las adolescencias. Políticas que “tienen el sentido del cuidado, de la protección, del presupuesto y de las condiciones también para las familias”, señala, y se explaya sobre la convicción de que “es posible generar políticas sociales que garanticen derechos”.
Sin embargo, la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos alerta que lo que ocurre desde hace un tiempo es un achicamiento que profundiza el deterioro de las condiciones y los alcances de las políticas tendientes a garantizar derechos. “Por un lado, lo relacionamos con el avance de las estructuras narcocriminales y, por otro, con el achicamiento en los presupuestos en infancias y adolescencias”.
Palma remarca que esta situación “genera y reproduce desamparo y violencia de todo tipo”; y es también donde quedan en el foco de todos los problemas los adolescentes. De allí que señale cómo la implementación del Código Procesal Penal Juvenil en Santa Fe es una ampliación del sistema punitivo, que –entre otras consecuencias– desdibuja el sufrimiento de los pibes y representa un encubrimiento a la baja de edad de punibilidad.
El Código Procesal Penal Juvenil (ley 14.228) entró en vigencia en el territorio provincial el 21 de junio pasado. El primero de los artículos establece que esta ley “regula el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo. En caso de duda se presumirá que la persona es menor de edad hasta que se acredite fehacientemente la misma”.
Posicionamiento
La Mesa por los derechos de las infancias y las adolescencias –señala Palma– viene sosteniendo su posición en los diversos espacios en los que puedan tener algún impacto y dar lugar a la voz a los pibes.
En esa tarea, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos 2da Circunscripción presentó su posicionamiento ante el Órgano de Revisión y Promoción de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe (ORSMSFE), que depende de la Defensoría del Pueblo, y en el Consejo de Niñez de la Municipalidad de Rosario.
El documento fue aprobado por la Defensoría del Pueblo a fines de julio pasado (se puede leer en este enlace: Disposición N°4 / 2025). Se posiciona en relación a por qué no hay que bajar la edad de punibilidad, haciendo hincapié en que de avanzar en esta idea lo que se hace es achicar el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Palma alerta que con el avance de este código se arrasa con “el sistema de protección integral” de los derechos de las infancias y adolescencias. En definitiva, con “la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” (26.061).
La ruptura del lazo social
La presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, Natalia Palma, marca como otra preocupación sobre la puesta en marcha del Código Procesal Penal Juvenil en la provincia que “profundiza la ruptura del lazo social”. “Hay mayor fragmentación en el lazo social y en la construcción de redes”, afirma.
Para Palma la cuestión de fondo tiene que ver con la pregunta sobre “¿qué es gestionar una política pública en infancia y adolescencia?”. Porque lo que hace el Código en cuestión es poner el eje en la peligrosidad, “en la mirada punitiva en relación con construir al otro peligroso”.
“Los chicos y las chicas la están pasando realmente mal, hay un profundo desamparo. No hay opciones ni propuestas para las infancias y las adolescencias sostenidas a mediano y largo plazo”, alerta Palma. Asegura que los programas que hay se caen, funcionan con convenios tercerizados que no se logran sostener porque funcionan a costa de la precarización de las y los trabajadores. Cita como ejemplos los Centros Cuidar de Rosario que los sostienen pocas personas y en condiciones de precarización laboral. “No podemos caer en la culpabilización de los trabajadores”, expresa.
Para la nueva Constitución
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos también acercó su propuesta a la discusión de la nueva carta magna provincial. Palma destaca que los puntos principales que consideran tienen que estar contemplados son que la salud mental, la problemática de la discapacidad, las infancias y las adolescencias deben tener rango constitutivo: “Un modelo de salud basado en la integralidad, en la universalidad y en la equidad, que tiene que ser para todos y tiene que tener gratuidad. Y pensar en la integralidad del sistema”.
Además –agrega– tiene que contemplar el trabajo intersectorial, la interdisciplina y el abordaje comunitario, “tal como lo plantea la ley de salud mental y la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
La presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas considera que el mayor valor de ese aporte a la reforma constitucional de la provincia es que fue realizado por las y los trabajadores. “Nos ubicamos como trabajadores en el campo de las prácticas; lo que vamos construyendo tanto para el aporte a la reforma constitucional como para estos pronunciamientos no salen de la nada, tienen una historia, un tiempo de trabajo, discusiones colectivas y la voz de los trabajadores que llevan de algún modo las voces de los chicos, las chicas y de las familias”.
En Los Pumitas
Para el 5 de septiembre que viene, la Mesa por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias realizará una actividad en Los Pumitas (en Empalme Graneros), en articulación con la biblioteca barrial. La intención es hacer visibles los espacios que funcionan allí, con la presencia de los referentes barriales, las y los trabajadores que son referencias barriales, compartir experiencias que se sostienen más allá de las políticas públicas, y conocer con qué cuentan las familias, las chicas y los chicos.
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