A poco del 50 aniversario del comienzo de la dictadura genocida que se extendió hasta 1983, desde la Argentina bien cabe pensar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores como víctimas de secuestro y desaparición forzada, aunque con un matiz no menor: lejos de negarlos y ocultarlos, como hicieron en estas pampas los jefes militares golpistas y sus cómplices, el gobierno de Estados Unidos se adjudicó y celebró públicamente la autoría de los delitos, y anunció que su pretensión es también aplicar su poder estatal militar para secuestrar y “desaparecer” el Estado entero de Venezuela si quienes lo gobiernan no se subordinan a sus intereses y los asumen como propios. Esclavitud o bala, entonces, es la oferta de temporada. Y aunque no falte quien muestre interés en acceder a verdugueos confortables o seguros de vida a los tiros, cualquier estudio de mercado y costos medianamente serio daría cuenta de lo inviable de la empresa a mediano y largo plazo, y recomendaría contemplar la posibilidad de barajar otras opciones de inversión y mejora de la rentabilidad del capital disponible.
En estas pampas, sin embargo, la oferta del Mac Donald Trump goza de un nivel de adhesión que permitió la llegada de un gobierno que impone una suerte de autosecuestro del Estado, con complicidad y anuencia del grueso del poder político y mediático. Pese a la confesión de parte respecto de sus motivaciones y objetivos principales, y los métodos a los que recurren para imponerlos, son muchísimos los conductores y columnistas de radio y TV, los frontman de riles y estrímines, los consultores y especialistas que insisten en justificar y naturalizar lo de Trump y sus halcones, sin medir el efecto de las injusticias consecuentes. Los que no adhieren abiertamente a celebrar y pedir más, como el gobierno libertario, no se apartan del libreto colonialmente correcto del siglo XXI, que aspira a la reedición de las viejas monarquías para satisfacer las angurrias de las nuevas castas, en las que no asoma rasgo de nobleza alguno.
En este marco, lo violento de las medidas y mentiras del gobierno nacional crece, contagia y potencia. La fuerza gobernante en provincia y municipio festeja, respalda e incluso disputa la paternidad de aberraciones expresadas en proyectos legislativos como el de la baja de la edad de imputabilidad, inscripto en la lógica de la aceptación y profundización de las desigualdades entre “los buenos” y “los malos”, que también se refleja en la propuesta de reforma laboral. El “combate sin cuartel” es contra todo lo que cuestione esa supremacía de los buenazos estos, envalentonados por el poder físico y simbólico que saben concentrar y los hace subir al ring como amplios favoritos en las apuestas.
Desde acá, si sobrara algún morlaco, se recomendaría ir a mano de los del otro lado, a los que los combatientes profesionales a veces no logran doblegar ni desplegando todo su arsenal destructivo. Tal vez porque ignoran que hay hombres y mujeres que no se venden y no odian, o en todo caso odian matar y que se mate. Y que si los suben al ring, apelan a la guapeza guardada en la memoria, a ese amor de los pueblos por su historia, su dignidad y su filosofía de vida en comunidad; ese amor propio que siempre es más fuerte que la propiedad privada.
Publicado en el semanario El Eslabón del 7/2/26
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