“Un nuevo comienzo de año que nos encuentra, una vez más, definiendo medidas de lucha”, dice el texto. Este miércoles, a las 12, “ruidazo” en defensa de la educación pública en el Superior de Comercio, Balcarce 1240.
“Les acercamos esta carta ante un nuevo comienzo de año que nos encuentra, una vez más, definiendo medidas de lucha. Durante esta semana realizaremos un paro total de actividades en todas las universidades del país”, arranca la carta abierta de los docentes a los estudiantes. En el marco de la huelga y la lucha docente, se realizará este miércoles al mediodía, una manifestación en defensa de la educación pública en la escuela Superior de Comercio de la UNR, de Balcarce y Mendoza.
El texto de la carta prosigue:
Esta es una medida que nos vemos obligades a tomar, porque como docentes lo que más disfrutamos es encontrarnos con ustedes en las aulas. Sin embargo, la grave situación que estamos atravesando hace necesario recurrir a esta herramienta para hacer valer nuestro trabajo.
Por eso queremos compartir con ustedes cuál es la situación que estamos viviendo y por qué nos lleva a tomar esta decisión. El año pasado se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla una actualización del presupuesto para gastos de funcionamiento —luz, agua, gas e infraestructura—, para becas estudiantiles y una recomposición salarial del 54% para las y los trabajadores de la universidad.
Esta ley buscaba comenzar a recuperar parcialmente el fuerte deterioro presupuestario que venía atravesando el sistema universitario, cuyos recursos ya se encontraban en niveles muy bajos luego de años de pérdida frente a la inflación.
Sin embargo, el gobierno nacional no cumple con esta ley, ya que nunca fue implementada. No sólo desoye lo establecido por el Poder Legislativo y las resoluciones judiciales que intiman a su cumplimiento, sino también el reclamo de las miles de personas que impulsamos en las calles la sanción de esta norma en defensa de la universidad pública.
Incluso, mientras continúa sin aplicar la ley vigente, el gobierno impulsa una propuesta de modificación que implica un fuerte retroceso respecto de lo ya aprobado. Entre otras cuestiones, ese proyecto elimina el mecanismo de actualización del presupuesto de funcionamiento de acuerdo con la inflación y propone un aumento salarial muy inferior al establecido por la ley actual —apenas un 12,3%—, lo que consolidaría una pérdida salarial aún mayor para quienes trabajamos en las universidades.
Ante esta situación, distintas universidades y organizaciones realizaron presentaciones judiciales para exigir la implementación de la ley. La justicia se pronunció favorablemente, intimando al gobierno a cumplirla. Sin embargo, mientras el gobierno continúa desoyendo estas resoluciones, nuestros salarios siguen deteriorándose y el funcionamiento de las universidades públicas se ve seriamente comprometido.
Durante 2024 y 2025 la universidad pública vivió una política de ajuste y desfinanciamiento sin precedentes con ajustes anteriores: por su magnitud, por su duración y por su impacto directo en las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Este proceso golpeó de lleno a nuestros salarios y a los presupuestos de funcionamiento, investigación, extensión y becas.
Como resultado, la tarea docente se volvió cada vez más difícil de sostener, no solo por el deterioro material que atravesamos, sino también por la incertidumbre permanente que se instaló sobre el futuro de la educación pública.
Confiamos en que, como tantas veces a lo largo de nuestra historia, la defensa de la universidad pública nos encontrará nuevamente unidos. La universidad pública no solo es un espacio de formación profesional: es, también, un motor fundamental para el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de nuestro país.
