Una polémica medida pone el destino de los aportes de los profesionales, en manos de los empresarios, según denuncian desde la Caja de Previsión Social.
El Decreto 0706 emitido por la Municipalidad de Rosario, firmado el 23 de abril pasado, elimina el requerimiento a los empleadores de arquitectos profesionales de verificar que se cumplan con los aportes correspondientes por su contratación.
Esta normativa, dispuesta por el artículo 48 de la Ley 6729, funciona como uno de los pilares de un sistema que demostró ser beneficioso para la comunidad por décadas. Al ignorarse este artículo, “se pierde un 50 por ciento de los aportes de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe, los cuales provienen de los aportes relacionados a los permisos de edificación”, según expresa un comunicado en la cuenta oficial de la Caja.
La Caja de Previsión Social se encarga de proveer la jubilación y cobertura de salud correspondiente para los profesionales. Desde la entidad señalaron que la medida “perjudica directamente a jubilados/as, profesionales en actividad, y a sus familias, mientras beneficia a grandes empresas desarrolladoras”.
Otro aspecto que preocupa a la comunidad es el hecho de que el decreto “se dictó sin seguir los canales legales requeridos”, ya que se emitió para dejar sin validez a un artículo legal pero no se llevó a cabo el proceso indicado para semejante reforma.
Como comunica la solicitada, publicada en La Capital del 17 de mayo pasado, este destrato de las leyes municipales marcó un precedente preocupante y tras instancias de diálogo con la Municipalidad y el intendente Pablo Javkin, varias organizaciones iniciaron acciones judiciales con fin de que esta medida sea reconsiderada e inhabilitada; entre ellas, la mencionada Caja de Previsión Social y el Colegio de Arquitectos, con quien el Municipio ya había tenido un conflicto tras la controversial autorización de edificación en área protegida del Monumento a la Bandera.
A dos meses de esta medida, las organizaciones que están encabezando este camino legal expresaron su necesidad de que la Justicia suspenda la vigencia de este decreto.
Julián Conesa (*). Estudiante de la Tecnicatura de Diseño y Comunicación de la escuela Dr. Francisco Gurruchaga
