Concluyó la semana de paro docente con una manifestación en el Superior de Comercio en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia.
La esquina de Mendoza y Balcarce se cortó intermitentemente, este miércoles al mediodía, entre bocinazos de apoyo, mientras se multiplicaban los redoblantes y los cánticos de los manifestantes del “ruidazo” en defensa de la educación pública, que tuvo como eje la escuela Superior de Comercio que depende de la UNR, en una movida organizada de forma conjunta con la asamblea del Instituto Politécnico y el sindicato docente Coad.
“El salario docente tuvo una pérdida del 40 por ciento. Un docente que trabaja 40 horas hoy cobra menos de un millón de pesos, no alcanza para llegar a fin de mes. Hay cátedras que se quedaron sin docentes y concursos que quedaron desiertos porque nadie se presentó”, explicó Luz Prados, secretaria adjunta de Coad.
El plan de lucha docente incluyó un paro semanal en esta semana corta por las conmemoraciones religiosas pero las medidas se profundizarán ante la falta de respuestas.
“Vamos a hacer una carpa universitaria, que es una medida nacional de Conadu que se realizará del 9 al 16 de abril en donde vamos hacer clases abiertas, también hay prevista una nueva marcha universitaria para mayo, y el 27 de abril se cumplirá otra semana de paro”, adelantó Prados.
En tanto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar que ordenaba al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y calificó como “pocos serios” algunos de los argumentos libertarios para no aplicarla.
Todos los sectores universitarios celebraron el fallo y le pidieron a la Casa Rosada que “cumpla inmediatamente” con la recomposición salarial y que actualice las becas de los estudiantes como sostienen el fallo.
Los jueces de la Sala III analizaron los argumentos del gobierno de La Libertad Avanza para no cumplir con la ley – que fue votada por el Congreso y luego ratificada tras el veto– y sostuvieron; “Resultan poco serios los agravios del Estado Nacional relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta”, según el fallo en el que confirman la medida que obliga al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6, que tienen que ver con la actualización de salarios y becas.
Los jueces dijeron que está en riesgo “el derecho a enseñar y aprender” y advirtieron sobre las consecuencias negativas de ir a la Corte Suprema sobre puntos específicos.
“El fallo judicial es muy claro en sus fundamentos”, sostuvo Franco Bartolacci, flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que presentó un amparo cuando el gobierno de Milei se negó a cumplir la ley porque sostenía que no estaba especificado de dónde saldrían los recursos.
“Ratifica las razones que hemos señalado una y otra vez; que se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y que resguarda el derecho al acceso a la educación superior”, agregó el rector de la Universidad Nacional de Rosario consultado por la prensa.
