El periodismo en nuestro país es un oficio y una profesión que ha sufrido ataques permanentes de parte de los poderes tanto fáctico como gubernamental. A lo largo de los últimos 50 años experimentó todo tipo de hostigamientos, se tratara de medios de comunicación alternativos u opositores como también periodistas independientes o militantes. 

La teoría de los dos demonios también tiene su capítulo en el periodismo. Los medios hegemónicos, que son parte de la estructura del poder real en la Argentina, tienen un modo de funcionamiento que se repite a lo largo de la historia pero que se hace más nítido desde la dictadura hasta nuestros días. Presiones para la obtención de pauta oficial casi extorsiva, articulación con la justicia (Comodoro Py fue el emblema de la defensa de la corrupción del poder económico y la persecución a políticos y sindicalistas opositores a dicho poder) para el armado de causas y su legitimación en los medios masivos.

La dictadura militar secuestró y desapareció a más de 200 periodistas críticos. Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Miguel Angel Bustos, son sólo algunos de los nombres de los compañeros perseguidos, secuestrados, desaparecidos o asesinados. Fue en esa época también que los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con Papel Prensa, única y monopólica abastecedora del principal insumo de los diarios: el papel. De este modo ejercieron censura indirecta, cortando la venta del papel a los periódicos opositores a sus intereses. También es importante aclarar que, éstos diarios que eran los de mayor tirada, apoyaron abiertamente el golpe de Estado y funcionaron como órgano de difusión de dicho gobierno. La amenazas a la población fueron permanentes, la ausencia de críticas a la política y a la economía dejaron en evidencia el lugar que eligieron: el de ser los portavoces del disciplinamiento social. 

Ilustración: Facundo Vitiello | El Eslabón

Luego de la apertura democrática, estos diarios siguieron jugando a la desestabilización. Críticas permanentes al gobierno radical de Raúl Alfonsín. La críticas fueron horadando la legitimidad popular y Héctor Magnetto dejaba trascender que la presidencia era un cargo menor burlándose de una incipiente democracia a la que le costaba horrores hacer pie. Aparecieron los periodistas especializados, en las figuras de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, que buscaban instalar un sentido común en el que lo único importante eran los capitales, la rentabilidad; y que lo que estorbaba el desarrollo era el Estado, los empleados públicos, la demanda de los trabajadores y la corrupción de los dirigentes políticos. Estos argumentos se utilizaron hasta la actualidad modificando aspectos mínimos que permiten que la teleaudiencia pueda actualizar los argumentos a las coyunturas. Sin dudas que la repetición indefinida, sostenida en el tiempo y actualizada permanentemente provocó un efecto cultural de verdad. Esto abonó a su vez la instalación de lo que hoy conocemos como meritocracia, un modelo cultural en el que todos nuestros aspectos sociales son borrados y nuestra subjetividad es puesta a competir para que nuestras fuerzas vitales sean exprimidas por el mercado hasta el último día de nuestras vidas.

En los años 90, con el menemismo en el gobierno, el Grupo Clarín y el diario La Nación se vieron favorecidos por una serie de políticas que permitieron su afianzamiento en medio de una profunda transformación tecnológica de la sociedad. La desregulación que permitió la consolidación del monopolio de Papel Prensa, las privatizaciones de medios beneficiando a estos grupos, la discrecionalidad en los subsidios a cambio de silencio ante hechos de público conocimiento respecto de la corrupción son sólo algunos aspectos que nos permiten entender la posición dominante en el mercado de estos grupos. Por otro lado, la precarización laboral, el alto porcentaje de desocupados, los salarios devaluados y congelados, provocaron un escenario devastador a la hora de pensar la relación de fuerzas entre los periodistas empobrecidos y precarizados y las todopoderosas empresas multimediáticas.

Durante el gobierno de la Alianza no cambiaron las políticas públicas y el favorecimiento al crecimiento del monopolio mediático se extendió. Con la llegada de Néstor Kirchner, la relación con estos medios fue cambiando. Si bien en el comienzo de su gestión hubo pautas millonarias y renovación de licencias, luego del 2008 se tensaron las relaciones producto del proceso antimonopólico propuesto por diferentes sectores de la sociedad que confluyeron primero en 20 verdades para una radiodifusión democrática, y que luego desembocaría en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una Ley que dejó en evidencia el papel de la Justicia a la hora de condicionar a las políticas públicas, pudiendo frenar una ley votada en el congreso con tan sólo un recurso de amparo.

El estatuto del periodista, a lo largo de estas cinco décadas de neoliberalismo, pasó a ser un recuerdo que alguna vez había amparado a la profesión y que planteaba principios éticos con los que debían manejarse quienes se consideraran periodistas. En los momentos de crisis, en los que cierran medios, en los que pulen discursos del tipo “hay doscientas personas que están esperando para hacer tu trabajo por menos plata”, el Estatuto se vuelve inaplicable. Y cuando el Estado se encuentra al servicio de los poderosos, los ministerios y las secretarías de Trabajo hacen la vista gorda ante los incumplimientos de los empleadores. Los principios que regían al periodismo, como la ética profesional, la cláusula de conciencia o el secreto profesional, comenzaron a ponerse en discusión cuando no fueron barridos de un plumazo. Sin embargo, las ventajas de esa flexibilización no se trasladaron al ejercicio profesional individual. El periodista sigue siendo responsable por lo que publica. Desde ese entonces a la actualidad, muchos periodistas han aceptado sobornos, haciendo del ejercicio periodístico una mera propaganda. El ejercicio periodístico especializado es un nicho en el que no hay otro modo de financiamiento que no sea el soborno. Quienes se niegan, son presionados o perseguidos. En cuanto al ejercicio periodístico en los grandes medios el condicionamiento es inmenso, no existe la posibilidad de correrse del territorio simbólico sobredeterminado en el que se manejan. 

Foto: Julia Oubiña | El Eslabón/Redacción Rosario

Los sindicatos sólo representan a los trabajadores en relación de dependencia. O sea, a quienes no pueden publicar su opinión, a quienes están condicionados a la hora de plantear aspectos de la realidad que tocan intereses económicos. Estos periodistas con los que me solidarizo, a los que no juzgaría jamás porque sabemos lo duro que es llegar a fin de mes, no pueden, en la mayor parte de los casos, decir lo que piensan. Sobran ejemplos desde la reapertura democrática a la fecha de persecuciones, amenazas, extorsiones a compañeros de prensa. Hernán Lopez Echagüe, Gary Vila Ortiz, Horacio Verbitzky, Roberto Navarro, Ariel Bulsicco, son algunos nombres de periodistas amenazados, perseguidos, despedidos. Hay cientos, como también, nombrando a José Luis Cabezas, podemos recordar a muchos otros periodistas asesinados en circunstancias en que dejaban en evidencia tramas de corrupción, de ilegalidad, que pagaron con su vida el ejercicio de su profesión. 

Quienes deciden ejercer el periodismo con compromiso social, con apego a la verdad, con ética y espíritu solidario, se encuentran expuestos a la venganza de quienes desde las sombras buscan construir un imaginario simbólico en el que las desigualdades, la concentración de la riqueza, la ausencia de derechos, la imposibilidad de realizarse como persona son una condición inevitable. La democracia no es solamente una formalidad. Es un estado de derecho, un orden político en el que los que nos dirigen supuestamente representan nuestros intereses. Para que exista un poco de equidad y de justicia en nuestro país es necesario luchar contra estos poderes, pero también fortalecer la democracia en la que vivimos. Si no podemos volver a creer en la democracia, estamos en problemas. Tenemos que ser capaces de generar condiciones para un ejercicio del periodismo en el que no importe si un profesional trabaja en relación de dependencia o no, esto es sólo una formalidad. Importa que puedan decir lo que piensan, lo que sienten, con libertad y autonomía. El Estado debe garantizar el ejercicio del periodismo y la variedad de fuentes informativas, caso contrario, la democracia que tenemos seguirá siendo tan sólo una formalidad y habremos desperdiciado una chance más de construir un país más libre, justo y soberano.

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Publicado en el semanario El Eslabón del 2/5/26

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