“Santa Fe gracias a Maxi es orgullo federal (…) Argentina se merece a un líder de verdad. Pullaaaaro ahora nos volvimos a ilusionar, te lo pide la gente, la Invencible es nacional…”, dice la letra de lo que desde la militancia del oficialismo provincial presentan como “un hitazo” y al que llaman a viralizar “para bancar a nuestro gobernador”. Es una versión de “Muchachos…”, canción que se hizo famosa en el Mundial de Fútbol 2022 para alentar a la Selección Argentina.
Pero no. En Santa Fe no hay lugar para ilusionarse con el gobernador Maximiliano Pullaro y sus políticas destinadas a la educación. La ilusión –con el que muchas docentes les dieron su voto– se diluyó rápidamente para el magisterio ya en enero de 2024, cuando en pleno verano la Provincia llamó a paritarias y, en lugar de garantizar la “cláusula gatillo” en los salarios (una promesa de campaña), anunció que no se iba a pagar la deuda de la paritaria 2023 y que se venía más ajuste para el sector.
Y así fue. Apenas iniciado el primer ciclo lectivo se puso en marcha el Premio a la Asistencia Perfecta, un nombre de pura ilusión para disfrazar el presentismo, el mismo que aplicó Carlos Reutemann en los noventa. No conforme con esa extorsión hecha plan de gobierno, se decidió obligar a las docentes a completar declaraciones juradas ante cada medida de fuerza gremial, para autodelatarse si adhieren o no.
Ese mismo primer año de gobierno se avanzó con la reforma previsional, que todos los meses cachetea el bolsillo de las y los jubilados de la docencia provincial.
La política de las paritarias de Pullaro sigue este mismo esquema de decir una cosa y luego hacer otra. Lo que llaman diálogo –el gobernador y sus funcionarios– son a lo sumo mesas formales para la foto, enunciar lo que ofrecen como “el mejor esfuerzo posible” (que siempre es bien poco) y luego cerrar ese ofrecimiento por decreto.
Con esa lógica instalada, el gobernador renueva las promesas de aumento salarial. “Vamos a charlar ahora cuando termine junio. Vamos a ver cuál fue el impacto de la inflación y cuál el de la recomposición salarial que habíamos dispuesto en función del aumento de precios proyectado. Y por supuesto que vamos a recomponer”, aseguró, en declaraciones al diario El Litoral, anticipando el llamado a la mesa paritaria. Vale recordar que en Santa Fe las vacaciones escolares de invierno van del lunes 6 al viernes 17 de julio. Difícil que haya una propuesta concreta antes de ese receso.
Para el primer semestre del año, la Provincia decretó un incremento escalonado del 12,5 por ciento. El plan del gobierno es establecer otro aumento con igual modalidad para los próximos seis meses del año.
Con el reclamo de ser escuchados, Amsafé y Sadop recorrieron durante todo este tiempo la provincia con la Carpa Blanca y la Campaña Mil Clases. En esos espacios se expusieron las demandas del magisterio, además de hacer visible cómo impacta el ajuste educativo en la vida de las escuelas. Lo que también tiene que ver con las políticas pedagógicas implementadas por el Ministerio de Educación de Santa Fe: planes enlatados, diseñados por empresas y fundaciones. Porque el ajuste también es de pensamiento.
Milei, Macri…
La ex vicegobernadora, ahora diputada nacional por Unidos, Gisela Scaglia, tampoco es portadora de mucha ilusión para la educación santafesina. De abrazarse de manera frenética con maestras y estudiantes de toda la provincia, en tiempos de las elecciones legislativas del año pasado, pasó sin escalas a promover a Mauricio Macri como candidato presidenciable en 2027.
En una reciente entrevista, la legisladora afirmó que Macri era un buen candidato, porque, entre otras razones, “aporta lo que le falta al modelo de Milei”.
¿Qué ilusión puede despertar para la educación santafesina que Macri vuelva a ser presidente de la Nación? Siempre se lo va a recordar como el mandatario que se jactó de menospreciar a la educación pública, desfinanciándola y considerándola un fracaso. “Es increíble que cinco de cada diez chicos no comprendan un texto en la escuela pública. En la escuela privada, son dos de cada diez. Y en eso también tenemos que trabajar, en terminar con la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública”, había dicho Macri el 21 de marzo de 2017, durante la presentación de los resultados de las pruebas estandarizadas Aprender.
Difícil ilusionarse con Scaglia que pide ley de “Ficha limpia” y luego no da quórum para salvar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de las denuncias por corrupción que pesan sobre su figura. Todo avalado por Pullaro.
A esta altura, nada de esto debiera desilusionar a quienes depositaron algo de confianza en el actual gobierno de la provincia. A nivel nacional, desde Unidos acompañaron siempre las medidas libertarias.
En el Pacto de Mayo –por ejemplo– firmado por la mayoría de los gobernadores, entre ellos Pullaro, se comprometieron a garantizar “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar” (punto 4 de ese acuerdo). Sin embargo, en lo que va de la gestión de Javier Milei, el sistema educativo obligatorio es el que más recortes y ajustes ha sufrido; comenzando por los salarios docentes.
En un artículo del 13 de junio pasado, el ex ministro de Educación de la Nación Daniel Filmus advierte que el ajuste del gobierno libertario aplicado al sistema educativo federal y obligatorio (educación inicial, primaria y secundaria) es mayor que el de las universidades públicas. Entre otros datos de relevancia señala la eliminación total del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), además de alertar que es “particularmente grave el deterioro que han sufrido los salarios docentes en todo el país”.
Filmus enumera, además de ese ajuste, la reducción de las becas estudiantiles en un 80 por ciento, la casi inexistencia de presupuesto para infraestructura y equipamiento; y precisa que “los fondos para la educación técnica, fundamental para la inserción laboral de los jóvenes, cayeron más del 70 por ciento”. Recuerda que “en el presupuesto 2026 se derogaron anticonstitucionalmente los artículos de las leyes de financiamiento educativo, educación nacional y educación técnica” que “fijaban metas de inversión educativa a mediano plazo”.
Un caso llamativo que resalta el ex ministro es el recorte de 35 mil millones de pesos al Plan Nacional de Alfabetización, que como bien recuerda “había sido el principal (y único) objetivo que había enunciado el gobierno y al cual se había comprometido a sostener frente a los gobiernos provinciales y organizaciones sociales”.
Una ley “sin ideología”
En medio del reclamo docente por recuperar salarios y condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje, de los anuncios oficiales de paritarias y de legisladoras oficialistas que reivindican a los detractores de la escuela pública, el jueves 4 de junio pasado se aprobó en Diputados (hasta la semana que pasó faltaba tratarse en el Senado) el proyecto que crea la Comisión Provincial para el Debate y Elaboración de una Ley de Educación Provincial, definida como “una herramienta destinada a impulsar un proceso amplio, plural y participativo para construir los lineamientos de una futura normativa educativa santafesina”.
Dicha comisión estará integrada por “cinco representantes del Poder Ejecutivo Provincial” y las Comisiones de Educación de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia.
Según se anticipa, se prevé “la realización de foros, audiencias, encuentros y espacios de debate en todo el territorio provincial, con la participación de docentes, directivos, estudiantes, asistentes escolares, familias, universidades, especialistas, organizaciones gremiales, instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintos sectores productivos”. La meta de estas acciones es “promover la construcción colectiva de una ley que refleje las necesidades, desafíos y expectativas de toda la comunidad educativa de Santa Fe”.
El proyecto inicial de la creación de esta comisión –se presentó a principios de este año– no hacía mención expresa a la participación de docentes y estudiantes, entre otras y otros actores clave de la educación pública. Fue presentado por el diputado de la UCR Marcelo González, acompañado por el bloque de ese partido.
Ya con media sanción de Diputados, distintos legisladores y legisladoras se expresaron públicamente sobre la norma a concretar.
Entre estas expresiones, está la del diputado del monobloque Inspirar, Juan Argañaraz, quien se presenta como “defensor de la vida, la familia y los valores que sostienen nuestra sociedad”. Primero aseguró –en declaraciones a un portal de noticias de Santa Fe– que su trabajo era en pos de “beneficiar a todos los santafesinos”, con particular atención a las “escuelas públicas de gestión privada” y de “los estudiantes”. “Pero tampoco queremos –alertó enseguida– que aprovechen esta ley de educación para meternos ideología con la que nosotros no estamos de acuerdo, como lo habíamos manifestado en el otro proceso anterior”.
Y continuó: “O con otros proyectos que se quisieron presentar sobre ley ESI (Educación Sexual Integral), que no nos representaban en nuestros valores. Por supuesto que si nos quieren meter algunos de esos conceptos o alguna de esa ideología en la ley de educación nos van a encontrar en la vereda de enfrente”. Todo un llamado de atención sobre el tenor de las discusiones que se avecinan, en tiempos en que la derecha y sus militantes antiderechos buscan afianzarse en la vida pública.
Nada para ilusionarse en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro. Mucho por hacer para reconstruir esperanza.
Publicado en el semanario El Eslabón del 27/6/26
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