El Sindicato de Cadetes estima que son 9 mil los trabajadores del rubro en la ciudad. A la par –denuncia– también crece la informalidad. “Falta voluntad política para obligar a las empresas a tributar y registrar a su personal”.
Tras un relevamiento sectorial, el gremio local de cadetes informó que existen en Rosario alrededor de 9000 trabajadores y trabajadoras del rubro, en su mayoría bajo plataformas digitales. E insistió con un registro para que las empresas “blanqueen” a sus empleados.
“A la mayoría de los trabajadores no se les respeta sus derechos laborales”, denunció Nicolás Martínez, secretario general del Sindicato de Cadetes. “La crisis económica y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo en los últimos dos años han empujado a muchos a este rubro como una salida rápida para subsistir”, añadió.
Las jornadas laborales “pueden extenderse hasta 15 horas diarias para alcanzar ingresos que permitan cubrir necesidades básicas”, señaló el dirigente gremial, y recordó el proyecto de ley provincial que viene impulsando el gremio, que busca crear un registro de repartidores y actualizar la normativa vigente. Sin embargo, “los avances son lentos”.
La Muni, a contramano
La Municipalidad de Rosario inició recientemente un censo en el sector. El sindicato cuestionó su alcance al indicar que apenas se relevaron 150 trabajadores sobre un universo estimado de 9000. “Falta voluntad política real para obligar a las empresas a tributar y registrar a su personal como cualquier otro comercio”, advirtió Martínez.
La entidad gremial apunta puntualmente a las plataformas (empresas) que “no generan beneficios impositivos y se llevan la plata afuera”. En este marco, miles de trabajadores continúan desempeñándose sin obra social, sin cobertura ante accidentes y sin garantías laborales mínimas. “Solo queremos ser reconocidos como trabajadores”, agregó el dirigente.
Respecto del censo municipal, Martinez lamentó que no fueron consultados. “Desde nuestra experiencia lo más urgente es la regulación”. Y completó: “Ya hay una ordenanza vigente en la ciudad y la municipalidad no la hace cumplir”, dijo en referencia a la ordenanza 7042, que establece obligaciones para las empresas del rubro, pero que –según denunciaron– no se aplica sobre las plataformas digitales.
Para Martínez, la clave no es relevar sino intervenir: “El Estado tiene que obligar a las empresas a adecuarse a la legislación. Si no arbitra en la relación laboral, las empresas no van a cambiar”.
Y recordó cuando algunas de las apps llegaron al país y registraron trabajadores bajo convenios, pero ante la avanzada del nuevo gobierno nacional dejaron de hacer a cuenta de la falta de controles. “Las empresas tienen ganancias exorbitantes, pero no se adecuan porque nadie las obliga. Si se regula, no se van a ir”, concluyó el sindicalista.
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