Se dispararon las demandas de atención por salud mental en medio del desfinanciamiento estatal y cierres de programas de asistencia, con cifras récords de suicidios y como colofón un proyecto de modificación de la ley para volver a viejas prácticas de internaciones psiquiátricas.
Que vivimos en un país de locos es una frase que viene desde tiempos inmemoriales pero comenzó a hacerse visible, en primer plano, cuando un ex panelista de TV, Javier Milei, se multiplicaba en pantallas como candidato a presidente con toda la pinta de un desquiciado. Un libro biográfico lo sintetizó directamente como “El Loco”.
En el debate presidencial su principal contrincante Sergio Massa lo dejó en evidencia e incluso ventiló que lo habían rechazado como pasante del Banco Central por su inestabilidad emocional y le propuso un análisis psicotécnico público para garantizar la estabilidad psicológica de los gobernantes, a lo que se negó. Para la mayor parte de los analistas ese debate fue lapidario para el libertario. Sin embargo, el efecto fue el contrario y “el loco” ganó las elecciones.
Fue evidente que la decisión hablaba más de la inestabilidad emocional de los votantes que la del propio Milei. Mientras las causas se debaten entre la pandemia o el mal gobierno de Alberto Fernández, lo cierto es que pasado casi dos años y medio, todos los índices arrojan deterioros alarmantes en el equilibrio psíquico de la población.
En el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental de abril de 2026 realizado en Tierra del Fuego difundieron que las internaciones en casos de salud mental crecieron un 77 por ciento y la demanda de atención ambulatoria un 134 por ciento.
Desde el colegio de Psicólogos y Psicólogas de la 2ª Circunscripción de Santa Fe señalan que los centros de salud están rebalsados y hay una grave crisis en la salud mental. Los suicidios superan a las muertes por siniestros viales en Santa Fe y duplican a los homicidios dolosos. Y como si fuera poco, en un marco de desfinanciamiento escandaloso, el gobierno nacional pretende reformar la ley de salud mental.
“El proyecto político de Javier Milei está matando al pueblo argentino”, sentenció el ex ministro de Salud (de la Nación y bonaerense) Daniel Gollán. “Está matando a nuestras personas mayores, a nuestros niños, está matando porque aumentan todos los indicadores, tanto de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la mortalidad general, cosa que no sucedía desde 2001. Y a un ritmo y a una velocidad impresionante”.
“Y no podía ser de otra manera en un país en donde en tan poco tiempo nuestro pueblo pasó a tener condiciones de vida cada vez más indignas. Quedó viejo eso de que no llegan a fin de mes. No llegan al 10, no llegan al 15”, dijo el ex funcionario, de visita en Rosario la semana pasada para participar de un debate sobre la situación del país con dirigentes sociales y sindicalistas.
“La pérdida de calidad de vida afecta a la salud de las poblaciones. Sabemos lo que está pasando con la problemática de la salud mental, de los suicidios. El récord de suicidios de todas las edades, pero muchos jóvenes que se quitan la vida en un país que no les da perspectiva. Todos los indicadores van para atrás en una forma alarmante”, advirtió el sanitarista.
Un informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentado en la legislatura provincial arrojó que el año pasado la tasa de suicidios fue 12,7 cada 100.000 habitantes, contra 8,7 de siniestros viales y 5,9 de homicidios dolosos.
Ya el año pasado la Fundación Soberanía Sanitaria, un centro de formación e investigación que tuvo entre sus fundadores al ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak, sostenía: “Se observa un aumento significativo de padecimientos en la población general, evidenciado por el incremento de síntomas de ansiedad, angustia, depresión, el mayor consumo de sustancias psicoactivas –tanto legales como ilegales–, los intentos de suicidio, los suicidios consumados y las descompensaciones de cuadros psicóticos”.
Y agregaba: “A su vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los tratamientos contribuyen a agravar la situación, incrementando tanto la demanda como la complejidad de los casos que llegan al sistema público de salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional debido a las demoras y barreras económicas del sector privado. En este contexto se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de internaciones por motivos de salud mental, especialmente entre personas jóvenes”.
Un Informe de la Sedronar señala que en la población entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó el consumo de psicofármacos.
La ley de la ferocidad
Con este marco de fondo, y para completar el cuadro, el gobierno de Milei envió la semana pasada al Senado el proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, con el objetivo de “modernizar” y “mejorar” su aplicación.
Entre los cambios, el proyecto propone reemplazar el concepto de “padecimiento mental” por categorías diagnósticas más precisas, flexibilizar los criterios de internación involuntaria en situaciones de urgencia y fortalecer una red de atención por niveles, en lugar de cerrar los hospitales psiquiátricos.
El gobierno nacional y algunos especialistas argumentan que la ley actual tiene problemas de implementación y una cobertura desigual, pero organizaciones advierten incumplimientos –como el bajo presupuesto–, en un contexto de alta demanda de atención en salud mental en el país. Además del desfinanciamiento, el cambio de paradigma respecto a las internaciones en hospitales psiquiátricos y la restitución de derechos son los puntos más salientes entre quienes se oponen a la reforma.
Para Paula Sagué, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNR, e integrante de la agrupación La Masotta, “las leyes, tanto la modificatoria de la ley de salud mental, como este proyecto que también modifica la legislación de discapacidad, significan un retroceso de 75 años por lo menos”.
Con respecto a la reforma de la ley de emergencia en discapacidad –que eliminaría el nomenclador nacional y pasaría al “negocio de la salud” unos 5 millones de argentinos– la investigadora dice que “están todo el tiempo queriendo constatar el sufrimiento de los otros y verificando si eso conlleva o no el acceso a un derecho como es una pensión que en términos de bolsillo es ínfimo aunque grande en lo simbólico”.
“Por todo lo que genera en términos de dignidad y de accesibilidad a la salud, lo que son las prestaciones del plan médico obligatorio, tanto en la ley de discapacidad como también esta batalla que estamos dando por la ley de salud mental, implica un retroceso. Nuestro país era reconocido por la Ley de Salud Mental y por el abordaje y la inclusión de los usuarios de discapacidad a nivel internacional”, destacó Sagué.
“La ley nacional de salud mental es del año 2010. Es una ley que se votó por unanimidad en ambas cámaras. O sea, todos los partidos políticos. Hubo un trabajo tanto del movimiento de usuarios de derechos humanos, de trabajadores del campo de la salud, como de profesionales de distintas disciplinas. Y después de largos debates que se dieron también en el Congreso, fue una ley que llegó a un consenso pleno. Entonces, una ley que realmente es inédita también en ese sentido. Y lo que estamos pidiendo ahora es que justamente vayamos por la plena implementación de la ley”, dijo la especialista, en un reportaje con El Eslabón y el programa radial Ahora más que nunca, de FM Aire Libre.
Natalia Palma, presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario consideró: “Como se viene dando en el marco de varias reformas que se están haciendo, como la laboral o como en la ley penal juvenil, una de las preguntas que nos hacemos con el intento de reforma de la ley de salud mental es qué tipo de persona, de sujeto, busca construir este modelo”.
“Porque este proyecto que nuevamente pone la idea de peligrosidad, donde el riesgo es el otro, la noción de padecimiento mental la sacan y ubican la figura del trastorno, como esta idea de patologización de la salud. Hay uno de los artículos que habla de revisar los antecedentes de cada persona, como cuando hablamos de antecedentes dentro del sistema penal”, detalló.
“El gran problema es el desfinanciamiento que se viene haciendo sistemáticamente. La ley 26.657, nuestra ley actual, estableció un piso presupuestario del 10 por ciento del presupuesto total de salud para salud mental. Eso es del artículo 32. Y esa meta nunca fue alcanzada. Se estima que llegó cercana al 1 por ciento”, señaló.
Un delirio sin remedio
Desde Soberanía Sanitaria dan un pantallazo del contexto de crisis en salud mental con los despidos en el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte (unos 190, lo que representa aproximadamente el 40 por ciento de su planta) y el recorte del 25 por ciento de su presupuesto, que constituyen un retroceso significativo en la capacidad asistencial del sistema nacional de salud mental.
A esta situación se suma la eliminación de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (Risam), programa de formación que se había implementado con el retorno de la democracia y que estaba presente en más de la mitad de las provincias. Su discontinuidad reduce de manera sustancial las oportunidades de formación profesional en hospitales nacionales y centros provinciales.
En paralelo, el Programa Remediar, de acceso gratuito a medicamentos esenciales, será modificado, según anunció el Gobierno, y se reducirá a su mínima expresión. El programa ya sufrió despidos y desfinanciamiento presupuestario que se refleja en una creciente falta de provisión de medicamentos, sin una estrategia clara de reposición y la eliminación del Remediar Salud Mental, lo que afecta a 17 millones de personas y se replica en varias provincias que han registrado una suspensión en la entrega de psicofármacos.
Además, se registra la interrupción de la inversión nacional en obra pública vinculada al área de salud mental. Esto incluye la paralización de proyectos considerados estratégicos, como la construcción de centros de día, casas de externación, adecuaciones y ampliaciones de instituciones hospitalarias y las “Casas Joven” impulsadas por la Sedronar, las que ofrecían un espacio de atención integral, acompañamiento, orientación y tratamiento ambulatorio a niños, niñas, adolescentes y sus familias como parte de una Red Federal. Estas iniciativas resultaban fundamentales para fortalecer la red pública frente al incremento sostenido de la demanda de atención.
Sobre la asistencia de medicamentos, el ex ministro de Salud Gollán alertó que “si sacan el plan Remediar, justo ahora que se viene el invierno, los hipertensos van a tener accidentes vasculares, una bronquitis común que se trata en el barrio va a ser una neumonía y una internación probable es el fallecimiento de un adulto mayor, y una persona sin el medicamento para la diabetes va a ser una complicación”.
“Y fíjense qué cruel: además del desastre sanitario, que por supuesto es lo peor, es carísimo en términos de lo que va a representar tener que atender a esa enorme cantidad de gente con problemas que podría ser perfectamente prevenidos desde un centro de atención primaria, lo que va a recargar todos nuestros hospitales, todo el sector de obras sociales y de la seguridad social y del Pami que ya está sobrecargado”, dijo el sanitarista y se preguntó: “¿Cuál es el motivo de hacerlo? si el Remediar es un plan relativamente barato y que tiene un impacto sanitario impresionante en términos de salud pero también en términos económicos ¿Cuál es el sentido? Díganme si no es crueldad pura”.
La salida
Buscar un camino para reconstruir lazos humanos y poder salir del pozo es la tarea. Mientras que para algunos hay que empezar por arriba otros piensan que es desde abajo. Para Facundo Manes, médico neurólogo creador del Instituto de Neurología Cognitiva y ex diputado nacional, los problemas mentales tienen que ver con una crisis global post pandemia cuyos impactos se van a extender por décadas. Para el neurocientífico la “argentina está rota”.
“En una sociedad que no llega a fin de mes, donde no alcanza la guita, donde hay corrupción, donde los que tienen poder tienen ventajas, un presidente con un discurso violento agita, agota más a la sociedad. Esto lo vemos también en Trump. En Estados Unidos hay datos de que el discurso violento y divisivo de Trump afecta la salud mental de los americanos. Y esto se puede traspolar a la Argentina. Cuando la sociedad empiece a entender que se estresa o está angustiada por Milei, Milei va a perder más votos que por su plan económico”, dijo en una entrevista televisiva con Jorge Fontevecchia.
Para el ex ministro Gollán es la hora de unirse detrás de una propuesta transformadora. “Tenemos que estar todos juntos con nuestras diferencias para poder rescatar este país. Desde el movimiento sanitario estamos invitando a todos y a todas a conformar este enorme colectivo que va a estar escribiendo participativamente lo que vamos a hacer a partir de 2027. Tiene que ser un programa federal y estar todas las organizaciones que pensamos en la salud como derecho, con la gente, escuchando. No tanto hablando, escuchando. Es la hora de los pueblos, otra vez”, vaticinó.
Publicado en el semanario El Eslabón del 9/5/26
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